La polémica de nunca acabar

Los militares activos podrían recurrir la reforma de la Caja

Oficiales retirados también preparan planteo individual de inconstitucionalidad.

Los militares retirados decidirán si presentan recursos contra la reforma. Foto: Fernando Ponzetto
Los militares retirados decidirán si presentan recursos contra la reforma. Foto: Fernando Ponzetto

La sanción de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) no ha terminado con la polémica surgida entre los uniformados y el Poder Ejecutivo. Las próximas horas serán cruciales para que tanto los oficiales retirados, reunidos en sus respectivos clubes sociales, como también los activos que así lo deseen, definan si presentan recursos por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En torno a este reclamo es necesario hacer dos salvedades: en primer lugar no habría ninguna vinculación entre el mando castrense y el reclamo que cada oficial se sienta en el derecho de hacer, porque para el caso ellos actuarían como ciudadanos; y en segundo lugar no puede verse como un reclamo corporativo porque, precisamente, los recursos son individuales.

El coronel retirado Rivera Elgue, coordinador de los grupos sobre seguridad social de los clubes de militares —a los que están afiliados tanto retirados como oficiales activos— explicó a El País que no se puede estimar cuántos recursos se presentarán hasta que las asambleas de los clubes respectivos se reúnan con los abogados constitucionalistas que los patrocinarán.

"Lo primero es reunirnos con los constitucionalistas para determinar qué artículos pueden ser recurridos y luego se comenzará a preparar los escritos", indicó Elgue.

Algunos de los constitucionalistas que han opinado públicamente sobre la reforma del SRPM, llamada reforma de la Caja Militar, son Ruben Correa Freitas y Martín Risso, en tanto el especialista en el tema Gonzalo Aguirre ya ha trabajado en otros asuntos con los centros sociales de militares.

"Hay socios de algunos clubes que están en actividad. Si algún oficial se sintiera afectado no se verá impedido (de presentar un recurso) por estar en actividad. No existe esa restricción porque lo haría como cualquier persona, y además no se trata de actividad política", aclaró Elgue.

Cambios.

El proyecto que se votó en el Senado solamente con el apoyo del Frente Amplio plasmó el cambio de cuatro artículos y un aditivo que había propuesto el oficialismo en Diputados, gracias a lo cual se alcanzó el consenso en la bancada.

Tabaré Vázquez tuvo la última palabra en la reforma de la Caja Militar. Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

Uno de ellos establece que quienes al 28 de febrero de 2019 computaran cinco años de servicio, en el caso del personal subalterno y quince en la oficialidad, seguirán siendo amparados por el régimen vigente y no serán alcanzados por la reforma.

En lo referente a los topes jubilatorios se mantuvo la lógica del proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Esto implica que el tope pasa de $ 150.000 a $ 139.105 (en el régimen de transición) y de $ 110.000 a $ 101.108.

Asimismo, en el articulado se incluyó una previsión para que el personal que ingresó a prestar servicio a edades tardías, por ejemplo a los 26 años y que no alcance a cumplir el mínimo de servicio requerido antes del retiro obligatorio, a los 48 años, pueda continuar en funciones hasta completar dicho mínimo. El acuerdo también se refiere al porcentaje sobre retiro voluntario para soldados y clases, incrementándose en 5% y llevándolo al 50%. Para oficiales se mantuvo en 45%.

Larrañaga prometió "revisar" la ley
Diagnóstico. El senador Larrañaga escribió una carta con propuestas para la próxima administración. Foto: Darwin Borrelli.

El martes 16 en el Senado se aceptaron los cambios introducidos por Diputados, por 15 votos en 25 senadores presentes. En la sesión el senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga afirmó que si es electo presidente en 2019 "buscaremos la conjunción de fuerzas en el gobierno para revisar esta ley". Opinó que "han votado este proyecto a las corridas, se pretende una suerte de asfixia con el déficit (fiscal) como excusa". Y agregó: "Este proyecto no es justo, va en contra de derechos adquiridos y por tanto tienen una fragilidad desde el punto de vista constitucional". Otro de los que también fue crítico con el proyecto fue el nacionalista Javier García: dijo que "lo que terminó aprobando el FA no es una reforma sino un remiendo sin sentido y basado en un antimilitarismo infantil".

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