FISCALÍA

Jorge Díaz pide cambios en legislación sobre corrupción para poder sancionar a privados

"No dejemos en la oscuridad a los tiburones, que siguen nadando en altamar y que siguen corrompiendo a nivel de toda América Latina", dijo el fiscal de Corte.

Jorge Díaz, Fiscal General de la Nación. Foto: Marcelo Bonjour
Jorge Díaz, fiscal de Corte. Foto: Marcelo Bonjour

El fiscal de Corte Jorge Díaz  sostuvo que para poder avanzar en la regulación anticorrupción es necesario tener los elementos necesarios para poder sancionar a los privados que participan de estos actos.

En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Díaz dijo que en Uruguay hay una legislación anticorrupción "muy atrasada" que necesita "cambios urgentes".

Uno de estos cambios debe ser la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas (empresas o instituciones), ya que actualmente "tenemos una visión un poco hemipléjica de la corrupción", que parte de un "relato" en el que "hay un servidor público infiel" pero "el privado no es más que un empresario que busca hacer un negocio y no tiene más remedio que pagar una coima para poder hacerlo".

En este sentido, señaló que las empresas deben poder ser sancionadas "desde el punto de vista civil, administrativo e incluso penal para poder combatir la corrupción efectivamente", y señaló que actualmente "hay personas jurídicas que están acusadas de intervenir en actos de corrupción y siguen siendo contratadas por el Estado".

Si no se puede sancionar a las empresas, "vamos a pescar alguna mojarrita o alguna corvina, pero los tiburones siguen en altamar y no los alcanzamos". "No dejemos en la oscuridad a los tiburones, que siguen nadando en altamar y que siguen corrompiendo a nivel de toda América Latina", expresó.

Menos fueros

Según el fiscal de Corte, otro aspecto para mejorar el combate a la corrupción es elevar las penas que existen en este sentido. Si bien hay mínimos acordes, "las penas máximas son muy bajas y deben ser elevadas en función del daño que causan", manifestó. Y puso como ejemplo el caso del peculado: "En el delito de peculado hay una pena mínima de un año y una máxima de seis. Y un peculado puede ir desde 100 pesos de la caja chica a 10 millones de dólares".

También consideró que se deben "establecer delitos que hoy no existen" como el de enriquecimiento ilícito, ya que la legislación uruguaya "no recoge la mayor parte de los delitos recomendados por las convenciones internacionales y tratados que Uruguay ha ratificado".

Los dos proyectos para el agro se discutieron y se votaron en dos días en el Parlamento. Foto: D. Borrelli
Parlamento. Foto: D. Borrelli.

Sobre los fueros parlamentarios, Díaz se preguntó "qué sentido tienen en el siglo XXI". Si bien entiende que los casos de los considerados "delitos de opinión" deben quedar a salvo, para los delitos comunes no debería ser necesario un trámite.

"Entendiendo que es necesario modificar la Constitución y que requiere un gran consenso, ahora es el sistema político el que debe decidir qué caminos recorrer. Yo entiendo que esto es una pata para combatir la corrupción", sentenció.

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