SITUACIÓN

Unas 10 obras para regularizar o desalojar algunos asentamientos de Montevideo están actualmente paradas.

Se trata de obras que se ejecutan a partir de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la intendencia capitalina. La IMM se encarga de hacer la gestión de las obras, que incluye realizar las licitaciones y responsabilizarse por todo lo vinculado al terreno. El MVOT, en tanto, se ocupa de la financiación de cada obra y aporta fundamentalmente los recursos económicos.

Según dijo a El País el director de Tierras y Hábitat de la IMM, Sebastián Moreno, en los casos de las obras detenidas el MVOT le solicitó a la intendencia la detención por “asuntos financieros del ministerio”.

En los convenios se especifica que a medida que la intendencia avanza en la obra, el Ministerio de Vivienda debe ir desembolsando partes del monto total.

“En este momento hay algunos lugares en donde no se arrancó la obra porque el ministerio nos dijo que no tenía la plata para seguir”, aseguró Moreno.

El hecho salió a la luz a partir de un pedido de informe que los ediles frenteamplistas de la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental realizaron a la intendencia, con el objetivo de conocer los motivos de la detención de una decena de obras de desalojo y regularización.

Según Nicolás Lasa, edil por el Frente Amplio, son los barrios “más humildes y vulnerables los que sufren las consecuencias de esto”. “El gobierno está jugando con las expectativas de vecinos que muchas veces están viviendo en condiciones insalubres” en los asentamientos, y esperan mudarse a un lugar mejor, consideró Lasa.

Además, los ediles advierten que puede haber problemas legales con las empresas constructoras que “ya obtuvieron su licitación, pero ven detenido su trabajo”.

En este sentido, el director de Tierra y Hábitat aclaró que el MVOT realiza el financiamiento “pero el contrato lo tiene la intendencia”. De todas maneras, “jurídicamente está el convenio firmado y en última instancia la responsabilidad es del ministerio”.

El pedido de informes se realizó a la intendencia y no al ministerio porque la comuna tiene la obligación de responderles. Según el edil, cada vez que se comunicaban con la intendencia para ver qué pasaba con las obras, desde allí se les informaba que “paraban por orden del ministerio”.

El País intentó sin éxito comunicarse con autoridades del MVOT.