RESOLUCIÓN DEL MINISTRO

El Ministerio del Interior dio marcha atrás en la decisión de incrementar la exigencia de ingresos necesarios para aquellos extranjeros que no provengan de países del Mercosur que quieran obtener la residencia en Uruguay, de acuerdo a lo que informaron fuentes de la cartera a El País. 

El jueves Búsqueda había informado que la Dirección Nacional de Migración (dependiente de Interior), fijaría un nuevo criterio para contemplar lo que establece el decreto 394/009, el cual exige a los extranjeros "acreditar en forma fehaciente que sus ingresos le permitan solventar sus gastos en el país".

Como hasta el momento no se fijó un criterio exacto de cuánto era la suma necesaria, hasta ahora se utilizaba como medida el salario mínimo nacional (hoy $16.300). No obstante, Búsqueda había consignado que se buscaba que los interesados en obtener la residencia probaran que percibían el valor equivalente a una canasta básica individual de $26.800.

Fuentes del Ministerio del Interior habían indicado ayer a El País que se había optado por este valor porque está calculado en base a "indicadores económicos de medios especializados".

Sin embargo, el Ministerio del Interior dejó sin efecto este cambio luego de que el titular de esa cartera, Jorge Larrañaga, ordenara rectificar el criterio aplicado para otorgar las residencias permanentes a inmigrantes de fuera del Mercosur. De esta forma se mantiene vigente como criterio el salario mínimo, tal como sucedía hasta ahora. 

Juan Ceretta, abogado y docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR), escribió en la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter: "¡BUENAS NOTICIAS! Debo informar que se comunicó telefónicamente el Ministro de Interior, para decirme que la medida ha sido dejada sin efecto, y que se volverá al criterio del salario mínimo nacional. Uruguay seguirá siendo un país de brazos abiertos".

Ceretta dijo a El País que ya había “varios” casos de inmigrantes que se habían visto sorprendidos por este cambio (que se puso en marcha el 10 de octubre). Se trata, comentó, de ciudadanos de República Dominicana, Cuba y Venezuela, entre otros.

Para estos inmigrantes, explicó, conseguir la residencia es clave para acceder a mejores puestos de trabajo.

Ceretta dijo que la modificación en la exigencia de ingresos transformaba a estos inmigrantes en “ciudadanos de segunda categoría”. "Esta medida, si se consolidaba, iba a hacer que las residencias se rechazaran”, añadió.