INFORME AL PODER EJECUTIVO

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Enfrentar la pandemia para las intendencias significó un duro golpe en sus finanzas: perdieron alrededor de US$ 86 millones entre la disminución de la recaudación y la renuncia fiscal que debieron hacer para atender a la población afectada.

La información, a la que accedió El País, fue elevada ayer por el vicepresidente de la mesa del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Salto, Andrés Lima, al secretario de la Presidencia Álvaro Delgado.

Los números fueron entregados por 11 intendencias para dimensionar cómo afectó el coronavirus de marzo a diciembre del año pasado a las economías departamentales. Los gobiernos que proporcionaron los datos para elaborar el informe fueron: Montevideo, Canelones, Salto, Artigas, Maldonado, Río Negro, Cerro Largo, Flores, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. Juntos concentran el 80% de la población del país.

Los “egresos extraordinarios” que debieron enfrentar las intendencias tuvieron un costo de $ 974 millones, lo equivalente a US$ 23 millones según el valor promedio de la moneda de marzo a diciembre del año pasado. Los gastos se dividen en apoyos a la alimentación (US$ 7 millones), al trabajo (US$ 3,8 millones) y a la salud (US$ 110.312). A lo que se suma dinero volcado a la prevención de contagios (US$ 1,6 millones) y “otras asistencias”, como el alquiler de piezas para personas que quedaron sin hogar.

Dentro de “apoyo a la alimentación” figuran los comedores, merenderos, ollas populares y canastas que se entregaron a los sectores de la población más vulnerables desde el punto de vista económico. Dentro de “apoyo al trabajo” se incluyó la contratación de cooperativas. El “apoyo a la salud” implicó las mejoras en logística y la refacción de policlínicas, entre otros aspectos.

Además de lo gastado para asistir a la población afectada por la pandemia, los gobiernos departamentales perdieron ingresos por $ 2.706 millones (US$ 63 millones), principalmente por tributos no cobrados, ya sea contribución como patentes y tasas comerciales.

Si se suma lo gastado con lo que se dejó de recaudar, las intendencias vieron sus economías afectadas en $ 3.662 millones, lo que supone estos US$ 86 millones, señaló Lima. La idea de los intendentes no es recuperar todo esto, pero sí que las comunas sean tenidas en cuenta como parte del Fondo Coronavirus.

Las intendencias tenían previsto invertir los US$ 23 millones para otras tareas como la recolección, el alumbrado y la caminería. “Por supuesto que hoy si tenemos que elegir entre asistir un merendero o tapar un pozo, elegimos el merendero; pero en algún momento la población va a reclamar estas cuestiones que les corresponde a las intendencias”, explicó Lima a El País sobre los gastos realizados.

A su vez señaló que, con las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para contener la pandemia, cada vez son más las tareas que deben realizar las intendencias y por consiguiente eso también implica mayores costos. Como ejemplo citó el control de aforos en espectáculos públicos.

“Pedimos ser parte del Fondo Coronavirus para recibir algún recurso extra para enfrentar la pandemia, no pedimos todo lo que gastamos”, señaló. Consultado acerca de si todas las intendencias comparten este planteo realizado, Lima indicó que “públicamente ninguna se opuso”. Y dijo que si bien hay cada vez más responsabilidades en el tema de la pandemia, “los recursos siguen siendo los mismos” y eso se debe contemplar.