POLÉMICA LEGAL

Operadores judiciales discrepan sobre alcance de legítima defensa

Propietario de estación de servicio disparó contra rapiñero y fue preso por homicidio.

La fiscal de Canelones, Mónica Castro, dijo que el empresario acusado de homicidio reconoció en todos los términos su responsabilidad. Foto: Marcelo Bonjour
La fiscal de Canelones, Mónica Castro, dijo que el empresario acusado de homicidio reconoció en todos los términos su responsabilidad. Foto: Marcelo Bonjour

El caso generó consternación en Canelones. En la noche del 11 de octubre de 2018, dos rapiñeros atracaron una estación de servicios de Canelón Chico.

Al percatarse de la situación, el propietario, que estaba cerca de la pista, fue a su casa contigua y tomó una escopeta. Se parapetó y gritó a los rapiñeros: “Suelten la caja registradora”. Luego disparó. Los perdigones impactaron en el pecho de uno de los delincuentes destrozándole el corazón. El otro huyó.

La defensa particular del empresario y la fiscal del caso, Mónica Castro, acordaron un juicio abreviado. La fiscal Castro, entendió que no hubo agresión por parte de los rapiñeros hacia el empresario, ya que se estaban retirando del lugar cuando este disparó.

El hombre fue encarcelado. Purgará una pena de prisión de un año y un mes y tres años y cinco meses de libertad vigilada. Se le imputó un delito de homicidio a título de dolo eventual (intencional) con un delito de porte y tenencia de armas.

Involuntarias víctimas

El abogado Amadeo Otatti, exprofesor emérito de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay, envió una carta a El País donde detalla su opinión sobre la legítima defensa.

El artículo 26 del Código Penal establece las condiciones para que no se acuse a una persona que se defiende de un ilícito. “Se hallan exentos de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño, y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”.

Otatti ejerció la profesión de abogado en materia penal durante casi medio siglo, donde debió intervenir en muchos casos de legítima defensa y paralelamente fue docente universitario de Derecho Penal.

“He podido advertir que jueces y fiscales suelen hacer una lectura incompleta de los elementos habilitantes de esta eximente (de responsabilidad penal), lo que restringe erróneamente su ámbito de aplicación. Que es lo que precisamente parece haber ocurrido en esta oportunidad”, dice el penalista en alusión al caso de la rapiña y posterior muerte de un delincuente ocurrida en la estación de servicio de Canelón Chico.

En la práctica, según Otatti, queda comprobada la existencia de una “agresión ilegítima” contra una persona por parte de delincuentes y, al analizar la consiguiente respuesta o reacción de la víctima, solo se toma en consideración si fue “para repeler” a esa agresión sin advertir que, conforme a esa misma fórmula legal, ella pudo también ser empleada para “impedir el daño” económico causado por la rapiña.

Y entiende Otatti que dicho daño se habría consumado si el delincuente ultimado se fugaba con el botín de la rapiña que probablemente fue el producto de una dura jornada de trabajo.

Por ello, sostiene el penalista, la fiscal Castro pudo perfectamente haber considerado que el causante de la muerte había actuado en legítima defensa, y que en consecuencia no había cometido delito alguno (incluso hasta pudo haber entendido que el indagado actuó en defensa de terceros).

Balacera: la Policía Científica trabajó en una escena del hecho. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: archivo El País/Fernando Ponzetto.

“Por cuanto, según ella misma declaró, el rapiñero ultimado se retiraba apuntando con su arma a un pistero”, recuerda Otatti.

Y remarca que, en épocas como las actuales, en las que la sociedad uruguaya aparece “absolutamente inerme” frente al “creciente auge” de una delincuencia “cada vez más despiadada” parece oportuno reclamar, que quienes deben impartir justicia, “utilicen con la mayor amplitud las normas jurídicas que tienen a su alcance”.

De ese modo, agrega, podrán medir con una vara menos rigurosa a quienes siendo involuntarias víctimas de un delito violento, no tienen otra alternativa que defenderse por sí mismos, y del modo a que pueden atinar con su “raciocinio drásticamente conculcado” por la “imprevista e injusta situación” que han tenido que afrontar.

El abogado penalista Juan Fagúndez tiene otra opinión. “No configura legítima defensa lo que hizo el empresario. Los delincuentes estaban en situación de fuga. La clave de la legítima defensa es que la vida de la persona que reacciona o de terceros están en riesgo”, afirmó a El País. E insiste: “Si el rapiñero se está fugando -como ocurrió en este caso- no corría peligro la vida de nadie”.

Fagúndez sostiene que tratar de impedir un daño económico no habilita a matar y agrega que tal extremo no es uno de los requisitos para que se configure la legítima defensa.

“Muy distinto es si el delincuente no se fuga, se oculta y le apunta al empresario. Ahí hay una clara actitud de violencia hacia la persona que está apuntando y es muy probable que le tire”, dice el penalista.

La fiscal Castro advierte que no se dio la pauta de legítima defensa porque los rapiñeros no se enteraron que había una tercera persona en el lugar y no solo los dos pisteros. Y agrega: “La legítima defensa refiere a valores fundamentales como la vida y no solo económicos. No es que el empresario estaba parado en su negocio y entraron los rapiñeros. Y él sacó una escopeta para defenderse. No fue esa la situación”.

ADEMÁS

Puntos de vista

Mónica Castro (fiscal del caso): “La sociedad no puede estar dividida entre buenos que trabajan y malos que atacan. Entonces fomentaremos que personas compren armas y hagan justicia por mano propia. Y no estoy a favor de asaltantes. Acá se perdió una vida de una persona”.

Amadeo Otatti (exprofesor de derecho penal): “He advertido que jueces y fiscales suelen hacer una lectura incompleta de los elementos habilitantes de esta eximente (legítima defensa), lo que restringe erróneamente su ámbito de aplicación. Que es lo que parece haber ocurrido en este caso”.

Juan Fagúndez (abogado penalista):
“Si es para impedir un daño económico, no se puede atacar. El disparo es solo para defenderse cuando hay riesgo de vida propio o de otras personas. Si ello no ocurre, la víctima puede seguirlo en un auto, llamar a la Policía. Pero no disparar”.

Ojeda contra el ministro

El abogado penalista Andrés Ojeda le salió al cruce del ministro del Interior Eduardo Bonomi y sostuvo que este “no puede justificar el aumento de los homicidios en el nuevo CPP porque -en los hechos- no hay formalizaciones sin prisión preventiva por estos delitos, al igual que con el código anterior (...) Entonces lo arregla fácil, pasa todo por ajuste de cuentas, como si eso Homicidios no importaran. Su razonamiento no solo es equivocado, es burdo y simplista”, sostuvo.

Para Ojeda, “si bien nunca tuvo argumento científico para sostener que el supuesto aumento de los delitos se debió al nuevo código, con los Homicidios aún menos, porque -en los hechos- todas las formalizaciones son con prisión, igual que pasaba con el viejo Código”.

Finalmente, el abogado dijo tener “serias dudas de que las rapiñas hayan “aumentado” a partir de la entrada en vigencia del nuevo CPP, yo creo que nunca habían bajado como decía el ministro”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)