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Lust y Zubía buscan reformar el Código del Proceso Penal

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Código del Proceso Penal. Foto: Fernando Ponzetto
Nuevo Codigo del Proceso Penal - Audiencia de formalizacion en juicio a El Fofon, joven responsable de herir a un niño en el barrio Casavalle durante un ajuste de cuentas, Montevideo, ND 20180316, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais
Darwin Borrelli/Archivo El Pais

REPRESENTANTES OFICIALISTAS

Los diputados de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, respectivamente, pretenden limitar los procesos abreviados con delincuentes.

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Los diputados Eduardo Lust (Cabildo Abierto) y Gustavo Zubía (Partido Colorado) constataron que tienen coincidencia en cuanto al funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), en vigencia desde noviembre de 2017, que supuso cambios profundos en el funcionamiento de la justicia penal, y decidieron promover un proyecto de ley en común para modificarlo.

El nuevo sistema, impulsado y liderado en sus inicios por el hoy exfiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió desde el arranque varios cuestionamientos por distintos temas, pero hubo uno que fue de los más criticados: la posibilidad, en este régimen, de que los casos se resuelvan mediante acuerdos y, específicamente, a través de los denominados procesos abreviados. Esta figura jurídica permite a los fiscales negociar con los defensores de los delincuentes la reducción de las penas -aunque con límites establecidos por la ley- a cambio de que el indagado confiese su participación en los hechos que se le imputan, firme una declaración, y así el Ministerio Público ahorre el tiempo y los recursos necesarios para llevar adelante un juicio oral, que son muchos.

Las críticas contra esta herramienta señalan que las sentencias obtenidas mediante procesos abreviados -que constituyen cerca del 90% de todos los casos que resuelve la Fiscalía- se obtienen a través de acuerdos presuntamente espurios y sin participación de un juez, al menos mientras se lleva adelante la negociación. Por lo que tanto Lust como Zubía intentarán, con la presentación de un proyecto de ley en el que recién se encuentran trabajando, modificar el alcance de estos acuerdos.

“Queremos limitar los procesos abreviados, darles más competencia a los jueces y disminuir la que tienen los fiscales”, resumió Lust en diálogo con El País.

No es algo sencillo. Zubía, fiscal penal hasta marzo de 2018, sabe que quitarle esta herramienta el Ministerio Público desembocaría en un colapso de la institución, porque implicaría que la totalidad de las investigaciones penales pasen a resolverse tras el largo y complejo camino de los juicios orales. “Hoy el proceso abreviado, que tiene sus ventajas y sus desventajas, es una realidad y constituye una necesidad del sistema que se lo utilice”, reconoció el diputado colorado.

Pero hay algunas ideas. Por ejemplo, que solo pueda recurrirse a estos acuerdos en los casos de “delitos de escasa entidad, como hurtos o aquellos que tienen una pena menor a los dos años”. Y que cuando haya delitos de mayor cuantía estos no se procesen en juicios orales ordinarios, sino en los llamados simplificados -que llevan mucho menos tiempo-, una figura creada por la LUC. “Los legisladores tienen que entender que hoy se dictan condenas por homicidios de hasta diez años, y que son fruto de una dialéctica, no del diligenciamiento de pruebas”, sostuvo Zubía.

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