PARLAMENTO

Juicio político a De León: vía libre de los constitucionalistas

Iturralde reanudará los contactos en procura de respaldo.

Juicio; puede prosperar pese al archivo que dispuso el fiscal. Foto: F. Ponzetto
Juicio; puede prosperar pese al archivo que dispuso el fiscal. Foto: F. Ponzetto

Expertos en Derecho Constitucional dieron vía libre al diputado nacionalista Pablo Iturralde para que promueva el juicio político ante el Senado del senador frenteamplista Leonardo de León, que pertenece a la lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic. Consideran que la decisión penal que adoptara el fiscal Luis Pacheco sobre su caso no tiene que ver con la eventual responsabilidad política que le puede caber por el desempeño de su cargo. Pacheco pidió el archivo de la denuncia del Partido Independiente contra el senador frentista por el uso que hizo de las tarjetas corporativas cuando presidía Alcoholes del Uruguay (Alur).

La comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes recibió ayer al director del departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay (Ucudal), Martín Risso, luego al director de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo (UM), Eduardo Esteva, y posteriormente al director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), Ruben Correa Freitas, para que informaran sobre la viabilidad técnica de emprender el juicio político a De León.

Correa Freitas explicó luego de la reunión de la comisión, que el planteo del diputado Iturralde es viable. Hace una semana Pacheco resolvió archivar el caso de la denuncia porque "le faltaron elementos" para poder procesar a De León, según reconoció en una entrevista concedida a El País el fiscal especializado en Crimen Organizado.

En su dictamen, Pacheco advirtió que si bien los ejemplos demuestran "un uso claramente indebido de la tarjeta" de ALUR, los principios de lesividad y de intervención mínima del Derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida.

"Independientemente de la responsabilidad penal del senador De León, lo que juzga el juicio político es la responsabilidad político-penal de los legisladores y gobernantes", explicó Correa Freitas.

"¿Por qué es político-penal? Porque es un juicio político en la Cámara de Representantes y luego ante el Senado donde se analizará si hubo o no una violación grave de la Constitución, o si hay o no delitos graves. La jurisdicción del juicio político es absolutamente independiente de lo que pueda estimar la Justicia", sostuvo.

Correa Freitas recordó que el Senado puede separar del cargo a un funcionario o gobernante por 2/3 de votos por entender que ha habido una violación grave de la Constitución o un delito grave y luego la Justicia puede entender que no ha habido delito. "El juicio político es una instancia donde hay un análisis político sin perjuicio de que la Constitución establezca las causales", resaltó.

El experto recordó que "existe una opinión del excatedrático constitucionalista Aníbal Luis Barbagelata, y la opinión del profesor de Derecho Administrativo Héctor Giorgi, que afirman claramente que la Cámara de Representantes tiene todas las competencias para reunir pruebas, llamar a testigos, y comprobar si se dan o no las causales del artículo 93 de la Constitución".

Indicó que Barbagelata señala que la Cámara puede nombrar una comisión investigadora para analizar el tema.

Ahora viene la siguiente etapa: Iturralde reanudará los contactos con las distintas bancadas para buscar apoyo político para impulsar el juicio político.

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