NUEVA POLÉMICA DIPLOMÁTICA

Nin Novoa: trío de secuestradores paraguayos salió de Uruguay por una resolución judicial

Paraguay condenó ayer el “otorgamiento indebido” del estatuto de refugiados a tres personas de esa nacionalidad que se encontraban detenidos en Uruguay -acusados en su país de, entre otras cosas, iniciar la “industria de los secuestros”.

Canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa. Foto: Francisco Flores
Tras un duro comunicado de la cancillería paraguaya, Nin Novoa dijo que el Poder Ejecutivo no tuvo responsabilidad. Foto: Francisco Flores.

El gobierno de la República del Paraguay condenó ayer el “otorgamiento indebido” del estatuto de refugiados a tres paraguayos que se encontraban detenidos en Uruguay -acusados en su país de entre otras cosas iniciar la “industria de los secuestros”-, así como “las facilidades otorgadas a los mismos para asegurar su huida” hacia Finlandia.

La jueza uruguaya que aprobó la petición de refugio, Blanca Rieiro, dijo ayer a El País que la sentencia es del 27 de setiembre, con lo cual el gobierno paraguayo tuvo tiempo suficiente para estar informado de la misma. Sin embargo, el abogado uruguayo contratado por Paraguay para hacer la extradición de los prófugos, Enrique Falco, aseguró a El País que se enteró del fallo por un e-mail en la mañana de ayer, cuando Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán ya se encontraban en el aeropuerto de Carrasco.

Los tres abandonaron el país rumbo a Helsinki e hicieron escala en Madrid usando documentos provistos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según algunas versiones de la prensa paraguaya, también portan al menos una cédula de identidad finlandesa que habrían obtenido en Uruguay

“Lo que pasa es que la Fiscalía había interpelado y después renunció al recurso. Entonces, se les notifica a ellos cuando la sentencia queda firme, lo cual ocurrió el pasado lunes”, explicó Rieiro.

Dado que la jueza entendió -luego de haber recibido información de la Comisión de Refugiados de Uruguay (Core)- que había “temores fundados” de que si los hombres eran extraditados a Paraguay “no iban a tener las garantías” necesarias y que eventualmente podían sufrir “apremios físicos”, decidió concederles el refugio en Uruguay.

Duro comunicado de la cancillería de Paraguay

“Los señores Arrom, Martí y Colmán son prófugos de la justicia paraguaya desde el año 2003, procesados por la comisión de crímenes de secuestro extorsivo, asociación criminal, privación arbitraria de libertad y daño a la integridad física y moral”, señala el comunicado emitido ayer por la Cancillería de Paraguay.

Y agrega: “El gobierno lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas en la persecusión (sic) del crimen transnacional, más aún tras la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual quedó patente que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos por parte del Estado paraguayo”.

“Uruguay, como Estado Parte del Pacto de San José de Costa Rica, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por ende, debería haber tenido en cuenta los hallazgos de dicho Tribunal que demuestran fehacientemente que en este caso no hubo persecusión (sic) política alguna, ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos de la justicia paraguaya estén en peligro de ser conculcados”.

Cancillería paraguaya. Foto: Twitter @mreparaguay
Cancillería paraguaya. Foto: Twitter @mreparaguay

"Complicidad" en la fuga

A nivel político, en Paraguay los comentarios críticos hacia nuestro país fueron constantes durante toda la jornada de ayer. El diputado Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), consideró “una falta total de respeto lo que pasó en Uruguay”.

Por su parte el presidente del Congreso, Blas Llano, opinó que el abogado contratado por Paraguay en Uruguay (Enrique Falco, quien actuó en este caso junto a Álvaro Garcé), “falló” al no comunicar en tiempo la resolución judicial. La senadora colorada Lilian Samaniego fue más lejos y dijo que el gobierno uruguayo fue “cómplice” de la fuga de tres peligrosos delincuentes y que nuestro país “apoyó” el proceso que terminó con los tres paraguayos en Finlandia.

Entre otras cosas, Arrom, Martí y Colmán eran reclamados por la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de una fuerte suma de dinero.

"Poderes independientes".

Ayer, el gobierno paraguayo convocó al embajador de Uruguay en Asunción, Federico Perazza, “a efectos de que brinde explicaciones por la conducta adoptada por su gobierno”. Y llamó “a consultas” al embajador de Paraguay ante Uruguay, Rogelio Benítez, “en protesta por las decisiones del gobierno uruguayo en el caso”.

Mientras el asunto era tema de portada en todos los medios de prensa del Paraguay, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo en rueda de prensa en Montevideo que se trata de un asunto “únicamente judicial”. Y recordó que los tres poderes en nuestro país son independientes.

“La Justicia le dio refugio y las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), les consiguió un pasaporte a Finlandia. Así que el Poder Ejecutivo uruguayo no tiene absolutamente nada que ver”, destacó el ministro.

También señaló que no comparte el comunicado emitido ayer por la cancillería de Paraguay.

Una foto en Carrasco.

El fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, dijo a El País que la noticia de que los prófugos se iban del Uruguay le llegó a través de “un fotógrafo que se encontraba en el aeropuerto de Carrasco que tenía un amigo paraguayo y que sacó la fotografía”.

“Esa fue la forma en la que la República del Paraguay se enteró de la protección internacional que le estaba brindando de manera totalmente ilegal las autoridades uruguayas a estos criminales”, sentenció.

El fiscal explicó que pese a que intentó comunicarse con la jueza Rieiro “nunca dio oportunidad para que hablaran con ella ni a los abogados uruguayos que contrató Paraguay”.

“Es un esquema de sigilo y secreto absoluto del refugio que yo entiendo, porque tiene una pena incluso en Uruguay, pero tampoco sobre la base de esa cuestión muy particular de la ley uruguaya pudimos tener comunicación”, agregó el funcionario del gobierno paraguayo

Secuestros y reclamos de millones de dólares

En un hecho inédito en la historia judicial del Uruguay, el ministro del interior de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, dos senadores de ese país -uno oficialista y otro de la oposición- vinculados con las víctimas y jerarcas de la Fiscalía guaraní, participaron el 28 de agosto en Montevideo de una audiencia de extradición de los tres paraguayos. Eran buscados por la justicia de su país por delitos de secuestro y por enterrar viva a una de sus víctimas hace más de 15 años

Arrom, Martí y Colmán habían huido primero de Paraguay a Brasil, donde solicitaron el estatus de refugiados políticos. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una investigación y concluyó que en Paraguay no existió ninguna persecución política hacia estos tres procesados, según dijo Villamayor a El País. “También determinó que en el proceso (contra los acusados) iniciado por la Justicia paraguaya no hubo violaciones a los derechos humanos”, agregó el ministro.

Luego de perder su estatus de refugiados en Brasil, tras la decisión de la Corte, los tres paraguayos ingresaron a territorio uruguayo, aparentemente de forma ilegal.

El viernes 23, se presentaron ante la Justicia de nuestro país para solicitar que se le retirara la orden de extradición. Sin embargo, quedaron detenidos. Días antes, a través de Interpol, Paraguay había pedido su captura internacional.

El primer secuestro ocurrió en 2001. La víctima fue María Edith Bordón de Debernardi, esposa de un empresario y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

En ese momento, el grupo de secuestradores pidió a la familia un rescate de US$ 2 millones. El cautiverio de Bordón de Debernardi duró unos 60 días y fue devuelta con vida.

Luego, reclamaron más de 50 millones de dólares, cada uno, al Paraguay, aduciendo haber sido víctimas de tortura estando en reclusión.

"Nadie podía hacer nada", dice el abogado.

Enrique Falco Iriondo, el abogado contratado por Paraguay para hacer la extradición, dijo a El País que se enteró de la resolución judicial -que dejó en libertad de acción a los paraguayos- en la mañana de ayer.

“El lunes la jueza dicta una providencia haciendo lugar a la solicitud de refugio y se deniega automáticamente la extradición. También se dispone el cese del arresto administrativo y se otorga la libertad inmediata a estas personas. Entonces se notifica a la comisión de refugiados y al país solicitante, que en este caso es Paraguay. Ahí me notifican a mí (por mail). Esto sale el lunes 7 de octubre noche y el martes de mañana me entero yo”, indicó.

“¿Qué podría yo hacer si los tipos ya estaban libres? No tenemos la misma opinión de la jueza, que entiende que no somos parte del proceso. Por eso estoy presentado una apelación”, agregó.

Falco indicó que “hay un principio de confidencialidad que establece que el Estado requerente, y cualquier otra persona, no pueden enterarse de las diligencias que se realizan en ese proceso de refugio”. Según el abogado, “no recibió ninguna información” durante ese tiempo.

“Siempre fueron refugiados”

El abogado Rubén Lisboa, defensor de Arrom, Martí y Colmán, dijo al diario ABC de Paraguay que se ha “mentido mucho” sobre la situación de sus clientes y que existe “confusión”, pues ellos “siempre tuvieron refugio político”. “Esto cambió cuando Brasil cambió su ley: perdieron injustificadamente su refugio; por eso ellos van al Uruguay”, indicó el abogado.

El defensor explicó que en Uruguay sus clientes “consiguieron de vuelta vivir en estatus de refugiados, y ahí comenzaron a hacer las gestiones con Finlandia”.

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