GOBIERNO ELECTO

Ley de urgencia: chocan blancos y colorados por la libertad de cátedra de los docentes

Lacalle Pou quiere cambiarla pero los colorados se oponen.

Talvi, Sanguinetti y Lacalle Pou en la Casa del Partido Colorado. Foto: Fernando Ponzetto
Negociación: los colorados no están de acuerdo con la propuesta de los blancos de modificar la libertad de cátedra de los docentes. Foto: Fernando Ponzetto

Los colorados no quieren comprarse nuevos “líos” con los sindicatos de la educación, por eso, ahora que serán parte del gobierno y en la previa a un año de discusión presupuestal, prefieren no abrir nuevos flancos.

En plena etapa de negociación de la ley de urgente consideración que el presidente electo Luis Lacalle Pou pretende enviar al Parlamento, los colorados discrepan con una de las propuestas de los blancos que busca modificar la libertad de cátedra de los docentes (libertad para seleccionar los contenidos para los alumnos, entre otras cosas).

Los colorados prefieren mantener la libertad de cátedra y rechazan que se la sustituya por el término “autonomía técnica” como proponen los blancos. Entienden que al rechazar la propuesta de los blancos, se “evitaría un lío más con los docentes”, aseguró una fuente colorada a El País.

La libertad de cátedra fue históricamente utilizada en la enseñanza universitaria y no fue hasta que el Frente Amplio la incluyó en la ley de educación de 2008 que comenzó a emplearse para la enseñanza primaria y media.

Un dirigente blanco que prefirió no ser identificado dijo a El País que aún se están estudiando las sugerencias de cambios al anteproyecto realizadas por los socios de la coalición y que en los próximos días se realizará una devolución. En este caso, comentó que los colorados fundamentan su posición en que existen documentos que reglamentan la educación primaria y media en los que ya se utiliza el término.

La fuente aclaró que la idea “no es restringir la libertad de los docentes, sino que es solo una precisión terminológica”. Es que, en definitiva, los blancos solo cambian la denominación del artículo 11 de la Ley N° 18.437 y mantienen el contenido.

“El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio”, señala el artículo. El mismo añade que “los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance”.

Para los blancos, la descripción del artículo no se corresponde con la libertad de cátedra: “¿Dónde está la gran diferencia? Que si vos le das libertad de cátedra a los docentes, no podés tener planes y programas”, aseguró una fuente a El País.

Para el informante, “algunos sindicatos han usado esto para decir que queremos coartar la libertad de los docentes”. Pero aseguró que eso no es así.

El País intentó comunicarse sin éxito con la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y con la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

"RETROCESO"

Los consejeros electos de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) propuestos por el Pit-Cnt: Juan Pérez, Pablo Caggiani y Carlos Rivero, emitieron una declaración en la que entienden que “algunas” de las “consideraciones” del anteproyecto constituyen un “retroceso para la educación pública de nuestro país”. Sostienen que la “regresión” afectará los derechos de los trabajadores y estudiantes.

Consideran que de los 457 artículos del anteproyecto, 68 refieren a educación “anticipando un planteo de privatización y mercantilización que confirma el carácter regresivo del mismo y que además profundiza como nunca antes en propuestas intrínsecas al neoliberalismo”. Plantean entre otras cosas, que las propuestas de Lacalle Pou constituyen el “desmantelamiento de áreas y formas de administración de los servicios educativos”.

Dedican un extenso análisis a la “pérdida de autonomía” que según entienden encierra la propuesta de los blancos. “Nuestro país se distingue en el mundo por tener un sistema de educación estructurado sobre la base de entes autónomos en donde el Estado garantiza la educación pública sin que el Poder Ejecutivo tenga potestades en la conducción del mismo”, indican. Para los consejeros, este principio de autonomía “es violentado con la propuesta del anteproyecto de ley de urgente consideración en donde en los hechos el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pasa a regir las políticas educativas de la ANEP, subordinándolas al control político partidario del Poder Ejecutivo”.

También cuestionan las modificaciones en el régimen de trabajo. “Uno de los aspectos que afecta a todos los trabajadores de la educación consiste en la pérdida de la actual regulación laboral y cambios en las garantías que amparan a los docentes a través del respectivo estatuto del funcionario”, señalan los consejeros en una declaración a la que accedió El País.

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