Reciente ley

“Jerarcas no deben tener una empresa offshore”, dice Jutep

Gil Iribarne pide que se decida quién debe hacer la declaración

Junta Anticorrupcion celebra que la ciudadanía ejerza presión por eventual acomodo de familiares para que no pase. Foto: F. Flores
Foto: Francisco Flores.

Una reciente ley establece que los jerarcas públicos no pueden participar en una empresa offshore. Pero como esa ley no está reglamentada por el Poder Ejecutivo, es casi letra muerta: la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se quejó en el Parlamento de que no puede aplicar sanciones ante esos casos por la ausencia, precisamente, de la reglamentación.

La situación quedó al descubierto cuando los integrantes del organismo que preside Ricardo Gil Iribarne comparecieron ante la comisión de la Cámara de Diputados que se encarga de legislar para prevenir el lavado de activos.

“Para nosotros la prohibición de tener relación con una offshore por parte de ciertos cargos públicos está vigente y actualmente es exigible, más allá de que no haya reglamentación. Está muy bien definida cuál es la obligación y quiénes son los actores obligados; por tanto, para nosotros no se requiere la reglamentación para que la obligación sea exigible”, dijo Gil Iribarne ante la comisión.

Pero también se quejó de que “hay un incumplimiento más allá de que no podemos sancionar, porque tampoco está reglamentada nuestra potestad en ese sentido, que sí está prevista legalmente”.

Al respecto, un artículo de la ley de lavado de activos establece que los funcionarios estatales, de particular confianza o personas políticamente expuestas quedarán impedidos de participar en “sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación mientras se desempeñen en su cargo”.

BRECHNER.

El tema viene a cuento luego que se informara que Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, poseía cientos de miles de dólares en una sociedad offshore radicada en las Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, al tiempo que mantenía una deuda millonaria con el Banco República.

Gil Iribarne precisó luego que hay que definir “quiénes son los obligados y quién debe definirlos”. “Eso no lo puede hacer la Jutep, y propusimos que fuera la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué? Porque los declarantes deben presentar su declaración jurada de bienes e ingresos ante el organismo en que se desempeñan, y este debe comunicarlo a la Jutep, con lo cual tenemos varios problemas que se superponen, ya que hay gente que no declara y organismos que no comunican”, agregó.

De todos modos, Gil Iribarne informó a los diputados que consultó al propio Brechner sobre si tenía participación en una offshore, y contó que el jerarca del Plan Ceibal le dijo que no. Brechner, de todos modos, quien era director del LATU por el Banco República (BROU), decidió dar un paso al costado debido a la deuda que mantiene por asuntos personales con el banco. Fue a partir de esta situación que decidió presentar la renuncia al directorio del banco estatal el pasado 17 de setiembre “en pro de la institucionalidad”, según declaró el ahora exjerarca del LATU a El País.

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