DEBATE

La discusión ha tenido un intenso ida y vuelta en el Parlamento, una puja de fondo protagonizada por Cabildo Abierto y el Partido Nacional, y un particular interés por parte del presidente Luis Lacalle Pou. El tema en cuestión es fácil de resumir: el reclamo de las empresas de cable del interior para que por ley se las habilite a brindar también servicio de internet a los hogares -algo prohibido por la legislación vigente- como medida de urgencia para un sector hundido en la crisis.

Pero tras varios intercambios la coalición de gobierno no logró el acuerdo. O mejor: el acuerdo fue descartar la aprobación de este beneficio en la Rendición de Cuentas, y abordarlo en la nueva ley de medios que se discute en Diputados, con el compromiso de aprobarlo antes de fin de año, por lo que la ayuda al sector se postergará al menos por varias semanas.

Ante la consulta de El País ayer por la tarde, el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, había dicho que, si esta iba a ser la definición del oficialismo, se sentía “decepcionado con todo el sistema político” ante una decisión que no le generaba otra cosa que “indignación”. “No valoran el rol fundamental que cumplimos en estos 30 años como medios libres, plurales e independientes”, había dicho.

El malestar del empresario no quedó allí y se comunicó con el primer mandatario, un claro aliado en este asunto, que a fines de agosto ya había opinado en rueda de prensa que el reclamo de CUTA era “bastante justo” y que esperaba que se introdujera “algo al respecto en la Rendición de Cuentas”.

Lacalle le respondió entonces que esperara, que todavía había chances de introducir un artículo en la rendición -que en ese momento se encontraba en plena votación en la Cámara de Senadores-, y que eso dependía de que los cabildantes estuvieran dispuesto a extender la habilitación a las empresas de cable de Montevideo. Esto no supondría ventajas competitivas para las compañías de la capital -como TCC, Nuevo Siglo y Montecable-, dijo Melo, porque estas no se disputan el mercado del resto del territorio, como sí, por ejemplo, las empresas de televisión satelital, que operan en todo el país.

Pero los cabildantes no estuvieron dispuestos. De hecho, horas antes del diálogo de Lacalle con el presidente de CUTA, el senador Guido Manini Ríos había dicho a El País que otorgar también la licencia a las empresas capitalinas era algo que en Cabildo preferían estudiar “más detenidamente”. Y hacer ese análisis detenido significa abordar el tema en la comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes. Lo cual, naturalmente, no le cae en gracia al referente del sector, quien reclamó que “hace más de un año y medio” que desde el Parlamento se promete sacar adelante la norma, sin resultado alguno. “Nosotros siempre vimos a la instancia de la Rendición de Cuentas como la gran oportunidad”, aseguró Melo.

El reclamo de CUTA lleva más de 15 años, lo que significa que la exigencia de abrir el abanico de ofertas de sus servicios fue una constante durante los gobiernos del Frente Amplio.

Solucionar este tema había sido incluso una promesa de campaña del presidente. “Hace más de 15 años que la venimos pidiendo y que nos la niegan sistemáticamente, cuando en el mundo la televisión por cable brinda también internet hace más de 20 años”, había dicho Melo semanas atrás también en diálogo con El País.

Es que el principal impacto que acusa el sector lo constituyen los contenidos que circulan “directamente por internet, sin llegar a la TV por cable”, lo que puso en jaque al artículo 56 de la actual ley de medios, cuya prohibición a las empresas de brindar cable e internet tenía inicialmente por objetivo dar “protección a las empresas nacionales”. Sin embargo, esto “quedó por el camino”, ya que la “protección prevista fue vulnerada” con la irrupción de nuevas plataformas de contenidos on demand que se ofrecen sin la intermediación de las empresas, consideró el empresario.