ASESORES DE NUEVO EN LA MIRA

El MPP plantea topearlos en cinco; ahora hay siete secretarios de Estado que tienen más

En pleno inicio de la campaña electoral el Movimiento de Participación Popular (MPP) plantea topear en cinco la cantidad de adscriptos a los ministerios, que son aquellos funcionarios de extrema confianza que trabajan codo a codo con cada secretario de Estado.

En 2010 y durante el gobierno de José Mujica, el artículo 58 de la ley de Presupuesto habilitó a los ministros a contratar estos asesores sin un límite de cantidad, siempre y cuando no se superaran las partidas económicas que se establecía para cada ministerio.

Formalmente la figura del adscripto se creó durante la administración Mujica, aunque los asesores de ministros ya existían previamente y estaban topeados por cantidad, explicaron a El País fuentes técnicas.

Mujica decidió cambiar el criterio en la forma de contratar luego de haber recibido un informe de un equipo interinstitucional que recomendaba limitar las contrataciones por montos y no por cantidad a fin de trasparentar la situación, indicaron las fuentes.

Todos los años la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) debe remitir información al Parlamento respecto a la cantidad de adscriptos, lo que incluye curriculum vitae de las personas contratadas por cada secretario de Estado, las tareas encomendadas, la debida acreditación de la idoneidad para su desempeño y la retribución nominal.

"En defensa de la política", así denominó el sector de Mujica a una batería de 16 medidas que presentó hace días y que apuntan a la austeridad en la gestión pública. En su cuarta propuesta, el MPP plantea que cada ministro no pueda tener un número mayor a cinco adscriptos y un secretario, de forma de poder "disponer dicha reducción para utilizar los excedentes a finalidades sociales".

¿Pero cuántos adscriptos tiene hoy cada ministro? De acuerdo a un relevamiento que realizó El País, de las 13 carteras de Estado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi es quien tiene hoy la mayor cantidad de adscriptos (12). Lo siguen el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro (11); el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi (10); la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz (8); el ministro interino de Defensa Nacional, Daniel Montiel (7) y los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y de Turismo, Liliam Kechichian (6). Además, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, tienen cinco adscriptos cada uno, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, tienen cuatro cada uno y la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, tiene tres.

Los datos fueron brindados a El País por cada ministerio. Sin embargo, hubo varias carteras que no otorgaron la información en tiempo y forma por lo que se recurrió al informe de 2017 de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que acompañó la Rendición de Cuentas denominado "Contratos de adscriptos a los ministros" desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. Según ese informe en 2016 eran 97 adscriptos en total y en 2017 sumaban 94.

El titular de la ONSC, Alberto Scavarelli, dijo a El País que el informe de 2018 aún se está procesando.

Rossi dijo a El País que en su caso tiene a varios trabajadores contratados como adscriptos, con diferentes sueldos. Por ejemplo, mencionó que su escribano percibe un salario que se ubica alrededor de los $ 100.000, pero que también paga montos muy inferiores a otros contratados. En Defensa, por ejemplo, el ministro interino, Daniel Montiel, tiene como adscriptos a siete trabajadores de los cuales seis son profesionales universitarios. Se trata de un contador, un escribano, dos abogados, un sociólogo y un magíster en comunicación.

Según el informe de Servicio Civil en 2017 más de la mitad de los adscriptos (67%) eran hombres y una alta proporción (72%) mayores de 40 años. La máxima retribución que cobraba un adscripto ese año era $ 132.457,6 y correspondía al Ministerio de Economía.

Además de los adscriptos los ministros pueden contratar dos asistentes.

La semana pasada la vicepresidenta Lucía Topolansky encabezó la mesa de la Agrupación de Gobierno del Frente Amplio en la que se definieron las prioridades legislativas para el año electoral. En ese encuentro, el MPP propuso 16 leyes "para recuperar la transparencia y defender la democracia".

"Es una propuesta que hacemos al Frente Amplio y que la recibió para discutirla. Estamos convencidos de que este es un camino que implica colocar la cuestión de la ética, de la función pública y de la responsabilidad del sistema político frente a la sociedad. Podrán incluirse otros temas, lo que queremos generar es un debate", afirmó el diputado Alejandro Sánchez a El País.

Otras de más medidas que plantean son establecer una ley general de sueldos del Estado (en la que el más alto sea el de presidente), la creación de un sistema democrático de ingreso a la administración pública (para todas la administración, incluida las intendencias) y la fijación de un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos y de particular confianza para destinar a la construcción de viviendas para la población.

Otro tema que puso sobre la mesa el MPP es la reducción de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, que hoy tienen cinco miembros a tres y los de tres a uno, con excepción de los que son electivos y la Administración Nacional de Puertos, Antel y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. El sector que lidera José Mujica plantea la no devolución del excedente del Fonasa a los cargos políticos y de particular confianza, disponiendo por ley que su destino sea financiar el Fondo Nacional de Recursos y la compra de medicamentos de alto costo.

También propone eliminar por ley el subsidio de un año para los cargos políticos y de particular confianza y establecer que se les apliquen las mismas reglas que al resto de los trabajadores por un plazo de seis meses. Asimismo, se obligaría a los cargos políticos y de confianza a presentar una declaración y certificación de la DGI y BPS de estar al día con sus obligaciones.

El MPP pretende instaurar por ley un nuevo régimen jurídico que establezca que de las ganancias de las empresas públicas un porcentaje vaya a Rentas Generales, otro se reinvierta para que siga produciendo y prestando adecuadamente el servicio y un porcentaje se devuelva a los propietarios, es decir los usuarios.

El sector de Mujica quiere instaurar legalmente la obligación de informar en cada instancia presupuestal al Parlamento los estados contables de las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado. Por otro lado, se propone transformar la residencia de Suárez en una Escuela de Jardinería y viverismo, dependiente de la UTU y unida al Jardín Botánico. “Se buscará devolverle al Jardín Botánico ese padrón que hace muchos años se le quitó”, sostuvo Mujica en su audición.