SECUNDARIA

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"Demandaré al Estado: Poder Legislativo por esta monumental impostura que arruinó la vida de mi familia y la mía”, anunció el exconsejero de Secundaria, Javier Landoni, en una nota dirigida a los integrantes de la investigadora parlamentaria de Fenapes. El primer paso ya lo dio al presentarse a una conciliación donde reclamó $ 8 millones.

El anuncio de una demanda fue realizado por el propio Landoni en un escrito fechado el pasado 12 de mayo, en el cual cuestiona que la comisión no mantuviera reserva de sus actuaciones durante la investigación para no lesionar “el derecho a la honra”, de acuerdo al texto al que tuvo acceso El País. En ese marco, reclamó ser tratado como “inocente” mientras no exista un pronunciamiento firme de culpabilidad.

Landoni sostiene que “si se lincha públicamente al sujeto investigado o indagado se sepulta la presunción de inocencia”, consagrada en la Constitución. Así contestó a la resolución que adoptó la comisión (con los votos de la coalición de gobierno) donde se establece que del trabajo de investigación “surgen presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva”, entre las que se cita: fraude, estafa, falsificación, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones.

“Ya tenté la conciliación previa ante el Poder Judicial y en los próximos días demandaré al Estado - Poder Legislativo por esta monumental impostura”, afirmó el exconsejero.

De hecho, el Poder Legislativo recibió la citación al Juzgado de Conciliación el 11 de marzo, donde se pedía concurrir el 6 de abril. En la audiencia, la parte citante (Landoni) informó que pidió la conciliación previo al juicio “que se propone iniciar en el juzgado competente”, de acuerdo al acta de la reunión a la que accedió El País. Luego de indicar que la investigación parlamentaria es “manifiestamente ilegítima” y cuestionar que “algunos representantes han retransmitido en vivo a los medios extendiendo pareceres de condenas” y “haciendo trizas la honorabilidad de una persona que no ha sido condenada” se reclaman $ 8 millones.

Por su parte, el Poder Legislativo desconoció “en todos sus términos” el reclamo y el monto solicitado. “Se intenta sin éxito que las partes lleguen a algún acuerdo”, por lo que se resuelve: “Téngase por inútilmente tentada la conciliación”.

Enterado de una posible demanda contra el Poder Legislativo, el diputado de Cabildo Abierto y profesor de Derecho Constitucional, Eduardo Lust, hizo una nota a Jurídica pidiendo información al respecto. En la misma, Lust señala que “es sabido que existe la responsabilidad del Estado por acto legislativo y la irresponsabilidad de los parlamentarios por su accionar acorde a la Constitución, amparado en el llamado “fuero del legislador”. En tanto, atendiendo su pedido el presidente de la comisión, Alfonso Lereté, realizó la solicitud de información a Jurídica del Parlamento.

Consultado por El País, Lust indicó que entiende que no se prejuzgó y “mucho menos difamó a ninguna persona”. “La comisión cumplió con el deber de dar vista de lo actuado. Y se dio vista por artículo 66 de la Constitución y artículo 37 de la Ley N° 16.698. No emitimos un prejuzgamiento”, señaló en la investigadora del pasado lunes.

“Uno no hace las declaraciones porque sabe que tiene fueros y no le dicen nada, no es por eso. Uno declara y vota lo que siente”, aseguró Lust.

Por su parte, el denunciante de la investigadora, Felipe Schipani (Partido Colorado), señaló a El País que “no tiene fundamento jurídico ninguno” una denuncia contra el Poder Legislativo por las actuaciones de la comisión que indagó sobre las licencias de Fenapes. “No hemos difamado a nadie, simplemente como no era reservado trascendía el contenido. Tuvo la oportunidad de ir y no quiso”, acotó el diputado sobre el exconsejero.

El País se comunicó con el abogado de Landoni, Daniel Ochs, quien explicó que en ese momento no podía atender.

En agosto de 2012, toda la bancada del Frente Amplio (50 diputados y 14 senadores) que votó la liquidación de Pluna S.A. (Ley 18.387), fue citada a declarar ante una denuncia presentada por un particular que invirtió US$ 60.000 en acciones de Pluna. En el texto de la demanda se señalaba que “dolosamente” los legisladores aprobaron una ley “inconstitucional” que le daba prioridad al Estado a la hora de cobrar, “agrediendo los derechos de la masa de acreedores”. Por otro lado, el Poder Legislativo tuvo que pagar a los forestales por haber perdido un juicio contra una ley aprobada en el gobierno del expresidente José Mujica, donde se les cobró una tasa extra de Impuesto al Patrimonio. Para Lust este caso es diferente porque si bien el Parlamento tiene responsabilidad por “acto legislativo”, en esta ocasión no lo hay porque no se aprobó ninguna ley.