PUERTO DE MONTEVIDEO

En las últimas horas la empresa Katoen Natie transmitió que evalúa como favorable la posibilidad de que en el acuerdo con el Poder Ejecutivo, por el cual se extendió la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto (TCP), también se incluyan inversiones en seguridad y la compra de escáneres para detectar mercadería irregular y, sobre todo, cargamentos de droga.

Se trata de una aspiración de Cabildo Abierto, partido que logró -luego de la interpelación que hizo el Frente Amplio por este tema al ministro Luis Alberto Heber- que se incluyera una cláusula en el acuerdo que explicitara que, en el caso de que la firma belga quisiera vender las acciones que tiene en TCP, es necesaria una autorización del Poder Ejecutivo.

La inclusión de esa precisión -que contó con el aval del Ejecutivo y la empresa- fue una condición que había puesta el partido liderado por Gui-do Manini Ríos para apoyar las declaraciones realizadas por Heber en el Parlamento el 18 de agosto.

Sin embargo, tal como in-formó El País, los cabildantes tienen más pretensiones: acortar el plazo del contrato, que la compañía se haga cargo del costo del dragado y otros aspectos como justamente intensificar los controles en el puerto. Y esto, según informaron ahora fuentes de la compa- ñía europea, se vio como “una buena idea a incorporar en el diseño” de un proyecto de inversión complementario al general en TCP -el que inclu-ye obras de ampliación por US$ 455 millones que ya comenzaron- para modernizar el acceso Maciel del puerto de Montevideo.

“Estamos viendo de incorporar inversiones adicionales en ese acceso y contemplar lo que tiene que ver con seguridad y tecnología, incluyendo la compra de escáneres”, se señaló desde la empresa a El País.

Cabildo Abierto había planteado el reclamo para dar solución a un histórico problema en la terminal portuaria. De hecho, a fines de junio, días después de que en España fuera descubierto un contenedor que había salido de Uruguay con una tonelada de cocaína, el gremio de los aduaneros entregó al presidente Luis Lacalle Pou un documento en el que insistía sobre la necesidad de adquirir un nuevo aparato, ya que se considera que el actual equipo en funciones se encuentra obsoleto.