Parlamento aprueba leyes contra corrupción

Jutep quiere limitar denuncias contra candidatos en campaña

El organismo entiende que denuncias de políticos contra políticos no son prioridad.

Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep. Foto: Fernando Ponzetto
Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep. Foto: Fernando Ponzetto

"No queremos que nos usen” en un año electoral, aseguró el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública Ricardo Gil Iribarne. El organismo -que ha cobrado relevancia pública a partir del caso de Raúl Sendic- está haciendo consultas jurídicas para establecer un período en el cual no se puedan recibir denuncias o hacer pronunciamientos sobre los candidatos.

En diciembre la Jutep cumplió 20 años, aunque como servicio descentralizado funciona desde el 2015. Pero no hubo festejos y pasó inadvertido en la opinión pública. ¿Por qué? La razón es la falta de fondos, ya que no se otorgó ningún incremento presupuestal de los que habían sido pedidos en la Rendición de Cuentas aprobada el año pasado. “Pasó desapercibida la fecha, lamentablemente”, admitió Gil Iribarne en entrevista con El País.

El organismo que se pronunció en el caso de Sendic, sobre el senador Leonardo De León (Lista 711), el intendente nacionalista Agustín Bascou y el consuegro del presidente Tabaré Vázquez, entre otros, se prepara para enfrentar un año que estará marcado por las elecciones nacionales que se celebrarán el 30 de octubre.

Las primeras señales de la campaña indican que “hay denuncias de políticos contra políticos”, lo que preocupa a la Jutep. “Los mismos que no apoyan con su voto en la Rendición de Cuentas a la Jutep, después vienen y dicen que es importante la Junta y traen denuncias contra otros políticos. Eso lo queremos parar de la mejor manera”, advirtió Gil Iribarne.

A consecuencia de esta situación, el organismo encargado de velar por la ética está revisando la legislación para saber si hay alguna “zona neutra” del año electoral. “Me refiero a que haya un período en que no se reciban denuncias sobre candidatos, por ejemplo. Hay alguna norma que plantea algo así y nos parece interesante porque el mal uso de este tema nos preocupa mucho y ya se ha evidenciado antes de la campaña electoral”, explicó el jerarca.

Las consultas se hacen en el marco de una norma que plantea que hay períodos en los cuales no se reciben denuncias o que hay que sacar las resoluciones antes de tal fecha para evitar que impacte sobre el acto electoral. “Queremos saber si eso es aplicable”, acotó Gil Iribarne acerca de los asesoramientos solicitados.

“El mensaje que queremos dar es que las denuncias de los políticos contra políticos, salvo que sea una cosa muy grave, no son la prioridad, porque no queremos que nos usen. El riesgo es dejar de costado algún tema. Queremos mantener la confianza de que acá no hacemos política partidaria y que no le hacemos los mandados a los partidos políticos. Eso es fácil de decir, hay que demostrarlo”, subrayó Gil Iribarne.

Se busca cuidar esa imagen de respeto que generó la Jutep en estos años, ya que condenó la conducta de gobernantes de todos los partidos políticos.

“Siempre dijimos esta Junta no hace política partidaria. No hay ninguna priorización por razones políticas partidarias. Y hemos tocado casos vinculados a todos los partidos políticos. Los corruptos son malos en cualquier partido que estén, hay corruptos en cualquier partido y hay gente sana en cualquier partido. El tema es ayudar a la gente y la sociedad a depurar”, opinó Gil Iribarne.

La Jutep concluyó, en setiembre del año 2017, que Sendic violó normas vigentes de administración de fondos públicos al usar las tarjetas corporativas de Ancap. El fallo marcó un antes y después en la vida política del entonces vicepresidente que debió renunciar al cargo y tuvo derivaciones judiciales, ya que fue procesado por peculado y abuso de funciones.

Para la Jutep el caso también tuvo otro efecto. A partir de allí el organismo tuvo mayor visibilidad pública y con eso también empezaron a llegar más denuncias. Desde setiembre de 2017 hasta ahora se recibieron entre 70 y 100 denuncias, muchas de las cuales se hacen por mail, otras por vía telefónica, personalmente o de forma anónima. De acá al 2020 se instrumentará un portal de denuncias web que permitirá una mayor coordinación dentro del Estado.

Secreto bancario.

En la actualidad, hay 50.000 sujetos obligados a presentar declaraciones juradas y en 2018 fueron alrededor de 6.000 los que estuvieron omisos, lo cual es una “falta grave”. Por disposición legal, al que no presente su declaración se le debe retener la mitad del sueldo y sancionarlo. Lo primero se ha hecho, pero de lo segundo la Jutep no tiene conocimiento alguno.
Hoy por hoy, el 100% de los funcionarios del Ministerio del Interior están obligados a presentar declaración jurada, lo que abarca hasta a los bomberos zafrales. “En el Ministerio del Interior son más de 30.000 funcionarios, es mentira que estemos controlando a 30.000 funcionarios. Es mentira, los ponemos, hacemos ruido. Hacemos bulto, pero no se puede controlar”, advirtió Gil Iribarne.

Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y que será considerado este año por el Senado, establece que sean menos los sujetos obligados a presentar declaraciones y se los seleccione en función de análisis de riesgo de corrupción. La Jutep está de acuerdo con esto y reclama algo más: levantar el secreto bancario.

Las declaraciones solo se abren si hay resolución judicial, de la Fiscalía o de la propia Jutep. Para el organismo tampoco tiene sentido abrirlas si no se puede verificar la información con los saldos bancarios. El organismo entiende que la salida es habilitar el levantamiento del secreto bancario en determinados casos y para corroborar que lo declarado sea real.

“Hay que tratar que los que roban no tengan lugar en el Estado”
Ricardo Gil Iribarne- Presidente de la Jutep
Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep. Foto: Fernando Ponzetto

-La Jutep juzgó la conducta de dirigentes de todos los partidos. ¿Hay alguna relación entre eso y la negativa a aumentarle el presupuesto al organismo?

-El directorio actual entendió que no podíamos ser un organismo pasivo (...) El tema de la corrupción está muy vinculado a la política partidaria, entonces seguramente iba a generar cuestionamientos. Dijimos esta Junta no hace política partidaria. Y hemos tocado casos vinculados a todos los partidos políticos. Con respecto al presupuesto, no solo no se aprobó lo que implicaba un costo, pero no se ha aprobado lo que no tiene costo. Lo que ahorraba plata tampoco se aprobó. No se aprobó lo que generaba ingresos que era cobrar asesoramientos, que era cobrar capacitaciones al sector público o privado. No se aprobó la disponibilidad de bienes, nosotros no tenemos auto oficial ni queremos tener, pero tenemos tres garajes y lo que pedimos era que pudiéramos disponer de nuestros bienes, lo que se hace en cualquier familia cuando hay problema de plata. Lo que planteamos también fueron cargos y no tuvimos suerte (...) Lo dije en su momento y lo reitero ahora, el hecho de que la Jutep tomara un rol más activo no le gustó a una buena parte del sistema político. No sentimos que el sistema político nos haya apoyado en esta tarea que pensamos que es muy importante para la sociedad.

-¿Le pasaron factura a la Jutep?

-No sé si es pasar factura, porque no se trata de una venganza de fulano o mengano. Parecería que por las dudas es mejor no potenciar mucho a la Jutep (...) No nos gusta hablar de persecución ni de venganza. Lo que decimos es que vemos que no hay una voluntad de apoyo fuerte a la Jutep, más allá de las declaraciones. De la misma manera que cuando analizamos casos de un partido vemos que hay otros actores que nos aplauden, pero cuando les toca a ellos se molestan.

-¿Hay demagogia en ese sentido?

-Hay un doble discurso de algunos actores sin duda y no se comprende que el ciudadano está pidiendo otra cosa.

-Ahora casi todos los políticos hablan de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Qué opina de que este tema sea usado en la campaña electoral?

-Creo que este tema es usado en campaña electoral, sistemáticamente en todo el mundo y si se mira lo que pasó en América Latina es clarísimo. Es un mecanismo usado y ha dado rédito en el plano político partidario, pero lo que hay que marcar es que en el fondo esta práctica debilita al sistema democrático. ¿Por qué? Yo estuve trabajando en Argentina, entre el 2010 y el 2015, y en un momento había tantas denuncias sobre corrupción que el efecto fue clarísimo. La gente no le creía ni al denunciado ni al denunciante y perdía confianza en todo el sistema (...) Entonces, podemos hablar mucho de corrupción, es fácil hablar de corrupción y echarle la culpa a otro. El problema es qué hacemos para que la corrupción no nos pase por arriba.

-¿Cómo es la relación de la Jutep con el Poder Ejecutivo?

-La relación es formal, tenemos independencia técnica total.

-¿Se comunica con el presidente Tabaré Vázquez?

-No, para nada. Alguna comunicación por ley la canalizamos por medio del Ministerio de Educación. Siempre lo digo, tampoco hemos tenido ni presiones, ni recomendaciones, ni preguntas. Es cierto que nos hemos tenido que expedir a solicitud de Presidencia por algún caso y nos resultó muy claro que Presidencia no compartía nuestra opinión, en el caso del consuegro de Vázquez. Dejó en claro que no compartía, pero adoptó la decisión que nos parecía mejor y eso hay que valorarlo. Hay demasiados casos donde pese a que dijimos que se violaban normas no pasó nada y eso es preocupante.

-¿Por ejemplo?

-El caso de la Intendencia de Soriano es clarísimo y el caso de la Junta departamental de Maldonado es clarísimo. En el caso de Soriano fue por generar un beneficio para el intendente (Agustín Bascou) por el sistema de compra de combustibles. En el caso de Maldonado, la Junta aprobó una partida a los partidos políticos que en ese momento tenían representación parlamentaria y los tres han hecho un silencio maravilloso. Como no ha tenido efecto en muchos casos, la valoración que hicimos por la contratación de familiares. Hay dos tipos de cosas: las que están prohibidas y cosas que no están prohibidas y no está bien hacerlas. Lo que está prohibido es contratar a familiares en dependencia jerárquica hasta segundo grado consanguinidad . No puedo contratar a mi hijo, puedo contratar a mi primo sí; no está prohibido. Ni se me ocurre hacerlo, pero alguien puede decir sabe pila de tal tema. Lo que sabemos que está pasado es que contraté a dos primos, al cuñado, a mi pareja y me hago el distraído (...) Si Ricardo Gil contrata a cinco primos lo que va a decir la gente es que estoy acomodando a la familia y es cierto, no hay vuelta.

-¿Hay que seguir aprobando leyes para evitar la corrupción?

-Había 18 proyectos de ley en el Parlamento en carpeta cuando llegamos. Nosotros dijimos que se precisan dos o tres proyectos, no más y tienen que funcionar. Hacer proyectos para que queden lindos en el papel no sirve para nada. Por eso pienso que abrir declaraciones juradas, si no tenemos secreto bancario, no sirve. Creemos que hoy el principal problema es de implementación. Hace 15 años que tenemos normas que dicen que tengo que rendir la plata que me dan en el Estado, cosa que no ha pasado en varios casos (...) Hemos usado mucha la palabra sinceramiento contra la corrupción. Hoy, hay sensación de impunidad en la sociedad y calentura, me parece mejor que la gente se indigne y no diga siempre ha sido así y hay que elegir entre el que robe menos, o el que robe y sea más bonito o que robe y por lo menos haga alguna obra. No, no. Acá hay que tratar de que los que roben no tengan lugar en el Estado. Y que con la gente buena, que hay en todos los partidos, se pueda hacer un Uruguay mejor. El problema no es la Jutep, es qué país queremos tener y si la corrupción nos pasa por arriba nos vamos al diablo.

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