SEGURIDAD NACIONAL

Oficialismo "cajonea" la ley antiterrorista del Ejecutivo

Gobierno sostiene que pone al país en sintonía con resoluciones de ONU.

Preparación: una unidad del Ejército se ha especializado en el combate táctico antiterrorista. Foto: Darwin Borrelli
Preparación: una unidad del Ejército se ha especializado en el combate táctico antiterrorista. Foto: Darwin Borrelli

El proyecto de ley integral antiterrorista duerme el sueño "de los justos" desde hace más de un año. Algunos de sus artículos pueden dar lugar a la polémica a la interna de los sectores más "duros" del oficialismo, lo que explicaría el persistente cajoneo que ha sufrido la iniciativa del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley, remitido en noviembre de 2016, se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado donde no ha llegado a considerarse, según informaron a El País fuentes legislativas. Un pedido de senadores de la oposición para que el documento pasara a la Comisión de Defensa "donde podría tener un tratamiento más rápido", señalaron las fuentes, también fue desestimado por el oficialismo.

El proyecto pretende poner al país en sintonía con las legislaciones que han venido adoptando distintos países en materia de terrorismo, sobre todo en la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, rige una norma de esta naturaleza desde 2011. Brasil aprobó una ley semejante en 2016, en medio de la severa crisis política que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff.

El Poder Ejecutivo, en su exposición de motivos, luego de señalar que este es "un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años", describe la forma en que estas organizaciones se mueven. "Estos grupos se aprovechan igualmente de la existencia de zonas que escapan al control de las autoridades públicas, utilizando refugios seguros para organizarse, entrenarse y preparar ataques tanto en el Estado en el que se hallan como en otras partes del mundo", señala en sus consideraciones.

El articulado crea distintas figuras penales, establece mecanismos de acción contra el financiamiento —uno de los capítulos que ha despertado más polémica—, crea mecanismos especiales de investigación e inteligencia, así como un sistema de protección de testigos. Algunos aspectos de esta legislación han sido materia de profundos debates en aquellos países que la han adoptado. Esto ocurrió sobre todo en Europa, donde la irrupción de los atentados terminó por laudar las discusiones.

Los delitos.

El literal A del proyecto describe los actos que se considerarán como delitos de terrorismo. La toma de rehenes intencionada; el poner en peligro la libertad de las personas; causar la muerte o lesiones graves o gravísimas; causar daños graves al medioambiente y/o a bienes públicos o privados; posesión de material radioactivo, fabricación, posesión o utilización; poner en peligro la seguridad de una aeronave o buque, o de personas o bienes a bordo; apoderarse de una plataforma fija o ejercer el control de la misma mediante violencia; uso de tecnologías para afectar o dañar bancos de datos, servicios vitales.

Todos estos delitos, empero, "no se aplicarán a la conducta individual o colectiva de personas en manifestaciones políticas, movimientos sociales, sindicales, religiosas o de cualquier asociación profesional", señala la iniciativa.

"El que cometiere alguno de los actos enunciados en el presente artículo será castigado con seis a veinticinco años de penitenciaría", expresa. Y al mismo tiempo agrega que "la conspiración y los actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado", precisa.

También se establecen circunstancias agravantes que llevarán la pena de quince a treinta años de penitenciaría descritos en siete literales. Que el autor, coautor o cómplice pertenezca a las fuerzas de seguridad del Estado; que atentare contra la vida, la integridad o la libertad del presidente de la República, jerarcas u otras autoridades de los tres poderes del Estado, entre otros puntos.

El capítulo de financiación del terrorismo es uno de los más complejos. La sanción penal prevista por el proyecto alcanza a personas que en distinto grado facilitaran de algún modo la recolección de fondos destinados a grupos terroristas. Este delito se sancionaría con una pena de cuatro a dieciocho años de penitenciaría.

Asimismo, se prevén los delitos de reclutamiento para grupos terroristas; combatientes terroristas que viajen a otros países para entrenarse o planificar y preparar actos terroristas; incitación para el que públicamente llame a cometer actos terroristas; facilitación que favorezca a miembros del grupo; falsificación de documentos de identidad y, por último, establece para el Estado la facultad de denegar refugio a personas vinculadas a estos grupos.

El proyecto prevé crear "una coordinación horizontal" entre los organismos involucrados en la lucha antiterrorista. Al mismo tiempo establece una serie de mecanismos especiales de investigación (ver columna aparte), con figuras que ya han sido materia de polémica como el agente encubierto.

"Cuando se presentó el proyecto de ley integral de lavado de activos, se planteó también un proyecto integral contra el terrorismo y su financiamiento. Son las dos claves para la evaluación de 2019. El que está pendiente, que es el de terrorismo y financiamiento, nos pone al día con todos los estándares internacionales, con todas las resoluciones de ONU en la materia. Esa ley se elaboró con un grupo de sesenta personas de todo el Estado. Necesitamos su apoyo para que este año sea aprobada", dijo por su parte Daniel Espinosa, director de la Secretaría Nacional Antilavado en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de Diputados. Sin embargo, las mismas diferencias ideológicas que parecen estar "durmiendo" otros proyectos como el del TLC con Chile, también trancan este proyecto, señalaron fuentes legislativas.

PUNTOS POLÉMICOS DEL PROYECTO

Operación de Entrega vigilada

"Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el tribunal penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, explosivos, sustancias nucleares, etc.", establece el Artículo 37 del proyecto.

Medios de vigilancia electrónica

"En la investigación de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley se podrán utilizar todos los medios tecnológicos", establece el Artículo 38. La utilización de estos medios se hará bajo requerimiento del Ministerio Público, en tanto la recolección de la prueba se hará bajo la supervisión del tribunal penal competente.

El uso de agentes encubiertos

"A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar los delitos previstos en la presente ley" se podrá designar agentes encubiertos. "La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables", establece el proyecto en uno de los artículos que más polémica ha despertado.

El uso del delator en un caso

"El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en alguno de los delitos previstos en la presente ley, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo, o a no formular requisitoria (...)", si la persona se convierte en colaborador.

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