A LA IZQUIERDA DEL FRENTE AMPLIO

La convención de la calle Convención pareció más una clase de gimnasia política que, paradójicamente, una convención. En la sede de Unidad Popular, sobre esta calle céntrica que Jaime Roos inmortalizó en una canción, había ambiente de kermés electoral: banderas flameando, un universitario agitando la kufiyya -ese pañuelo tradicional que usan los palestinos-, aroma a empanadas fritas y los más veteranos observando de reojo cuán fogueados están los más jóvenes. El resto era una formalidad: el programa partidario estaba avalado desde hacía meses y también la fórmula presidencial.

Era cuestión de “medir fuerzas”. Hay un 1% del electorado -unos 26.000 uruguayos- que parecen decididos a votar a Unidad Popular. Lo dicen las encuestas, lo confirma la elección de 2014 y lo sabe Gonzalo Abella, un maestro jubilado devenido en presidenciable. Y aunque esa gimnasia de mantener viva la militancia es una obviedad para cualquier colectividad política, lo es especialmente para esta coalición de partido de izquierda radical.

“El año que viene será de ajustes, de abrocharse el cinturón; es importante que haya una movilización social y sindical potente… Es año de presupuesto”, dijo Abella a El País. El candidato es consciente que no será el futuro presidente de los uruguayos, pero también es consciente que lidera una colectividad que permea en varios sindicatos y oenegés. De hecho, su compañero de fórmula, avalado ayer por los 320 convencionales presentes, es un exsindicalista del taxi y militante por los derechos humanos: Gustavo López.

Pero ante la “falta de caja” del país y en su intento de “redistribuir mejor la riqueza”, Unidad Popular fijó ayer una línea de trabajo para la Legislatura 2020: el aumento selectivo de impuestos. “Proponemos una regla de impuestos a la actividad bancaria privada y las redes de cobranza”, dijo Abella. Según sus cálculos, un impuesto del 1% a estas ramas de actividad “generaría una recaudación mínima de US$ 900 millones al año”.

Hay más. Unidad Popular se plantea otro impuesto -de mayor porcentaje- que a juicio de Abella “obtendría una importante adhesión en el próximo Parlamento”: gravar la actividad “de las grandes industrias contaminantes”.

En la esencia de esta izquierda radical está su oposición a la extranjerización de la tierra y el cuidado de los recursos naturales; por eso se han distanciado del proyecto UPM. Pero ahora, con la confirmación de la construcción de la tercera planta de celulosa, “lo que resta es que sea con el menor daño posible al ambiente y el mayor beneficio posible para los uruguayos”.