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Más policías y patrullaje, acelerar las obras en carreteras con la prioridad en la doble vía de la Ruta 5, apuntalar el clima de inversiones, recuperar el empleo y “seguir de largo”, evitar la “inacción” en Ancap por el referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC): esos son algunos de los propósitos que se plantea el Poder Ejecutivo para los primeros meses después del fin de la pandemia.

Con el cese de la emergencia sanitaria en carpeta del presidente Luis Lacalle Pou y la votación de la Rendición de Cuentas en el Parlamento, en el gobierno buscan abrir una nueva etapa de la actual gestión. Para eso los diferentes ministerios ya evaluaron sus prioridades.

Aunque los jerarcas consultados por El País reivindicaron los planes para avanzar en sus agendas, en parte también contemplaron que el cumplimiento de los propósitos está atado a la marcha general de la economía, sobre todo en materia de empleo y de inversiones.

Una de las claves serán las concreciones que se puedan registrar en materia de obras. “Queremos reactivar al país y tratar de que los motores no se apaguen. ¿Cómo se sale de esto? Con obra pública”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en junio durante una entrevista con Subrayado. En esa área, el Poder Ejecutivo hará la próxima semana una actualización en el estado de diferentes rutas incluidas en el plan del Ministerio de Transporte para el quinquenio.

El tiempo pospandemia también tendrá al gobierno en medio de la campaña por el referéndum de la LUC. Y es que si bien hay una discusión legal de por medio que la coalición enfoca en la seguridad y en la enseñanza como aspectos centrales del debate, en el oficialismo asumen al mismo tiempo que la contienda también pondrá al gobierno en la cancha para mostrar los avances de la gestión.

El ministro de Transporte, José Luis Falero, realizará el lunes una actualización de la marcha de los proyectos en distintas obras viales. La prioridad de la cartera está en los trabajos de la doble vía de la Ruta 5 en el tramo que va entre Canelones y Durazno. Transporte y el Ministerio de Economía están enfocados en cerrar el alcance del financiamiento mediante Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (Crema). La cartera definió que habrá cuatro tramos en busca de dar mayor agilidad a las obras.

La doble vía de la Ruta 5 será fundamental para trasladar hacia Montevideo la producción de la planta de UPM en Pueblo Centenario mientras no esté pronta la obra del Ferrocarril Central que unirá Durazno con el Puerto de Montevideo. Es que si bien está previsto que la planta empiece a funcionar en el segundo semestre de 2022, la obra del ferrocarril central fue aplazada hasta mayo de 2023. La adenda para establecer la nueva fecha fue firmada hace un mes y medio.

El inicio de las obras en la Ruta 5 fue una de las prioridades que marcó el presidente Luis Lacalle Pou en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General.

En Transporte también preparan la refacción de la Ruta 6, la doble vía de la Ruta 8 hasta la intersección de la Ruta 9, y analizan completar la doble vía de la Ruta 1 hasta Colonia. Las obras en Ruta 8 también fueron mencionadas en marzo por el presidente en el Parlamento.

En ese discurso, a su vez, señaló el interés del gobierno por construir un puente que una Bella Unión con Monte Caseros. Tras una reunión el 5 de octubre del canciller uruguayo Francisco Bustillo con su par argentino Santiago Cafiero, los gobiernos resolvieron acudir en conjunto a CAF - Banco de Desarrollo de América Latina para solicitar la financiación del estudio de factibilidad de esa obra.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a El País que para su cartera “el primer componente” es la recuperación del empleo. La tasa de desempleo se ubicó en agosto en 9,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, frente a un registro de 10,4% de julio. La tasa de empleo, en tanto, estuvo en 55,9%, mientras que en julio había sido 54,7%.

“Nuestro objetivo es que el empleo esté por encima de la prepandemia. En esta primera etapa ya estamos casi cercanos a volver a números de empleo cercanos a la prepandemia. Y después hay que seguir de largo porque la prepandemia era mala. Era una mala situación lo que recibimos como herencia, entonces el desafío es seguir avanzando”, afirmó el ministro.

Según sostuvo, la cartera promoverá políticas de empleo en línea con el proyecto promovido a mediados del año pasado para estimular el trabajo juvenil y de mayores de 45 años. Además, reperfilará cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). “Seguramente vamos a seguir buscando otras alternativas, pero sin duda el motor principal es el crecimiento de la economía, la inversión, la radicación de nuevas empresas, la ampliación de inversiones. Por ahí va”, agregó el ministro.

El Ministerio del Interior busca concretar el llenado de vacantes en la Policía para incrementar el patrullaje a través de más agentes, y también proyecta aumentar la flota de patrulleros.

En lo que va del año la cartera completó casi 500 ingresos de policías, dijeron fuentes del Ministerio del Interior. La meta es llenar en total unas 1.000 vacantes en los próximos meses. “Estamos haciendo un trabajo muy importante en las vacantes de situaciones que quedaban en una especie de limbo, entre que estaban certificados permanentemente y que no volvieron al trabajo, y por otro lado estamos haciendo un esfuerzo presupuestario para la flota de autos”, dijo este jueves el ministro Luis Alberto Heber.

En cuanto a los patrulleros, la actual administración adquirió 295 nuevos vehículos entre autos y camionetas. Desde marzo de 2020 hubo 55 camionetas con tracción en las cuatro ruedas -compradas el año pasado-, otras 100 con tracción simple compradas el año pasado, y 140 autos. Una partida de los nuevos patrulleros será recibida la próxima semana.

El posicionamiento de Uruguay en el Mercosur y la apertura de nuevos mercados es uno de los temas en los que más ha insistido el presidente. La propuesta de flexibilizar el bloque regional para permitir a Uruguay avanzar en acuerdos con terceros países tiene resistencia sobre todo de Argentina.

Pese a eso, el gobierno anunció que busca avanzar en un Tratado de Libre Comercio con China. El equipo negociador de un estudio de factibilidad para ese acuerdo empezó a trabajar a fines del mes pasado.

En el Ministerio de Industria se enfocarán en la captación de inversiones y apuntan al desarrollo de sectores que crecieron con la pandemia, como las tecnologías de la información y la industria audiovisual. También apuestan por las energías renovables.

La política del gobierno estará orientada a generar incentivos puntuales para los inversores que demuestren interés en esas áreas, dijeron fuentes de la cartera.

El ministro Omar Paganini aseguró en distintas disertaciones que el gobierno apunta a “crear condiciones” para favorecer inversiones en el poscovid. Paganini viajará el mes próximo a Europa para promover el proyecto de hidrógeno verde como energía renovable. El Poder Ejecutivo apunta a planes piloto para descarbonizar el transporte de carga y la industria.

En Ancap, la empresa se plantea continuar con su hoja de ruta sobre los cambios en el mercado de los combustibles y en el pórtland.

Para el vicepresidente del ente, Diego Durand, la empresa no puede detenerse por la coyuntura. “Somos una empresa pública y no podemos estar con el palo en la rueda en una situación de inacción y no dar resultados. Nuestra función es tener una empresa equilibrada con objetivos, tender hacia el equilibrio, y que los resultados los vea la gente”, dijo. “Más allá de que exista un camino hacia un eventual referéndum, son canales políticos ajenos a la empresa. Nosotros tenemos que accionar y hacer cosas”, agregó.

El nuevo mecanismo de fijación de precios de los combustibles mediante el Precio de Paridad de Importación comenzó a aplicarse en junio. Para el pórtland, la empresa anunció en setiembre que “la línea de acción más conveniente” es “la llegada de un socio que permita defender la participación de mercado en Uruguay y disponer de condiciones competitivas para la exportación a escala económicamente atractiva”, afirmó en un comunicado.

Una de las prioridades señaladas por Lacalle Pou desde el inicio de su campaña electoral fue la erradicación de los asentamientos. La financiación de esta promesa de campaña fue el debate central de la discusión en el Senado por la Rendición de Cuentas. El Poder Ejecutivo planteó nutrir a un fideicomiso mediante dos impuestos que hasta ahora nutrían al Instituto Nacional de Colonización, lo que provocó un intrincado debate en la coalición de gobierno.

Tras idas y vueltas, el fideicomiso recibirá US$ 15 millones anuales y en el gobierno esperan disponer mediante esta herramienta de unos US$ 120 millones. Eso se suma a otros US$ 120 millones con los que cuenta el Programa de Mejoramiento de Barrios. Los cálculos que hacen en el Ministerio de Vivienda es que si en el período anterior el gobierno del Frente Amplio regularizó 25 asentamientos, la actual administración tiene la posibilidad de duplicar esa cantidad.

En Uruguay hay unos 600 asentamientos y la regularización de cada uno cuesta entre US$ 3 millones y US$ 4 millones.

La polémica por los fondos de Colonización quedó saldada al destinar otros US$ 27 millones de Rentas Generales para subvencionar el pago de intereses de créditos tomados por los colonos.

El acuerdo con Katoen Natie por el puerto

Además de los anuncios sobre distintos recursos y planes destinados al manejo de la pandemia, en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General el presidente Luis Lacalle Pou informó de un acuerdo con la empresa Katoen Natie por la amenaza de juicio contra el Estado. El mandatario también oficializó una inversión de la compañía por US$ 460 millones atada a una extensión de la concesión en la Terminal Cuenca del Plata.

La extensión del contrato hasta 2081 fue una de las principales críticas de la oposición al gobierno y también tuvo reparos de Cabildo Abierto. Luego de un acuerdo entre los socios de la coalición en el marco de una interpelación al ministro Luis Alberto Heber, el gobierno firmó el 4 de octubre una adenda al contrato para que en caso de enajenación, el Estado deba autorizar la venta del 80% de las acciones que tiene la firma en TCP. El otro 20% es de la Administración Nacional de Puertos.

En tanto, a instancias de los colorados, el Parlamento estudia un nuevo ente regulador para el puerto. La colectividad busca que este organismo sea el garante de controlar las tarifas portuarias.