POLÉMICA

Tras un pedido de informes realizado por el diputado nacionalista Pablo Abdala, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconoció que contrató a una escuela de yoga que es investigada por la Justicia de operar como una presunta secta.

Abdala solicitó información para saber si el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) u201ccelebró un conveniou201d con la escuela, ya que u201cde acuerdo a distintas investigaciones periodísticas y a una de tipo judicialu201d, en Montevideo, u201ca partir del año 2010 habría actuado una supuesta escuela de yoga que, en realidad, escondía una secta dedicada a la trata de personasu201d. u201cLa misma tenía por finalidad la captación de mujeres que, a través de la manipulación sicológica, eran incorporadas a la organización, adoctrinadas en determinadas creencias y luego trasladadas a un campamento en una ciudad de Rumaniau201d, dice el diputado en el pedido. Además agrega: u201cUna vez allí, según las referidas versiones judiciales y periodísticas, eran sometidas a distintas formas de explotación sexualu201d.

El Mides respondió que el INJU u201crealiza llamados abiertos para la presentación de propuestas de talleres artísticos, culturales y educativosu201d y que la escuela de yoga, hoy investigada por la Justicia, u201cofreció talleres desde agosto de 2013 hasta julio de 2016u201d.

Abdala solicitó se informe acerca de si el INJU o el Mides tuvieron conocimiento sobre los antecedentes, actividades y sobre u201cla eventualidad de que la misma escondiera la existencia de una sectau201d al momento de realizar el convenio. El ministerio respondió que para adjudicar los espacios y la realización de un taller u201cson necesariamente evaluados los currículum de los talleristas ofertantesu201d y que u201cel currículum del tallerista titular de la escuela fue evaluado positivamenteu201d.

El mismo es un ciudadano rumano vinculado a un movimiento originario del país europeo acusado de pornografía, trata de personas y cuyolíder está prófugo. La cartera indicó que u201cdurante el período en que se ejecutaron los talleres en cuestión no existió denuncia al respectou201d. Según supo El País, la primera denuncia ocurrió a principios de esta década, cuando una madre aseguró que sus dos hijas habían viajado a Rumania y no habían vuelto. La segunda fue en 2013 y la última, de un anónimo, el año pasado. Abdala indicó que hoy planteará el tema en la u201cComisión Permanenteu201d del Parlamento.