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Ministro de Ganadería defendió recurrir a fondos de Colonización para plan de vivienda

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Fernando Mattos. Foto: Marcelo Bonjour
Nota a Fernando Mattos, Ministro de Ganaderia, Agricultura y Pesca, en su despacho en Montevideo, ND 20210709, foto Marcelo Bonjour - Archivo El Pais
Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

RENDICIÓN DE CUENTAS

Fernando Mattos apoyo la propuesta del Poder Ejecutivo al afirmar que “es un drama social que haya 200.000 personas viviendo en asentamientos”.

En un contexto en el que la coalición está dividida en torno a la financiación para regularizar más de 600 asentamientos, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dijo ayer en el Parlamento que apoyaba el plan original del Poder Ejecutivo de recurrir para ello a recursos que hoy nutren al Instituto Nacional de Colonización.

Según comentaron a El País fuentes parlamentarias, el secretario de Estado aseguró que, si se lleva adelante la propuesta del gobierno de redirigir dos impuestos que hoy abastecen Colonización, el organismo igualmente seguiría funcionando con normalidad. En ese sentido, dijo que aunque se destinen los aproximadamente US$ 20 millones anuales para formar el Fideicomiso Integración Social y Urbana -tal como consta hoy en el proyecto de Rendición de Cuentas aprobado en Diputados- al instituto igualmente le quedarían fondos suficientes, que estimó cercanos a US$ 8 millones. Y además recordó que el organismo tiene hoy tierras sin usar que pueden venderse.

La coalición está embretada porque, por un lado, hay senadores dentro del Partido Nacional que no están de acuerdo en formar este fondo de vivienda con recursos de Colonización, como el propio senador Sergio Botana, quien propuso en todo caso recurrir a líneas de crédito de organismos internacionales como el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) y usar además más recursos que hoy van al Fondo Solidario COVID-19.

Y, por otro, también está la oposición en bloque de Cabildo Abierto, que ya planteó utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI otorgó a Uruguay por un valor de US$ 585 millones, y producir un ahorro en intereses que genere una recaudación por US$ 40 millones anuales.

Mattos cerró su apoyo a la propuesta del Poder Ejecutivo al afirmar que “es un drama social que haya 200.000 personas viviendo en asentamientos”.

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