"NO QUIEREN VENIR"

En el Compromiso por el País, aquel documento programático que en 2019 firmaron los cinco socios de la coalición multicolor, se dejaba bien claro que uno de los objetivos del futuro gobierno era “fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)”.

La forma para llevarlo a cabo, según se proponía en el documento, era dotando al organismo de contralor “de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea”.

Pero eso, a más de dos años y medio del actual período de gobierno, no ha sucedido. La situación ya era crítica en junio del año pasado, cuando en entrevista con El País la presidenta del organismo, Susana Signorino, aseguró que era “muy difícil” trabajar solamente con dos abogadas asesoras, que se encontraban allí en pase en comisión.

Por eso, en el mensaje presupuestal que envió este año la Jutep al Parlamento, que discute actualmente la Rendición de Cuentas, se solicitaba la creación de nuevos cargos.

La situación, ahora, se volvió más apremiante, porque, de las dos abogadas que asesoraban al directorio, una de ellas retornó a su lugar de origen -el Ministerio del Interior-, por lo que al momento el directorio de la Jutep solo cuenta con una profesional para redactar sus informes, documentos y dar asistencia técnica al Ministerio Público, cuando este lo solicita.

“Ahora tenemos que buscar que venga otro funcionario en pase en comisión, pero es complicado, porque no quieren venir”, dijo la jerarca a El País. La dificultad en suplir la vacante a través del mecanismo del pase en comisión -porque no tiene funcionarios presupuestados- reside en que, en la Jutep, no hay carrera funcional, por lo que no es atractivo para profesionales que sí están haciendo carrera en otros sectores del Estado.

El panorama es crítico porque en el área de asesoría jurídica, dijo Signorino, necesitan no menos de cuatro o cinco profesionales, y hoy hay una sola -la abogada que queda-. “Ni siquiera tenemos escribano; cuando asumimos, tuvimos que contratar uno para tomar posesión del cargo”, ilustró.

El compromiso de hacer más fuerte a la llamada junta anticorrupción que consta en el documento programático -en el apartado “Un estado inteligente y transparente”- fue en 2019 una de las condiciones sine qua non que puso Pablo Mieres -hoy ministro de Trabajo- para que el Partido Independiente pasara a integrar la coalición de gobierno. Esta situación, ahora, es vista con “mucha preocupación” por este partido, señalaron fuentes políticas.

En Cabildo Abierto -partido al que pertenece la presidenta de la Jutep- están al tanto de las dificultades, y anunciaron que solicitarán soluciones en esta Rendición de Cuentas, que actualmente se discute en la Cámara de Senadores, ámbito en el que el partido liderado por Guido Manini Ríos tiene tres legisladores.

Raúl Lozano, uno de ellos, adelantó en ese sentido que a partir de este viernes, cuando los senadores terminen de recibir delegaciones y comience entonces la etapa de “negociaciones”, pondrán el tema arriba de la mesa. “Entendemos que para que funcione un organismo tan importante como la Jutep hay que otorgarle los medios materiales y humanos necesarios para que cumpla con su función, que es muy loable”, dijo Lozano.

Pero la situación en la Jutep es aún más compleja.

El funcionamiento del directorio no es óptimo. En diálogo con Montevideo Portal días atrás, Signorino contó que la relación con la vocal del Frente Amplio es sencillamente mala. Entre otras cosas porque la representante de la oposición -la vocal Ana Ferrari, quien prefirió no hacer declaraciones a El País- va a la sede del organismo a “contrahorario” de ella y del director nacionalista Guillermo Ortiz, lo que altera la “dinámica diaria” del directorio.

Signorino, por otra parte, retomó hace poco la actividad luego de una extensa licencia por motivos personales, un período en el cual llegó a analizar la posibilidad de su renuncia -determinación que hoy no descarta.

Todo esto hace que procesos como el asesoramiento jurídico solicitado por la Fiscalía en la denuncia por el acuerdo portuario, o el análisis ético sobre el desempeño del exministro de Turismo Germán Cardoso -también indagado en Fiscalía por compras de publicidad- no tengan avance significativo y no se espero que lo haya próximamente.

En el FA, mientras tanto, la postura es clara. “Creemos que hay que reformular la Jutep, darle independencia política y dotarla de recursos para que pueda funcionar de manera independiente”, dijo a El País el senador Charles Carrera. “Porque hoy no puede brindar las más mínimas garantías”.

La orgánica del Frente Amplio también está preocupada por la situación en la Jutep. Es por eso que se trata de un tema que, junto a otras iniciativas -como la necesidad de que se apruebe una ley sobre financiamiento de partidos políticos-, apunta a que se fortalezca la institucionalidad del órgano de control.

De hecho, el pasado lunes la Mesa Política frenteamplista trató el asunto y reafirmó su intención de que se apliquen medidas para dar un mayor respaldo en su funcionamiento, dijeron a El País presentes en la reunión. Asimismo, las fuentes de la coalición de izquierda resaltaron que este tema fue uno de los que se planteó en el encuentro entre líderes de los partidos políticos realizado días atrás en el Parlamento. En este sentido, la dirección frentista resolvió trasladar el planteo a los coordinadores de las bancadas de senadores y diputados para que hagan un seguimiento a nivel parlamentario.