EMPRESAS PÚBLICAS

Sostienen que “se pasa por alto” la carrera administrativa.

El directorio de UTE, encomendó a uno de los asesores del presidente del ente Gonzalo Casaravilla una de las principales unidades de la empresa, la gerencia del área transmisión.

La resolución fechada el 21 de febrero establece que dada la renuncia del responsable del área Ignacio Ponce De León (como gerente de transmisión) se designa como tal a Julián Malcón, quien se entiende que “posee vasta trayectoria” al haber trabajado 32 años en la unidad y se destaca por su rol de “articulador” asumido dentro de la empresa en los últimos años.

Malcón fue designado en 2015 como funcionario adscripto de Casaravilla y fue desafectado de la tarea a pedido del presidente del ente el mismo 21 de este mes. En la resolución de su designación se señala: “Tratándose de servicios esenciales, el directorio podrá encomendar a cualquier funcionario idóneo en forma interina las tareas inherentes a puestos superiores, en cuyo caso podrá disponer el pago de la diferencia de remuneración a partir de la fecha del desempeño efectivo de la función asignada”.

La decisión aprobada por mayoría del directorio no contó con el voto del colorado José Amy, dijeron a El País fuentes de la empresa pública. Los informantes agregaron que se generó malestar con tal designación ya que se “saltearon” a quienes deberían ser encomendados para ese puesto mientras se hace el concurso para proveer el cargo.

Fuentes técnicas de la empresa indicaron a El País que en esta designación no se cumple con la “dependencia directa” del puesto vacante, existiendo dos profesionales elegibles según el estatuto del funcionario. “La carrera administrativa se sustituye por un atajo”, consideraron funcionarios de UTE.

Esta no es la primera vez que decisiones adoptadas por el directorio a impulso de Casaravilla generan controversia en la interna de UTE. El País había informado, en setiembre del año pasado, la decisión del directorio de UTE de llevar adelante una reestructura gerencial. En octubre, un grupo de 400 funcionarios de la empresa eléctrica había presentado un recurso contra esa decisión del directorio.

Casaravilla, argumentaba que la reestructura implicaba que se pasara de 31 puestos de alta gerencia a 22, lo cual, según él, hubiese generado ahorros para el Estado. Si embargo, a fines del año pasado se conoció la noticia que el Poder Ejecutivo la frenó. “No está prevista ninguna reestructura hasta el fin del gobierno”, declaró el director de la OPP Álvaro García en entrevista con radio Carve.