MALTRATO A MENORES DE EDAD

El Estado detectó un tercio más de casos de maltrato.

Que ahora se le presta más atención al tema, que los niños empiezan a entender cuáles son sus derechos, que los maestros, médicos y otros profesionales están más sensibilizados, que el Estado expandió los centros de detección. A la hora de buscar explicaciones, no hay una única respuesta. Pero algo queda claro: “la violencia infantil es un problema en Uruguay”.

El Sistema Integral de Protección a la infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) atendió 4.131 situaciones de maltrato infantil el año pasado, lo que representa un aumento del 31% respecto al año anterior.

María Elena Mizrahi, coordinadora de Sipiav, está convencida de que el aumento de casos está vinculado a la capacidad de atención. Pero reconoce que, sea cual sea la causa, se está ante un “problema social”.

Porque la especialista dice que “solo se llega a una parte del universo violentado -la punta del iceberg- pero se desconoce cuántos más niños, niñas y adolescentes padecen situaciones violentas”.

Como en años anteriores, los varones son las principales víctimas en todos los tipos de maltrato, salvo en la violencia sexual. El abuso sexual es más evidente entre las mujeres y a mayor edad de la víctima.

Los datos 2018, publicados ayer con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, muestran que la violencia emocional es la más extendida pero, también, revelan una curiosidad: en la edad más temprana (de cero a tres años), la violencia física se impone como el principal tipo de maltrato.

En buena medida esto se debe, según Mizrahi, a que “la primera infancia está siendo atendida más de cerca, por ejemplo en los CAIF, y los operadores pueden detectar los casos”. En este sentido, la semana que viene el Sipiav presentará una guía para que los técnicos estén atentos a la hora de detectar y atender los casos.

La otra novedad en esta nueva edición de datos, es la reciente aprobación de una modificación del Código de la Niñez que, en términos generales, determina que el consentimiento de la víctima no debe ser tenido en cuenta como un atenuante a una pena judicial.

“Es todo una señal que ese cambio legislativo haya contado con el apoyo de todos los actores políticos y de todos los partidos políticos”, reconoció Mizrahi.