LEY DE URGENCIA

Miranda reafirmó apoyo del FA al referéndum y respondió a los cuestionamientos de Lacalle

El presidente del Frente Amplio dijo que la Ley de Urgente Consideración (LUC) es una "muy mala ley que le hace mal a la población. Entendemos que hay que anular disposiciones de esta ley".

Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Foto: Francisco Flores
Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Foto: Francisco Flores - Archivo El País

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, reafirmó este viernes que la oposición acompañará el referéndum para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) que impulsa el Pit-Cnt, y dio detalles de las siguientes etapas que se deberán definir en ese sentido.

En rueda de prensa tras una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio, Miranda fue en la línea de lo que resolvió el Plenario Nacional el sábado pasado, al señalar: "Hay una resolución del Frente Amplio de apoyar el referéndum contra la LUC en el entendido de que es una muy mala ley que le hace mal a la población. Entendemos que hay que anular disposiciones de esta ley".

Tal como adelantó El País en su edición del viernes, el Frente Amplio "se inclina por la vía larga, por la recolección de firmas dentro del año de la promulgación, y luego el referéndum", indicó Miranda.

El proceso "tradicional" o "largo" está establecido en el artículo 79 de la Constitución, el cual plantea que se necesitan recabar antes del primer año de la promulgación de la ley - que sería antes del 8 de julio de 2021- las firmas del 25% de los ciudadanos habilitados para votar. De ser así, se podría llevar adelante la votación del referéndum en 2021.

Miranda puntualizó que si bien "el Frente Amplio ha mejorado la redacción de la ley, que era peor aun de lo que es", en principio se plantea anular "disposiciones de la ley que no hubiera votado". No obstante, afirmó que esto "está en el marco del diálogo con las organizaciones sociales, en particular con la Intersocial", que integra el Pit-Cnt junto a otras organizaciones de la sociedad civil.

Lo cierto es que hasta el momento no se definieron cuáles de los 476 artículos aprobados el 8 de julio se piensa poner a consideración de la población para su derogación. "Hay que determinar ahora qué disposiciones puntualmente se van a intentar anular por la vía de referéndum", dijo Miranda.

Si fuera por la vía corta, se "exigiría juntar firmas de aquí al 7 de diciembre, es muy exiguo el tiempo". Ahora los dirigentes del Frente Amplio tendrán que "recorrer el país, dialogar con la gente, informar a la gente en profundidad los aspectos más perniciosos que tiene esta ley".

Para el caso del proceso "abreviado" o "corto", se necesita presentar las rúbricas de al menos 2% de los habilitados para votar en los 150 días posteriores a la promulgación de la ley, que se traducen en poco más de 60.000 firmas. Si se alcanzan estas firmas se pasa al denominado pre-referéndum. Esto implica una consulta popular no obligatoria que necesita la adhesión del 25% de los inscriptos habilitados para votar. De ser así, el recurso queda interpuesto y se pasa a la etapa final de consulta de la ley.

Miranda también aprovechó para responder al presidente Luis Lacalle Pou, que dijo días atrás: "Lo que queda claro es que el Frente Amplio está en contra, lo que no sabemos es en contra de qué". Miranda señaló: "Sí, está claro contra qué estamos. Estamos contra un proyecto que está reflejado efectivamente en la Ley de Urgente Consideración como la ley de Presupuesto, una ley de recortes, que implica pérdida de salarios, y que va a implicar pérdida de jubilaciones, porque las jubilaciones están atadas al Índice Medio de Salarios".

Por este motivo es que utilizan el referéndum, "para que el pueblo sea el que decida", remarcó.

Otro de los puntos a los que se refirió Miranda fue a las auditorías presentadas por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien dijo en ese momento que hubo "desidia en el uso de los fondos públicos" en una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros esta semana. 

"Era previsible, es parte de una estrategia. Las auditorias son una buena cosa, estoy convencido que siempre es bueno tener información sobre la gestión pública", dijo Miranda.

No obstante, lanzó: "Me gustaría también que hubiera una auditoría, por ejemplo, en la Intendencia de Artigas, donde hace días apenas un alcalde electo informó que había negociado con el intendente del Partido Nacional el acomodo de su hija en un cargo público. Sería bueno que se auditara eso también, más allá de los titulares y de la gestión. Si hay irregularidades, que se tramiten por los caminos que se tienen que transitar. Ahora, en todos lados, ¿no?", dijo en referencia al alcalde electo de Bella Unión, William Cresseri, quien reconoció que le "consiguió" trabajo a su hija en la Intendencia de Artigas.

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