ATÍPICO RELEVO DE AUTORIDADES MUNICIPALES

Los nuevos intendentes dispondrán de su presupuesto recién a finales de 2021

La extensión de los mandatos de los actuales intendentes por a la pandema de COVID-19 impedirá que los nuevos jefes comunales cuenten con un presupuesto propio en los plazos habituales.

Los intendentes que emergen de las elecciones de hoy tienen por delante un camino bastante complejo. Foto: Fernando Ponzetto
Los intendentes que emergen de las elecciones de hoy tienen por delante un camino bastante complejo. Foto: Fernando Ponzetto

La particularidad de las modificaciones obligadas en el calendario electoral como consecuencia de la emergencia sanitaria, genera dificultades institucionales muy significativas y cambios importantes en la planificación económico-financiera de las 19 intendencias del país.

Los intendentes asumirán el 27 de noviembre (60 días después de la elección) y en algo más de un mes, se encontrarán con el cierre del ejercicio 2020. De esa forma, el 1° de enero 2021 no tendrán un nuevo presupuesto aprobado, sino que contarán con que la administración saliente “cargue” el mismo presupuesto de 2020 para poder funcionar. En paralelo, el proceso para contar con un nuevo presupuesto que refleje las aspiraciones del intendente electo recién estará disponible en el último trimestre del año.

Nuevo diseño.

Desde la reforma constitucional de 1996, quedó planteada una dificultad estructural con la separación de las elecciones departamentales de las nacionales; con el nuevo calendario, una vez electos los intendentes tienen dos meses y medio hasta la fecha de vencimiento constitucional del plazo de negociación de los artículos del Presupuesto Quinquenal que afectan a los gobiernos departamentales en temas financieros. El 31 de julio es la fecha límite, cada cinco años, para negociar entre el Congreso de Intendentes y el gobierno nacional a través de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en busca de un acuerdo que luego debe ser remitido al Parlamento, a fines de agosto. El tiempo para que los nuevos intendentes armen sus equipos, analicen la situación, negocien con sus pares y definan cómo negociar con el gobierno central es extremadamente reducido. Esto, que ya resulta escabroso, según los intendentes, para esta oportunidad se vuelve mucho más complicado.

El politólogo Abel Oroño, integrante del Instituto de Formación y Estudios de Gobiernos Subnacionales del Congreso de Intendentes detalla el nuevo proceso: “En esta ocasión, el acuerdo entre OPP y el Congreso de Intendentes debió hacerse sin saber quiénes serían los nuevos jefes comunales, referentes políticos sin inserción institucional, que por tanto debieron seguir desde afuera las negociaciones totalmente atípicas”. Es que en la negociación participaron los intendentes salientes y sus equipos, que negocian en otras condiciones diferentes a quienes resulten electos, “y todo esto con un cambio de gobierno nacional que de por sí trae modificaciones a la hora de negociar”, apuntó el especialista.

José Luis Falero, exintendente de San José y actual subdirector de OPP, coincide con el carácter atípico del año, pero destaca que el Congreso de Intendentes había creado, en el período anterior, un instituto técnico “que permitió tener un abordaje presupuestal con asesoramiento profesional y que ayudó en que llegáramos a un acuerdo” con las intendencias. Destacó también que varios candidatos, de distintos partidos, se reunieron con OPP y formaron parte, en paralelo, de la marcha de las negociaciones. De allí surgen las bases para las transferencias financieras que por diferentes canales llegan a cada Intendencia, desde el Presupuesto Nacional. Dichas transferencias son sustantivas para algunas intendencias; el caso más marcado es el de Treinta y Tres, donde las transferencias representan el 66% de su presupuesto total; Cerro Largo y Flores, entre otros, también están por encima del 50% de su presupuesto dependiente de las finanzas que transfiere el gobierno central.

En el otro extremo se ubican Montevideo (10%), Maldonado (17%) o Canelones (26%).

Sin presupuesto.

Pero ese no es el único problema: los nuevos intendentes no contarán con recursos “propios” hasta octubre del año próximo. Recordemos que los nuevos intendentes asumirán 60 días después de la elección, o sea el 27 de noviembre; a partir de allí, tendrán seis meses (hasta el 27 de mayo) para presentar su proyecto de presupuesto ante las respectivas juntas departamentales. Los nuevos recursos estarán disponibles, discusión de los legislativos comunales mediante, para el último trimestre del año.

¿Cómo funcionarán entonces a partir de enero 2021? La disposición constitucional para un escenario como el actual es reiterar el presupuesto anterior.

“Por tanto, los nuevos gobiernos departamentales deberán tomar decisiones sin presupuesto propio -explica Oroño- y eso llevará a que existan centenares de observaciones del Tribunal de Cuentas, dado que no hay rubros previstos para decisiones que seguramente querrá tomar el nuevo jefe comunal”.

El Congreso de Intendentes viene negociando con el gobierno las partidas para las comunas. Foto: Francisco Flores
El Congreso de Intendentes. Foto: Francisco Flores (Archivo)

En concreto, recién en el último trimestre de 2021 el presupuesto tendrá los valores que el nuevo gobierno pretenda para el ejercicio de su administración. En la práctica, no habrá cinco años, ni cuatro, sino tres y unos meses, con presupuesto propio.

Los municipios.

A su vez, estas dificultades se trasladarán al tercer nivel de gobierno aunque en este caso, habrá un agravante: la reducción de las partidas.

Las partidas del fondo de incentivo para la gestión de los municipios, que llegan desde el Poder Ejecutivo vía intendencias, tendrán una reducción en 2021. De los $ 1.400 millones que se distribuyeron entre los 112 municipios en el período anterior, ahora serán 1.000 millones, para 125 municipios, según resolvió el gobierno. José Luis Falero, subdirector de OPP, advirtió que la reducción es frente al último año del ejercicio anterior, pero que en el quinquenio hay un incremento para los municipios.

A su vez, las partidas para las intendencias, si bien tienen cambios, en términos globales para 2021 se mantienen en montos aproximados a los del período anterior. Falero asegura que, en términos globales, las partidas aumentarán en el quinquenio, un 36% en valores constantes. “Se resolvió apostar a la inversión y es por eso que hubo un aumento en los programas de caminería rural”, entre otros.

Entre las partidas que bajaron está la eliminación del Fondo Metropolitano que recibían Montevideo y Canelones; “para 2022 ese fondo pasará a ser destinado a eliminar asimetrías entre las intendencias”, explicó.

Créditos y contratos.

Otro factor de problemas adicionales asociados al cambio de fecha son los créditos solicitados por las intendencias; esos créditos deben ser votados por la Junta Departamental. Si el vencimiento de dicho crédito es dentro del período de gobierno, se necesitan 16 votos, si el vencimiento excede el término del período, requiere mayoría especial (dos tercios, 21 ediles). Algunos créditos establecieron una fecha e término, otros solo dicen “hasta el final del período”. El problema es que el final del período se postergó; eso ha obligado a abrir nuevas negociaciones con los bancos.

De la misma forma, los contratos laborales a término se vieron alterados; en algunos casos, con un período extra, extendiendo contratos. En otros, sin partidas para cubrir ese costo.

Situación financiera.

Con estas condiciones los gobiernos departamentales deberán afrontar el inicio de un nuevo período, en el que en muchos casos tendrán por delante refinanciación de deudas y escasas posibilidades de incorporar inversiones, por lo menos hasta el próximo año.

Todo esto ocurre, además, en un contexto deficitario para buena parte de las intendencias. El cierre del ejercicio 2019 mostró 12 comunas con números rojos, cuando en 2019 habían sido tan solo cinco y en 2017, diez. Artigas, Paysandú y Cerro Largo repiten los tres años con saldo negativo, mientras que Tacuarembó, Durazno, Flores, Canelones y Lavalleja han arrojado una diferencia positiva entre ingresos y egresos para los tres últimos años conocidos.

Baja recaudación y gastos extra por coronavirus
Patente: unas 11.600 personas podrían firmar convenios aún según los datos del Sucive. Foto: Marcelo Bonjour

Este año atípico, donde la recaudación de las intendencias muestra caídas significativas en todos sus rubros, también obligó a los gobiernos municipales a destinar recursos extra para afrontar la pandemia, con gastos importantes no presupuestados en alimentos, salud e higiene.

Según el politólogo Abel Oroño, entre marzo y julio las 19 intendencias en conjunto destinaron a esas contingencias 2.500 millones de pesos. “Eso no sale del Fondo Covid. Hay negociaciones en curso por eventuales contribuciones del gobierno nacional a los gobiernos departamentales, pero por el momento no existe acuerdo”, dijo.

Los principales ingresos departamentales corresponden a patente de rodados (vía Sucive), contribución inmobiliaria, el impuesto general municipal y la contribución rural. La incidencia de estos impuestos en el total de la recaudación no es homogénea; en términos generales, los dos primeros rubros mencionados representan la mitad de lo recaudado; sin embargo, la contribución rural es proporcionalmente más alta en algunos departamentos, caso Río Negro o Florida, mientras la urbana resulta holgadamente la más importante en departamentos como Montevideo, Canelones o Maldonado. Al mismo tiempo, hay departamentos como Colonia, San José o Flores, donde históricamente el peso de la patente tiene especial incidencia en el total de los ingresos.

Pero más allá de cuál de los rubros sea el de mayor recaudación, el incremento de la morosidad es una constante este año en todos los rubros.

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