Proyecto polémico

Objeciones a la planta de UPM

La proyectada planta de UPM en Durazno será mucho más grande que la de Fray Bentos. Pero hay quienes la cuestionan.

Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

En noviembre de 2017 el Estado uruguayo y la multinacional UPM firmaron un extenso contrato con el que la compañía finlandesa pretende asegurarse las condiciones para comenzar la construcción de su segunda planta en Uruguay cerca de Centenario, Durazno. Se trata de una enorme inversión a la que el gobierno apuesta fuertemente para que sea un factor de dinamización de una zona deprimida del país. El gobierno se apresta a adjudicar la reparación de las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo, necesaria para que se pueda llevar al puerto de capitalino la celulosa que se exportará. Pero hay también un fuerte activismo contra el emprendimiento.

Varios grupos ambientalistas, reunidos bajo el nombre de "UPM 2 no", presentarán un escrito este lunes al presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, en el que plantean que el acuerdo contiene inconstitucionalidades por lo que la cámara debería aplicar el artículo 93 de la Constitución. La petición fue firmada por activistas el sábado pasado en el club Atenas.

El artículo 93 establece que "compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa". Las objeciones ambientales, jurídicas y económicas son varias.

Cuestionan secretismo del acuerdo
Sostienen que se asumen compromisos excesivos
Firma del acuerdo entre el gobierno y UPM. Foto: Presidencia

El documento dice que "los términos del acuerdo fueron negociados en forma reservada" y que por ellos "el Poder Ejecutivo compromete al Estado y al país en términos y en materias que exceden notoriamente sus facultades constitucionales e invaden las competencias de otros poderes y organismos del Estado, configurándose así una situación de abierta transgresión de la Constitución", por lo que se debe acusar al presidente ante la Cámara de Senadores

No es una irregularidad pasajera

Se asumen deberes durante varias décadas

Los activistas advierten que si UPM toma finalmente la decisión de invertir, los efectos de los compromisos asumidos por el Estado pueden llegar a extenderse 50 años "por lo que los compromisos institucionales asumidos (...) no se reducirán a una irregularidad pasajera, limitada a un período de gobierno, sino que constituirán un estado permanente de irregularidad que condicionará a los futuros gobiernos nacionales, legislaturas, gobiernos departamentales, integraciones del Poder Judicial y direcciones de entes y servicios descentralizados del Estado, sean cuales sean los partidos políticos que accedan al gobierno", señalan.

Toda la ganancia sería para un privado

El Estado hace obras y concede exoneraciones

Uruguay se compromete a hacer inversiones y a tomar medidas (reparación de vías férreas, un viaducto, expropiación de cientos de inmuebles, adjudicará una terminal portuaria y reforzará carreteras y puentes) antes de que UPM decida si construye la planta en cuyas utilidades el Estado no participará y que se beneficiará de exoneraciones, dicen los críticos. Denuncian que UPM recibirá una zona franca, el uso gratis del agua del río Negro, la utilización preferente de vías y venderá electricidad a precio prefijado.

Poco impacto en puestos de trabajo
Se crearían unos pocos cientos de empleos
Vías para UPM

El análisis estrictamente económico tampoco da resultados positivos, consideran los ambientalistas. El gobierno cree que se generarán 8.000 puestos de trabajo en una zona poco dinámica del país. Los ambientalistas sostienen que una vez instalada la planta generará solamente unos 500 empleos estables y que el Estado habrá invertido para entonces miles de millones de dólares. "Respecto al pretendido aumento del PIB, como la planta operará en régimen de zona franca, con inusuales exoneraciones tributarias, y recibirá del Estado pagos prefijados como precio de la energía eléctrica, el aumento del PIB no se traducirá en ingresos reales para la gente", creen.

El río Negro y el embalse de Bonete serán afectados

Críticas al caudal mínimo que pide UPM en el río.

Los ambientalistas creen que la intención de UTE de incrementar en algunos momentos del año el nivel del embalse de Rincón del Bonete se vincula con la necesidad de tener más agua para diluir los efluentes de la planta de UPM en Durazno (aunque ahora la ministra de Industria, Carolina Cosse, puso en el "congelador" esa idea). Advierten que UPM pretende un caudal de 65 metros cúbicos por segundo equivalentes al consumo diario de agua de 44 millones de personas. Y que las acciones de compensación que ofrece UPM (obras de saneamiento) son insuficientes.

El país queda expuesto a arbitrajes internacionales

Critican que haya un marco laboral específico para UPM.

Si UPM toma la decisión final de invertir se deberá firmar otro contrato complementario. Sus normas no podrán ser modificadas en contra la voluntad de la empresa ni siquiera por ley sin exponer al país a la posibilidad de demandas indemnizatorias, conforme al régimen de solución de controversias que le permite a UPM someter el litigio a tribunales extranacionales de arbitraje. También se da una renuncia a la potestad legislativa al haberse definido que el emprendimiento de UPM tendrá un marco laboral específico, dicen los activistas.

El tren también es objetado por los activistas
Preocupación en Florida, Canelones y Montevideo
Inversión: la adecuación de las vías férreas es fundamental para que UPM decida levantar su segunda planta de celulosa en el país. Foto: Darwin Borrelli.

Cuando los trenes con la carga de UPM comiencen a venir a Montevideo lo harán a mayor velocidad de la que tienen los ferrocarriles que hoy entran a la ciudad y con más frecuencia. La comisión de Transporte de la Cámara de Representantes recibirá el miércoles a vecinos de Capurro y otros barrios, preocupados porque la vía pasará a escasos metros de sus casas y están previstas excavaciones. Hay, por ejemplo, preocupación también por cómo afectarán las vibraciones a los pacientes de dos centros de asistencia médica en Las Piedras.

Rebaten que vaya a mejorar la infraestructura

Sostienen que eso no ocurrió con la primera planta.

Los objetores del contrato recuerdan que cuando se instaló la primera planta sus impulsores sostenían que habría una modernización en el ferrocarril, las rutas y en la infraestructura portuaria. Argumentan también que eso no sucedió y que entonces se decía que compradores locales podrían absorber hasta un 15% de la celulosa para fabricar cartón, papel o similares. El contrato firmado ahora con UPM establece expresamente que toda la celulosa será exportada, por lo que no se destinaría nada a la industria papelera local.

Desmienten un beneficio ambiental

Las plantas utilizan combustible fósil para funcionar.

Los ambientalistas son escépticos respecto a que la nueva planta vaya a incrementar la producción de energía "limpia" en un 10%, como sostiene UPM. La planta de celulosa de UPM en Fray Bentos y la de Montes del Plata compran fueloil a Ancap a un precio bonificado y luego venden a UTE un excedente de electricidad generado con los desechos de la madera procesada. Dicen que cuando se hace la equivalencia entre el fueloil consumido y la energía generada con biomasa surge que las plantas consumen más energía fósil que la que venden de electricidad. No habría entonces un beneficio ambiental.

UPM recuperaría inversión en tres años
El costo de las obras aumentará la deuda pública.
UPM en Finlandia. Foto: Pablo Fernández

Los activistas contra la planta dicen que UPM invertirá US$ 2.480 millones y que el gobierno sostuvo inicialmente que invertiría US$ 4.000 millones para generar una corriente de opinión favorable. Por otro lado, calculan la inversión total del Estado US$ 3.900 millones. En función de los costos de producción de la celulosa, aseguran que UPM recuperará su inversión en tres años y que por cada dólar que traiga se llevará cinco. Y que recibirá un subsidio encubierto de US$ 1.450 millones por la venta de energía eléctrica a un precio fijo aunque esta no sea necesaria para UTE. A estos montos se sumarán los que se requieran para reforzar la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

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