NUEVO DECRETO

Los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) podrán cobrar una partida de dinero extra durante este año si evitan que haya más homicidios, suicidios y hospitalizados en las cárceles. De acuerdo a un compromiso de gestión entre el Ministerio del Interior y el INR, aprobado en un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou el 15 de setiembre, los funcionarios tendrán 15 metas para cumplir y cuyos objetivos son mejorar los registros actuales para cada una de ellas.

En el decreto de 25 páginas, al que accedió El País, se indica que los objetivos del compromiso de gestión son: “propender a la utilización de instrumentos de planificación”, “promover la seguridad integral de las personas privadas de libertad (PPL)” y “promover la rehabilitación a través de actividades educativas y/o laborales”.

La primera meta tiene como objetivo “propender a la utilización de instrumentos de planificación” y para alcanzarla los funcionarios deben elaborar y presentar dos informes y un plan operativo anual para 2023. La segunda meta consiste en reducir la cantidad de presos “hospitalizados por lesiones autoinfligidas o producidas en incidentes violentos dentro de cada unidad”. La tercera apunta a que baje la cantidad de reclusos fallecidos “por homicidio dentro de cada unidad”.

Entre las demás metas también se pide como contrapartida para el ingreso extra que se reduzcan los suicidios. Otro criterio que podrá generar que los funcionarios accedan al cobro del compromiso de gestión es aumentar “el promedio semestral de PPL que desarrollan alguna actividad educativa formal dentro de cada unidad” así como de las actividades no formales y horas destinadas a tareas laborales.

En el decreto se agrega, además, que este tipo de compromisos de gestión han “contribuido a un cambio en la cultura organizacional desde el desarrollo de capacidades humanas para la profesionalización de las funciones, como el desarrollo de tecnologías de la comunicación y la información que propenden a protocolizar procedimientos internos y servicios a la ciudadanía”.

Y por último, se sostiene que con su aplicación “se busca generar un nuevo modelo de gestión basado en resultados, donde el personal sea evaluado por su capacidad y compromiso con el servicio público”.

Otra de las metas que estipula el compromiso de gestión indica que los encargados de unidades que registren un 10% de sus presos participando en proyectos educativos y laborales en cada semestre accederán al premio económico.

Además, se contemplan situaciones vinculadas a la gestión de los recursos materiales como ser el mantenimiento de los vehículos que tiene asignados cada unidad. Siguiendo el objetivo de “promover el cuidado” de las unidades, se exige para obtener el beneficio que al menos un 50% de la flota permanezcan en servicio por más de 20 días mensuales.

También se marca como otra meta el “mantener actualizada la información en el Sistema de Gestión Carcelario con los hechos relevantes (incidentes)” que ocurran en las unidades. Y se especifica que los “incidentes” que serán tenidos en cuenta son las fugas y los intentos de fuga, los intentos de autoeliminación, los fallecidos, la incautación de sustancias a privados de libertad y a aquellos hospitalizados por lesiones autoinfligidas y por incidentes.

Por último, se pide como una meta a cumplir que los encargados ingresen de forma mensual el 100% de casos en prisión domiciliaria y arrestos. El punto de partida es inferior a la cuarta parte de los registros, según el decreto, que indica que en 2021 fue el 23%. Y también que se lleve un control actualizado de los “incumplimientos generados en el uso de tobilleras electrónicas”. Este es un valor que representaría un aumento considerable en la información ya que a enero de este año el porcentaje de registro fue 0%.