Mejorar la seguridad y la convivencia

El sector oficialista planteó crear una Secretaría de Justicia.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó al Frente Amplio un documento de 10 puntos para mejorar la seguridad y la convivencia. Lo hizo en momentos que sectores como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el IR y Casa Grande (de la senadora Constanza Moreira) reclaman discutir la política de seguridad, ayer en la Mesa Política de la coalición.

El planteo del sector del ministro del Interior Eduardo Bonomi se hace como un aporte programático de cara al próximo gobierno y se basa en no aplicar "políticas únicamente de mano dura", ni el "determinismo económico", que sostiene que los problemas de inseguridad que ocurren son solo consecuencia directa de problemas estructurales como la pobreza, según supo El País.

El MPP sostiene que "desde el gobierno frenteamplista se encaró la más importante reforma policial de la historia reciente" del país.

Dentro de las 10 medidas que propone el sector aparece la reforma del sistema de administración de Justicia. En ese marco, quiere estudiar la creación de un "organismo imparcial" que canalice las principales preocupaciones de seguridad de la población y discuta cómo organizar a la Justicia. Esto implica la creación de una Secretaría de Justicia o un ministerio de Asuntos Constitucionales, dependiente del Poder Ejecutivo. Esto no implicaría el control de la Justicia, que seguiría siendo independiente, aclararon las fuentes.

Como parte de un programa de intervención urbana integral se pretende reeditar la experiencia realizada años atrás a través del Plan Siete Zonas. Además, el MPP opina que debe generarse una política de shock en materia de vivienda y de estructuras de convivencia, que permita aprovechar el espacio público.

Otra medida planteada es la extensión del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y de los sistemas de videovigilancia al resto del país. Y se quiere profundizar la reforma policial y fortalecer el trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía con el objetivo de mejorar la persecución penal.

En el plano de las políticas sociales, el MPP hace hincapié en la mejora de la calidad y la cobertura de programas especialmente orientados a los niños y jóvenes. Otra meta es el combate a la violencia de género. De forma complementaria, se pretende la reforma del modelo de gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), mediante el traspaso definitivo a la órbita civil de su sistema de gestión, a través de un servicio descentralizado.