NO SE CUMPLE ACUERDO

Interior no dice a quién espía “El Guardián”

Javier García anunció que va a “adoptar las medidas parlamentarias para exigir que se cumplan las garantías necesarias que tiene que haber en cuanto a que si no hay una orden judicial nadie puede ser espiado en su vida privada”.

El senador Javier García recordó que Defensa se oponía al ingreso. Foto: EFE
Senador Javier García. Foto: archivo El País.

“Me voy con enorme preocupación”, reconoció el senador Javier García que es la sensación con que se retiró de una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Eduardo Turell, a quien planteó la falta de controles sobre el funcionamiento del sistema de escuchas telefónicas “El Guardián”.

García reconoció que no encuentra que haya “garantías” par los ciudadanos porque la oficina que utiliza este sistema no ha informado en detalle sobre a quién espía a dos años de ponerse en funcionamiento. De acuerdo con lo acordado, toda acción de espionaje debe estar respaldada por una decisión judicial. García dijo que no le consta que esto suceda.

“Tiempo atrás, hace dos años, solicité garantías sobre el espionaje telefónico que hace el Ministerio del Interior con este dispositivo, y que no fuera utilizado sin conocimiento de la Justicia, es decir que sea de estricto cumplimiento de lo que manda un juez”, indicó el senador nacionalista.

Luego recordó que para eso “en aquel momento se hizo un convenio entre la Suprema Corte de Justicia, el ministerio del Interior y la Fiscalía. Desde mayo de 2017 hasta hoy, habiendo pasado más de dos años, el Ministerio del Interior tendría que haber remitido cada tres meses todos los procedimientos de intervención telefónica. Es decir, en dos años tendrían que haber llegado ocho informes, pero no llegó ninguno”, agregó.

Por eso, García anunció que va a “adoptar las medidas parlamentarias para exigir que se cumplan las garantías necesarias que tiene que haber en cuanto a que si no hay una orden judicial nadie puede ser espiado en su vida privada”.

García se quejó de que tampoco se sabe si las autoridades del Ministerio del Interior establecieron un convenio con los operadores de telefonía requerido también en el acuerdo que los obligaba a reportar cada una de las intervenciones que realizaran de modo de corroborar que los pinchazos autorizados por la Justicia coincidieran con los efectuados en los hechos y no hubiera abusos.

“Le puedo decir con absoluta tranquilidad que nadie en Uruguay puede afirmar con seguridad que no se estén haciendo intervenciones telefónicas o de cualquier tipo por afuera de lo que manda el juez por la sencilla razón de que no hay manera de verificarlo”, indicó el legislador a los periodistas.

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