Juicio Político

El senador de la Lista 711 presentó sus descargos por el juicio político iniciado por el diputado Iturralde.

"He demostrado mi inocencia", sostuvo el senador Leonardo De León (Lista 711) en rechazo de un juicio político que se tramita en la Cámara de Diputados en su contra. En un descargo presentado, acusó al diputado nacionalista Pablo Iturralde de presentar la iniciativa por "minutos de fama".

"Estamos en presencia de un intento estéril de juicio político por hacerse de unos minutos de protagonismo del diputado Iturralde, quien recurre a un instituto previsto en la Constitución para obtener una separación del cargo y un posterior juzgamiento", señala el texto del descargo que presentó el senador De León, al que tuvo acceso El País. La nota fue entregada el 9 de este mes.

El eje de su defensa pasa por el hecho de que su caso ya fue laudado por la Justicia. Para eso se basa en el dictamen del fiscal del Crimen Organizado Luis Pacheco y de la jueza Beatriz Larrieu, que determinaron el archivo por el uso de tarjetas corporativas durante su gestión al frente de ALUR por tratarse de una empresa de derecho privado. Esto, a pesar de que la Fiscalía consideró que el senador de la Lista 711 u2014que lidera el exvicepresidente Raúl Sendicu2014 "hizo un uso discrecional de las tarjetas" y "puede decirse que incurrió en conductas contrarias al principio de probidad" u honradez.

"En buen romance, mi accionar no fue pasible de reproche penal alguno", afirmó De León a modo de resumen en la nota presentada ante los legisladores de la Comisión de Constitución, que volverán a reunirse en dos semanas para analizar los argumentos del senador.

En el pedido de juicio político, Iturralde, sin embargo, sostiene que el legislador violó las normas de "probidad y rectitud" a la hora de usar los recursos públicos. Ante esta acusación, De León consideró que la denuncia es "falta de sentido" y "poco criteriosa".

De León recordó que fue él quien se colocó a disposición de la Justicia una vez enterado de la denuncia presentada el 6 de febrero de este año ante el entonces presidente de la Cámara de Diputados José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay).

En la misma línea, De León sostiene que "el tema está plenamente laudado" porque es la Justicia el ámbito para "esclarecer los hechos", "siendo el órgano más garantista de todos". Como elemento a su favor recuerda que se presentó a declarar ante el juzgado del Crimen Organizado motu proprio y sin amparase en fueros parlamentarios. La denuncia judicial fue presentada por el Partido Independiente.

"El diputado Iturralde obnubilado por unos minutos de fama desconoce los institutos constitucionales vigentes y pretende recorrer una instancia que ya fue laudada por la Justicia, ámbito natural de atribución de responsabilidad ante las conductas denunciadas", sostiene el senador.

Además de sus tres páginas de descargo, De León elevó a la Comisión de Constitución todos los escritos presentados en la Justicia por sus abogados. Por lo que al final solicita a los diputados que dejen "sin efecto" el juicio político que se lleva adelante a pedido de Iturralde.

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El diputado nacionalista dijo a El País que De León "vuelve a confundir" porque el juicio político y el desafuero "son cosas distintas".

"Son mecanismos previstos en diferentes artículos de la Constitución. En un caso el juez puede pedir el desafuero y en otro caso Diputados (artículo 93 de la Constitución) tiene la acción de acusar", señaló Iturralde. El juicio político se inicia ante la Cámara de Diputados y si se hace lugar pasa al Senado, que es el que juzga y para sacarlo del cargo se requieren dos tercios", explicó.

Iturralde dijo que en el año 1973, la Justicia le pedía el desafuero al senador Enrique Erro, pero igualmente el Parlamento hizo un juicio político en su contra. "Vinieron tres constitucionalistas a la Comisión de Constitución y Códigos y los tres dijeron que correspondía el juicio político más allá de lo que dijera la Justicia. No tiene nada que ver un caso con el otro", insistió. Según dijo, las dudas de los constitucionalistas tenían que ver con si era necesario pasar el tema directo al Plenario de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a Iturralde, los expertos en Derecho Constitucional consultados sostienen que el juicio político no se puede frenar en la Comisión de Constitución y Códigos, sino que debe pasar sí o sí por el Plenario de la Cámara de Diputados. Iturralde dijo que para promover tal instancia cuenta con el respaldo del Partido Nacional para seguir adelante con el juicio político. "Me han dicho de la oposición que me apoyan y no doy por descontado que el Frente lo apoye a De León, tengo mis dudas", agregó.

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El Tribunal de Conducta del Frente Amplio elevó hace casi dos semanas a la presidencia de la coalición el informe sobre el senador de la Lista 711 Leonardo De León, por el uso de las tarjetas corporativas en ALUR.

La resolución fue dirigida en sobre lacrado al presidente de la coalición Javier Miranda. Al momento no han trascendido los contenidos del informe, aunque fuentes frentistas señalaron a El País que tiene consideraciones similares a las efectuadas por el organismo en el caso del juzgamiento de la conducta del exvicepresidente Raúl Sendic, por el uso de las tarjetas corporativas en Ancap.

El Tribunal consideró como "inaceptable" a la conducta de Sendic por entender que hubo manejo inadecuado de los dineros públicos. El informe del Tribunal de Conducta nunca llegó a ser abordado por el Plenario, ya que Sendic renunció el mismo 9 de setiembre, el mismo día en que estaba previsto tratar el asunto.

La coalición debe definir ahora si en el Plenario previsto para el próximo 1º de setiembre se trata el caso de Sendic, ya que hay sectores que pretenden inhabilitarlo a presentarse como candidato al Senado bajo el lema Frente Amplio.