PROPUESTA PROGRAMÁTICA

Presentó un paquete de 16 leyes para reafirmar la ética en política.

Lucía Topolansky, la vicepresidenta, encabezó la mesa de la Agrupación de Gobierno del Frente Amplio donde se definieron las prioridades legislativas para el año electoral. En ese encuentro, el Movimiento de Participación Popular propuso 16 leyes “para recuperar la transparencia y defender la democracia”.

Aunque la reunión había sido citada para definir prioridades, el paquete de leyes presentado por el sector del expresidente José Mujica llevó la mayor parte de la reunión. “Es una propuesta que hacemos al Frente y que la recibió para discutirla. Estamos convencidos de que este es un camino que implica colocar la cuestión de la ética, de la función pública y de la responsabilidad del sistema político frente a la sociedad. Podrán incluirse otros temas, lo que queremos generar es un debate”, afirmó el diputado Alejandro Sánchez a El País.

El legislador, encargado de fundamentar la propuesta en la mesa de la Agrupación de Gobierno, indicó que se busca sellar un “acuerdo nacional de reafirmación democrática”. Al tiempo que aclaró que estos planteos no coliden con la priorización de proyectos que hizo la coalición, en la medida de que se pueden aprobar “rápidamente” si hay acuerdo con otros partidos de oposición.

Los proyectos plantean: establecer una ley general de sueldos del Estado (donde el más alto sea el de presidente). La creación de un sistema democrático de ingreso a la administración pública (para todas la administración, incluida las intendencias), la fijación de un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos y de particular confianza para destinar a la construcción de viviendas para la población.

A su vez, se quiere establecer por ley que cada ministro no podrá tener una cantidad superior a cinco adscriptos y un secretario. También se plantea reducir la cantidad de los funcionarios bajo la modalidad de los pases en comisión, tal como informara Búsqueda.

Otro tema que está sobre la mesa es la reducción de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, que hoy tienen cinco miembros a tres y los de tres a uno, con excepción de los que son electivos y la Administración Nacional de Puertos, Antel y a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Se plantea la no devolución del excedente del Fonasa a los cargos políticos y de particu- lar confianza, disponiendo por ley que su destino sea financiar el Fondo Nacional de Recursos y la compra de medicamentos caros.
Se plantea eliminar por ley el subsidio de un año para los cargos políticos y de particular confianza, estableciendo que se les aplicarán las mismas reglas que al resto de los trabajadores, por un plazo de seis meses.

Asimismo, se obligaría a los cargos políticos y de particular confianza a presentar una declaración y certificación de la DGI y BPS de estar al día con sus obligaciones tributarias.

El MPP pretende instaurar por ley un nuevo régimen jurídico, donde se establecerá el destino de las ganancias de las empresas públicas, un porcentaje irá a Rentas Generales, otro se reinvertirá para que siga produciendo y prestando adecuadamente el servicio y un porcentaje se devolverá a los propietarios, es decir los usuarios.

El sector de Mujica quiere instaurar legalmente la obligación de informar en cada instancia presupuestal al Parlamento los estados contables de las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado.

Por otro lado, se propone transformar la residencia de Suárez en una Escuela de Jardinería y viverismo, dependiente de la UTU y unida al Jardín Botánico. “Se buscará devolverle al jardín botánico ese padrón que hace muchos años se le quitó”, explicó el propio Mujica en su audición radial en M24. Con la presentación de estos proyectos de ley, el MPP se propone la consolidación de un sistema político “responsable, maduro y austero”. “En un año donde todos hablan de austeridad, el sistema político tiene que demostrar que tiene autoridad moral”, dijo Sánchez en referencia a la campaña electoral en curso.

El MPP sostiene que frente a la “epidemia de la antipolítica empujada desde algunos fuertes poderes fácticos de diverso origen”, Uruguay “no puede quedar pasivo”.

La Mesa de la Agrupación Nacional de gobierno del Frente Amplio fijó tres escalones de prioridades legislativas para este año electoral, las principales, las de importancia media y las de segundo orden. Entre las primeras están la ley de financiamiento de los partidos políticos y la ley orgánica militar.

Ninguna de las dos tiene hoy por hoy los 50 votos para ser aprobada y se negociará primero a la interna y luego con la oposición.

La ley de financiamiento de los partidos políticos está en el orden del día de la Cámara de Diputados, aunque no se colocó a votación por la falta de acuerdos internos. El diputado “rebelde” Darío Pérez hizo fracasar el tratamiento de la iniciativa en diciembre del año pasado, al dejar al Frente sin el voto 50.

Para evitar repetir la misma historia, en el oficialismo se buscará negociar con Pérez y también con dirigentes de la oposición para conseguir los votos que permitan la aprobación de la iniciativa. Algo similar sucede con la ley orgánica militar, que también genera resistencias a la interna oficialista.

Además de las ya nombradas, entre las prioridades están la Universidad de la Educación y la regulación de la venta de alcohol, que el presidente Tabaré Vázquez pidió aprobar, de acuerdo a lo que supo El País. Además, el FA debe definir si avala la conformación de una comisión investigadora por la gestión del Mides solicitada por el Partido Nacional.