Gastos observados

Para la Jutep la Junta de Maldonado no fue transparente

La Junta Departamental de Maldonado —algo así como el Parlamento departamental— decidió darle una partida de dinero a cada sector político como forma de incentivar el rendimiento de sus integrantes.

El "incentivo monetario" se reparte en función de la cantidad de ediles que cada grupo político logró en la elección. El tema fue analizado por el órgano que vela por la transparencia en el Estado —la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)— quien dictaminó que la Junta fernandina está haciendo una práctica encubierta de financiamiento a los partidos con sueldos no formales.

El informe de la Jutep ya llegó a manos del presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Luis Artola (Partido Nacional), informó la radio FM Gente y fue derivado a Jurídica para que se analice y elabore un informe.

La partida especial fue creada en 2015 y aprobada por 29 de 31 ediles presentes. El Tribunal de Cuentas cuestionó el gasto. Los ediles de la Junta decidieron no hacer caso a lo que solicitaba ese órgano y continuaron adelante con la práctica, reiterando el gasto que era destinado para sus propios partidos políticos.

Montevideo Portal informó el viernes que la Jutep analizó el caso y redactó una resolución contraria a la práctica de la Junta de Maldonado. Fuentes que trabajaron en la investigación de la Jutep explicaron a El País que el informe fue enviado a la Junta de Maldonado, a la Intendencia de ese departamento, y también a la Suprema Corte de justicia (SCJ) porque se entiende que se está violando la Constitución de la República.

Incluso también fue remitido a la Corte Electoral para que lo analice y dictamine. En la Jutep se presume que detrás de esta práctica hay un delito electoral, ya que se está violando la norma de financiación de partidos políticos.

El informe de la Jutep dictamina que lo resuelto por los ediles de todos los partidos políticos de Maldonado es inconstitucional y por tanto fue remitido a la SCJ. Sin embargo para que el máximo órgano de la Justicia intervenga tiene que presentarse al menos un ciudadano que se sienta lesionado por esa decisión.

El directorio de la Jutep consideró que la aprobación e implementación de las partidas "constituye una violación a las normas vigentes en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancia, buena administración financiera y prohibición del uso indebido de fondos".

Incluso va más allá y acusa al órgano departamental de haber tenido intencionalidad en no a dar a conocer la resolución.

"El hecho de que la resolución que se analiza no aparezca publicada en la página web de la Junta Departamental de Maldonado, no respeta los principios de transparencia activa promovidos mediante la Ley Sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, en tanto dispone la obligación de los organismos públicos de prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados", dice el informe.

Luego agrega que en este caso la "exigencia de transparencia es mayor" ya que quienes adoptaron la resolución se ven favorecidos por la misma resolución que votaron. Es decir: votan otorgar más dinero para sus partidos y en lugar de trasparentar más la deci-sión hacen lo contrario. No la publicaron.

El presidente del órgano fernandino, Luis Artola, aclaró a El País que él "desconocía totalmente" que se estuviese violando la Constitución al momento de aprobar las partidas para los grupos políticos. Dijo que él no lo votó porque no estaba y que su suplente tampoco porque se había retirado de sala.

A pesar de eso aclaró que ni está en contra de la decisión ni está a favor. "Ni lo avalamos ni estábamos en contra", declaró. Incluso dijo que ahora tampo-co tiene una opinión sobre el tema y esperará el informe de jurídica.

En el caso de recibir un informe adverso a la medida: "Se van a tomar las medidas correspondientes, ni que hablar", remarcó el presidente de la Junta.

Al ser consultado sobre si va a primar un criterio político o jurídico dijo que es una mezcla de ambas cosas.

"Tiene que haber un consenso. Me parece que es una decisión política y jurídica. Son las dos cosas", declaró el edil blanco. Luego aclaró: "Lo primero es lo jurídico, es lo que va a primar".

El programa radial Rompecabezas de El Espectador informó días atrás que al poco tiempo de asumir el nuevo gobierno departamental, el entonces presidente de la Junta, Nino Báez, fue quien propuso un proyecto de decreto. La propuesta recibió el apoyo del coordinador de la bancada del Frente Amplio, Andrés De León y de ediles colorados. Al momento de votarlo en la Junta los dos ediles de la Lista 738 —grupo frenteamplista del exintendente De los Santos— se retiraron de sala.

En julio del 2015 el aporte a cada bancada era de 26.914 pesos al mes por cada edil titular. Tres años después la cifra creció a 40.800 pesos mensuales.