FERROCARRIL

Se buscan soluciones para asentamientos que deben eliminarse.

La próxima semana cuadrillas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzarán a realizar demoliciones en los departamentos de Canelones, Florida y Durazno, necesarias para realizar las obras en las vías férreas que demanda el proyecto para construir una segunda planta de UPM. Según supo El País, el viceministro de Transporte, Jorge Setelich, envió una carta al directorio de AFE pidiéndole que aprobase los trabajos, lo que ocurrió el viernes pasado con dos votos a favor y la abstención del representante nacionalista, Alfonso Lereté.

Será necesario desalojar un asentamiento ubicado cerca de la Estación Central y otros más al norte y se buscan soluciones habitacionales con el Ministerio de Desarrollo Social y el de Vivienda para las personas que viven allí. Además se tendrá que demoler la estación Yatay y se deberá buscar una solución para una estación de servicio que en parte está edificada en terreno fiscal. También hay que eliminar una piscina particular, aleros y otras edificaciones.

Las obras deben dejar 7,5 metros libres a cada lado de la vía.

Por otra parte, el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) decidió financiar con recursos propios la construcción de un viaducto para el acceso vehicular al puerto de Montevideo que tiene un costo de unos US$ 150 millones y el Partido Nacional, que se opuso, advierte que ese monto equivale a prácticamente al presupuesto anual de la empresa pública.

Ya se elaboraron los pliegos y la apertura de las ofertas quedó para mediados de junio. El proyecto está netamente vinculado a las necesidades de construir una segunda planta de UPM en el departamento de Durazno.

El viaducto iría desde las cercanías de la central Batlle de UTE hasta aproximadamente la unión de la rambla portuaria con la calle Florida y su construcción demandará aproximadamente 2 años.

Juan Curbelo, director del Partido Nacional en la ANP, votó en contra de la decisión por tres motivos: porque entiende que por tratarse de obras fuera del recinto portuario deberían ser abordadas por el Ministerio de Transporte o por la intendencia capitalina, porque no es una obra prioritaria para la administración y porque le representará un "stress financiero", según explicó a El País. La mitad de los recursos serán prestados por Fonplata.