LA ENTREVISTA DEL DOMINGO

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El padre de una niña se tatuó el rostro del abogado y docente Juan Ceretta en la espalda, como agradecimiento tras lograr que el Estado le financiara un costoso medicamento para que su pequeña recuperara la movilidad. Los agradecimientos se repiten a diario en el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, sitio al que llegaron esta semana decenas de familias preocupadas por el anuncio del presidente Vázquez.

-¿Cómo conjuga su profesión de abogado y docente universitario con su nuevo cargo al frente de la Mesa Ejecutiva de la Primera División Profesional?

-Y bueno, son complementarios, son tareas distintas. La tarea de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) primero responde a una solicitud de un amigo, como lo es Ignacio Alonso, con quien fuimos compañeros en otra oportunidad en la AUF. Siempre me dijo que nos íbamos a volver a encontrar en la institución.

-¿Le sorprendió el proyecto de ley presentado por el presidente Tabaré Vázquez que busca restringir el acceso a los medicamentos de alto precio?

-Me sorprendió por el momento y me entristece que Vázquez deje ese legado como etapa final de su gobierno, porque más allá de las diferencias que uno pueda tener, hay que admitir que fue un periodo con una agenda de derechos, con consolidación de algunas cuestiones que no estaban previstas, o de la tutela de derechos de muchos sectores vulnerables. Que se despida así de ese proceso, de ese periodo de gobierno, con un legado que restringe derechos, que intenta que no le hagan juicios al Estado, o a la sustentabilidad presupuestal a costa de los derechos de los más humildes, a mi me entristece.

-¿Cuál considera que es el argumento de fondo? ¿Responde a un problema de desfinanciamiento del FNR?

-La verdad que me cuesta creer que un impacto en el presupuesto de US$ 40 millones como dicen que tienen anualmente los medicamentos de alto costo sea algo que preocupe a un gobierno. En las cuentas públicas, US$ 40 millones para la salud de las personas es muy poco, es mucho para nosotros, pero muy poco para el gobierno. ¿Que esa sea la principal preocupación? No sé, la verdad es que no lo entiendo.

-¿Y cuál sería la respuesta que usted le daría entonces a la cantidad de juicios que se entablan contra el Estado para acceder a nuevos fármacos?

-Bueno, la judicialización en Uruguay es bajísima. Si vos mirás otros países, incluso de la región, la cantidad de juicios por prestaciones de salud son infinitamente mayores que en Uruguay. En Uruguay es poco, fijate que en 2019 tuvimos (según cifras del propio Ministerio de Salud Pública) 550 juicios. Hay países en los que los juicios son cientos de miles. También hay que empezar a entender que la sociedad, las personas, ya no se ven como súbditos del gobierno, que van a recibir lo que el gobierno les da y van a obedecer. Y que eventualmente los van a volver a votar en las elecciones próximas. Ahora las personas se sienten con derechos, ellas exigen y eso es una manera de enfrentarse al gobierno cuando sienten que su derecho no ha sido tutelado o no está siendo contemplado en sus intereses. Y estamos hablando de derechos fundamentales. Creo que también hubo un cambio de actitud de la gente que reivindica sus derechos, y bueno, nosotros, en la medida de lo posible, también desde la Facultad hemos intentado auxiliar en el acceso a la Justicia para reclamar esto. Es decir, aquellas personas que no pueden pagar un abogado, que ganan menos de $ 34.000, que es el control que hoy tenemos en la Facultad, pueden hacer un juicio gratis, absolutamente gratis. Y también reclamar sus derechos.

-¿Qué acciones podría llevar adelante usted y sus alumnos para impedir que la ley prospere?

-Bueno, en primer lugar habría que ver que el presidente electo tome esto como suyo y lo lleve al Parlamento. Después, habría que ver si el Parlamento lo aprueba; ahí también estaremos atentos a los legisladores que levanten la mano para aprobar esto. Y en el caso de que se apruebe, de que se transforme en ley, habría que ver jurídicamente cómo se ataca y cómo se pide la inaplicabilidad de esta ley. Eso puede ser a través de una declaración de inconstitucionalidad de la Corte, puede ser cuestionando su convencionalidad, es decir, la violación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya sea a través de la Corte Interamericana o a través del Sistema Universal. También puede ser por otros mecanismos, incluso de consulta popular para la derogación de leyes.

-Sobre todo, calculo que la mirada la tendrán puesta sobre los legisladores blancos que en 2015 no acompañaron un proyecto de similares características en el Presupuesto. ¿Deberían mantener la misma posición?

-Y uno espera que sí. Además me consta que también había legisladores -hay legisladores hoy del Frente Amplio que no eran legisladores en 2015- que tampoco apoyan esto, habría que ver cómo se consiguen las mayorías para eventualmente aprobar la iniciativa de Vázquez.

-¿Mantuvo algún tipo de contacto con Lacalle Pou para conocer cuál será su respuesta al presidente?

-No. La labor nuestra no es en el ámbito político partidario. Siempre que nos han consultado de cualquier partido, siempre hemos dado nuestra opinión pero no trabajamos en ese sentido concretamente.

-Como último recurso no descarta promover un plebiscito; ése es el reclamo de todas las familias de pacientes y asociaciones que representan.

-En estos días se han contactado muchas asociaciones de pacientes preocupadas por el anuncio de Vázquez, incluso tuvimos atención ayer (jueves) a la noche en el consultorio. La cantidad de pacientes que vinieron fue impresionante porque la gente escucha esto y siente que hay que hacerlo ya.

-¿Y qué les dicen?

-No, nada, la gente escucha por televisión o lee en el diario la medida de Vázquez y dice: “Bueno ya no se van a poder hacer juicios para reclamar los medicamentos que necesitamos”. Entonces, si yo tengo a mi hijo o a mi padre enfermos, quiero hacerlo antes que eso se logre aprobar. Y bueno, eso trajo una mayor concurrencia de gente.

-¿Molestó que el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, señalara en 2018 que hay abogados que “trafican” con la salud?

-En su momento dolió, pero a la larga quedó como un eslogan de mi grupo. Mi grupo es el número 14 y se pusieron el nombre de “Traficantes de ilusiones”.

-¿Hay una falta de empatía de las autoridades con este tipo de temas?

-No sé, los gobernantes tienen que empezar a comprender que los gobernados demandan cosas, que controlan lo que hacen los gobernantes, que piden cosas y exigen cosas.

-¿Para usted hay un fracaso del Frente Amplio en esta materia ?

-Pienso que la judicialización es un fenómeno que va a existir y significa el empoderamiento de los ciudadanos respecto a sus derechos. Vos fijate que hoy tenemos incluidos medicamentos por los que hace unos años hacíamos juicios. Hace unos años el juicio que más hacíamos era por el medicamento que cura la hepatitis C. Y hoy está incluido. Entonces, ¿estaba tan mal cuando se hacía?

-¿Cuál fue el caso más difícil que tuvo que enfrentar junto a sus estudiantes?

-Bueno, los casos que más duelen son los que se pierden. Esos afortunadamente son muy pocos, pero algunos se pierden. Los casos que siempre te duelen más son los que tienen que ver con los niños, porque estás en contacto con ellos y porque estás en contacto con sus padres, su familia, y sabés toda la lucha que esos padres traen consigo. Y bueno, hay muchos casos de ese tipo, que no olvidás nunca. Yo les digo siempre a los estudiantes que uno puede olvidarse de un artículo o de una ley, pero difícilmente se olvide después de pasar por esta clase de los casos y de la gente.

-¿Y cómo suele ser ese agradecimiento de los padres cuando se logra acceder al medicamento?

-Ah mirá, hay de todo, desde una señora mayor que le conseguimos un medicamento y te trae una pascualina, o que te trae un dibujo que hizo su hijo para vos o hasta que se hagan un tatuaje para agradecerte lo que se hizo por ellos.

-¿Un tatuaje?

-Sí, tenemos un caso que el papá de una chiquita se tatuó como mi cara en la espalda. Necesitaba un remedio para la atrofia muscular espinal que venía luchando hace muchos años. Ya recibió el medicamento y ha mostrado notorias mejorías.

En 2019 hubo 353 juicios al Estado por fármacos

-¿Cuántos juicios se entablaron este año en la clínica y en el consultorio contra el Estado?

-En el consultorio este año llegamos a 353 juicios por medicamentos. El año pasado habíamos hecho 222, el anterior 117 y el otro 56. Es decir que viene en franco aumento la cantidad de juicios reclamando prestaciones de salud. Yo creo que esto va de la mano con que la ciencia avanza a un ritmo más rápido y más veloz que la incorporación de prestaciones, que es algo obvio. Y a su vez con un mayor acceso a la Justicia de la gente. Tenemos muchos pacientes del interior que antes no teníamos que vienen a consultarnos; viene un familiar, envían a un amigo y la gente se va enterando que aunque no tenga dinero para contratar a un abogado, puede hacer el reclamo de manera gratuita a través de la Facultad (...) Los que trabajamos en derechos humanos somos una piedra en el zapato para los gobernantes.