DECISIÓN

Larrañaga ordenó rectificar aumento de requisitos para la residencia en Uruguay

El ministro rectificó ayer una polémica resolución que, según aseguró, no había pasado por él y dijo a El País que “no se dio marcha atrás”, porque él “nunca fue para adelante con esa resolución”.

Inmigrantes cubanos en Cancillería. Foto: Francisco Flores
Todos los días en la puerta de Cancillería se puede ver una fila de migrantes intentando conseguir sus papeles. Foto: Francisco Flores.

El Ministerio del Interior había subido el requisito de ingreso económico que un extranjero -que no fuera ciudadano de un país del Mercosur-, debía probar para obtener la residencia temporaria o permanente en Uruguay. Hasta el 2 de setiembre de este año la cartera pedía el equivalente a un salario mínimo nacional ($ 16.300 por mes), pero desde entonces pasó a solicitar el monto relativo a una canasta básica individual ($ 26.800). Sin embargo, tras las quejas presentadas luego de la publicación del semanario Búsqueda que informaba sobre esta modificación, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio la orden de rectificar la decisión.

El jerarca dijo ayer a El País que “no se dio marcha atrás”, porque él “nunca fue para adelante con esa resolución”. Reconoció que esta salió de la subsecretaría de su cartera, pero sostuvo que no le fue consultada antes de aprobarse. También dijo que le comunicó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, su decisión de llevar adelante la rectificación.

“Fue una medida administrativa que se tomó basada en las opiniones de abogados que trabajan en la subsecretaría, en el marco de la Junta Nacional de Migración (JNM). Pero como yo no estoy de acuerdo, se rectifica”, precisó el ministro.

Antes de proceder al cambio, Larrañaga habló con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien compartió que no era el momento de tomar una medida de tales características. “Le dije que yo no estaba de acuerdo con el criterio y se fue para atrás. Por la situación que se está viviendo no me parece bien modificar lo que se está aplicando”, advirtió el ministro.

El jerarca señaló, además, que “como resultado de la aplicación no hubo una sola persona perjudicada”. Mientras duró la resolución, el ministerio otorgó 156 residencias definitivas y no llegó a haber ninguna solicitud denegada

Sin embargo, el subsecretario Maciel informó a El País que en ese lapso (del 2 de setiembre hasta ayer), la cartera notificó a siete migrantes que no alcanzaron a justificar el mínimo solicitado y se les pidió más información. Ahora que el criterio volvió a fijarse en el salario mínimo, “hay que mirar uno por uno los siete expedientes”, dijo Maciel. “Si ya llegan a los $ 16.300, no se les da vista (como se hizo hasta ahora), sino que se les otorga la residencia directamente”, detalló.

El subsecretario explicó que el cambio en los requisitos se gestó en los servicios jurídicos del ministerio, donde se entendió que no era ajustado referir al salario mínimo y por ello manejaron otro parámetro.

A su vez, Maciel aseguró que él no estaba al tanto de la decisión y que el cambio no pasó por la jerarquía política. “Uruguay tuvo y tiene una larga tradición de seguir abierto al migrante”, agregó el número dos de Interior.

Maciel sostuvo que la revisión de la medida se produjo “a raíz de las quejas de algunos”, aunque prefirió no mencionar a una persona u organización en particular.

De todas maneras, la Red de Apoyo al Migrante asume la responsabilidad y considera que la revisión de la medida responde a su reclamo, porque la decisión de volver a pedir el salario mínimo fue anunciada por Larrañaga horas después de que esta organización presentara una carta en el ministerio firmada en conjunto con el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones (CCAM).

En la misiva, señalan que la medida se tomó “de forma sorpresiva y sin considerar el actual contexto de pandemia”, y “exhortan a las autoridades competentes a reconsiderar y dejar sin efecto los requisitos para la tramitación de residencia”.

Jorge Larrañaga en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal.
Jorge Larrañaga en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal.

“Como CCAM, tomamos conocimiento de estas modificaciones por las múltiples consultas que nos realizaron las personas migrantes afectadas por estos cambios que se encontraban vigentes desde el 2 de setiembre del 2020. Oficialmente las modificaciones se nos comunicaron en la reunión mensual con la JNM, celebrada el 8 de octubre del 2020, más de un mes después del comienzo de su implementación”, agrega la carta.

Ambas organizaciones planteaban en la misiva que “el endurecimiento de los requisitos para la regularización de estos ciudadanos en Uruguay” generaría varias consecuencias, como “una mayor vulnerabilidad de la población migrante” que se vería “relegada a situaciones de trabajo informal y excluida del acceso a vivienda y garantías de alquilar, además de las prestaciones médicas gratuitas”.

A su vez, decía que llevaría “a lo que ya ha sucedido en países que adoptaron estas medidas. Las personas migrantes continúan desplazándose, dado que es para ellas un imperativo de supervivencia; pero la situación de irregularidad migratoria provocada por los requisitos de los países receptores, les torna más vulnerables a grupos criminales que buscan lucrar con esos obstáculos: tráfico de personas, redes de trata y explotación, trabajo informal, y otras formas de vulneración de derechos”. Y añadían: “Quienes no puedan acceder a fuentes de trabajo legítimas, intentarán otras vías para obtener ingresos”.

Unas horas después de presentada la misiva, el abogado Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, anunció en su cuenta de Twitter que Larrañaga lo llamó por teléfono para avisarle que la medida había sido dejada sin efecto, y que se volvería al criterio del salario mínimo nacional”.

“Buenas noticias”, celebró Ceretta en la red social.

“Un triunfo político de la sociedad civil”

La decisión del Ministerio de Interior anunciada ayer, de dejar sin efecto el aumento en los requisitos económicos para dar la residencia, fue considerada por Pilar Uriarte “como un triunfo político de la sociedad civil”, gestado por “el trabajo mancomunado” de varias asociaciones e instituciones. Uriarte integra la asociación Idas y Vueltas, con sede en Ciudad Vieja, la Red de Apoyo al Migrante y el grupo de investigación Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos Poblacionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados