Financiación de los partidos políticos

El oficialismo reacciona y podría citar al expresidente Lacalle.

El expresidente y actual senador frenteamplista José Mujica y, posiblemente, su homólogo Luis Lacalle Herrera, están en la agenda de la comisión investigadora del Parlamento sobre la financiación de las campañas electorales por parte de empresas privadas.

Ayer por la tarde se votó la convocatoria a Mujica, impulsada por los partidos de la oposición ante una iniciativa del diputado del Partido Independiente Andrés Carrasco. La semana próxima podría extenderse la citación al expresidente Lacalle Herrera (1990-1995) a instancias del Frente Amplio, según adelantó a El País el diputado Óscar Groba.

La convocatoria a Mujica tiene el cometido de considerar la resolución del Poder Ejecutivo encabezado por el líder del MPP a partir de la cual se le perdonara una deuda de la empresa de Francisco Casal con el fisco por algo más de US$ 100 millones. Y si la empresa de Casal tiene alguna relación con la campaña electoral de Mujica que lo llevara a la Presidencia en el período 2010-2015.

Además, la comisión recibió de mala gana una carta de la empresa Tenfield en la que rechaza su convocatoria con críticas afirmando que el trabajo de la investigadora es un "circo" y que no está dispuesta a "prestarse a eso".

La comisión insistirá con Tenfield pese a su actitud, aunque se reconoció que como empresa privada no tiene ninguna obligación de comparecer ante la investigadora. Lo que sus miembros pueden hacer es reunir información de la Dirección General Impositiva (DGI), el ministerio de Economía y hasta se va a gestionar la presencia de periodistas deportivos.

Luego de reunir la información se espera que comparezca Mujica "para hablar del posible o eventual arreglo de la deuda de Casal con la Impositiva", explicó a El País el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez.

En 2002, la DGI denunció que Casal había evadido el impuesto a la Renta y al Patrimonio por las ventas de futbolistas que representaba por un valor cercano a los 9 millones de dólares. Al mismo tiempo, el organismo presentó una denuncia penal contra el empresario por presunta defraudación tributaria, similar a la que anteriormente había presentado el periodista Ricardo Gabito. Ambas fueron rechazadas por el Poder Judicial.

En febrero de 2008, dos inspectores de la DGI visitaron el edificio de Tenfield en la calle Divina Comedia, asegurando estar "en nombre y representación" de Nelson Hernández, director de Impositiva en ese momento. Allí se reunieron con Casal y Nelson Gutiérrez, con el objetivo de llegar a una "solución" para saldar la deuda.

Advirtieron que si no se llegaba a un acuerdo, empezarían a labrar actas y en lugar de US$ 9 millones la deuda pasaría a US$ 18 millones, y de ahí podría ser de US$ 36 millones, pudiendo llegar hasta los US$ 100 millones.

Ese año, el Poder Judicial embargó los bienes del empresario y de ocho socios por US$ 25 millones a pedido de la DGI, que luego fijó la deuda en US$ 104 millones.

En noviembre 2011, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, redujo el monto de la deuda de Casal de US$ 104 millones a US$ 10 millones, por la presunta evasión del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE). Además, redujo el plazo de prescripción de diez a cinco años.

Lo que no sabían los inspectores que se presentaron en el edificio de Tenfield era que Casal había filmado la conversación, que posteriormente fue presentada como posible método de "presión" hacia el empresario, siendo aceptada como prueba ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) cuando el contratista inició una acción de nulidad.

El panorama comenzó a cambiar para el empresario a partir del momento en el que quienes fueron fiscales de gobierno, Daniel Borrelli y Miguel Toma (actual secretario de Presidencia de Tabaré Vázquez), señalaron que el procedimiento de la DGI había tenido una "inocultable desviación" que "es fruto de impulsos al parecer orientados a otra finalidad que la de ejercer las atribuciones acordadas por el Código Tributario".

Luego, la fiscal Dora Domenech pidió que la causa se archivara, ya que entendía que no se podía probar que Casal hubiera evadido impuestos de forma intencional.

Ante la amenaza en 2013 de Casal de demandar al Estado en US$ 300 millones por daños y perjuicios, Mujica, que era presidente, decidió perdonarle la deuda, lo que lo llevó a enfrentarse con quienes eran su vicepresidente y su ministro de Economía, Danilo Astori y Lorenzo respectivamente.

En la reunión de ayer compareció ante la comisión investigadora del Parlamento sobre la financiación de campañas electorales, la comisión de Finanzas del Partido Nacional que fue consultada sobre los fondos que destinó en la elección pasada a la compra de espacios para publicidad televisiva. El oficialismo basó sus preguntas en lo que señala un informe presentado en su momento ante la Universidad Católica del Uruguay que sostenía diversas afirmaciones que no tenían consistencia sobre presuntos beneficios a partidos con el cobro diferencial de tarifas.

En realidad, lo que quedó en la comisión fue la información de que en algunos casos de publicidad televisiva, cuando fueron analizados surgió que en el costo total del minuto de publicidad hubo precios favorables al Partido Nacional en un 10% respecto a los que se le cobraron al Frente Amplio, según dijeron a El País miembros de la comisión.

En la tarde de ayer se consideró la situación de la granja Tres Arroyos, que hizo exportaciones mediante la empresa Aire Fresco —que es una de las que se investiga— en el marco del convenio con Venezuela. La empresa argumentó ante los legisladores que los directivos que negociaron con Aire Fresco en aquellos años hoy ya no pertenecen más a la firma y están radicados en el exterior.

Los representantes de Tres Arroyos ratificaron además que habían hecho uso de un convenio que le propuso Aire Fresco para enviar sus productos a Venezuela y que no tuvo trato previo con la empresa.

La comisión decidió citar a Gabriel Cunha, el coordinador de la campaña de Verónica Alonso, vinculado a la iglesia Misión Vida, y al diputado del sector de Alonso, Álvaro Dastugue, informó a El País el diputado Óscar Groba, del FA.