POSTURA CONTRARIA

Mieres aseguró que PI no apoyará propuesta de prisión domiciliaria para mayores de 65

“Nos parece que ahí hay una señal muy dirigida en cuanto a quiénes son los beneficiarios, que no corresponde desde nuestro punto de vista”, dijo el ministro sobre la iniciativa de Cabildo Abierto.

Pablo Mieres, ministro de Trabajo, en conferencia de prensa. Foto: Gerardo Pérez (Archivo)
Pablo Mieres, ministro de Trabajo. Foto: Gerardo Pérez - Archivo El País

El ministro de Trabajo Pablo Mieres se manifestó en contra de la propuesta de Guido Manini Ríos de permitir que los reclusos mayores de 65 años puedan cumplir su pena en un domicilio y no en una cárcel y aseguró que el partido al que pertenece “no lo va a acompañar”.

“Este proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 (años) el partido no lo va a acompañar. El Partido Independiente no está de acuerdo con esto”, aseguró en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).

Consultado sobre qué pasaría si cambiara la edad establecida por Cabildo, Mieres respondió: “veremos”, pero remarcó que con la actual propuesta no lo apoyarán.

“Nos parece que ahí hay una señal muy dirigida en cuanto a quiénes son los beneficiarios, que no corresponde desde nuestro punto de vista”, concluyó.

Quien tampoco acompañará este proyecto será el Frente Amplio que, según el senador Charles Carrera, está dirigido a favorecer a "los represores (de la dictadura) que están pagando su pena en la cárcel de Domingo Arena".

Los dichos de Mieres llegan horas después de que la coalición acordara priorizar la propuesta de Cabildo Abierto que plantea otorgar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, salvo expresas excepciones.

La propuesta se basa en fundamentos de “humanidad o trato humanitario” dentro de las cárceles y es un asunto al que se ha referido varias veces el senador Guido Manini Ríos, aunque en las últimas horas lo hizo con mayor énfasis.

Si bien la iniciativa prevé ciertas excepciones en la aplicación de este beneficio, sí lo obtendrían los reclusos imputados por su actuación en la dictadura militar, ya que solo se propone dejar por fuera a los imputados por homicidio y violación -salvo que hayan cumplido dos tercios de la pena máxima-, y a los procesados por delitos de lesa humanidad que hayan sido cometidos luego de entrada en vigencia la ley que definió estos crímenes en 2006.

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