LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

El mundo atraviesa una crisis sin precedentes. La pandemia lo ha puesto patas para arriba. Los sistemas sanitarios colapsan. Las empresas, cerradas por la emergencia o con ingresos muy menguados, cierran o deben readecuarse a la fuerza. Millones de personas pierden su empleo o deben aceptar fuertes rebajas en sus remuneraciones y cambios en las condiciones de trabajo.

Nadie sabe cuándo terminará esta pesadilla. Si la vacuna devolverá la normalidad o habrá que esperar incluso años para que el mundo vuelva a ser el que fue.

Aunque ha manejado la emergencia de una manera ponderada por el mundo entero, Uruguay no escapa a los tremendos impactos económicos y sociales de esta pandemia. En el sector privado, muchos han perdido el empleo y muchos lo perderán en los meses venideros. Otros deberán aceptar rebajas de sueldo. Hay, como siempre, empresas que aprovechan la coyuntura y sacan partido de la crisis. Pero la enorme mayoría enfrentan un presente complejo y un futuro incierto. Deben readecuarse para poder seguir en pie. Y eso supone tomar medidas duras. Y dolorosas.

Hay además cientos de miles de uruguayos (sí, cientos de miles) a los que la pandemia encontró viendo de la changa. De “la del día”. A ellos la emergencia sanitaria los ha colocado al borde del abismo. Necesitan más que nunca de la ayuda del Estado para poder mantenerse a flote. De un Estado al que el COVID encontró gastando mucho más de lo que recaudaba, y que con la pandemia y la caída en la actividad tiene hoy menos ingresos y muchos más gastos.

A ese Estado, que ya enfrentaba un nivel de gasto insoportable antes de la pandemia, algunos le exigen ahora que, sin tocar los intereses de nadie y sin recortar partida alguna, ponga la mano en su bolsillo con agujeros para dar más y más plata, de modo de contemplar las demandas de todos.

Los empleados públicos -que no se acuestan cada noche pensando si a la mañana siguiente no serán despedidos, porque ellos tienen el trabajo asegurado- piden más. Reclaman no perder nada de lo conquistado, pero también que se contrate más personal y se atiendan sus reivindicaciones, que no son pocas. Lo mismo hace el sindicato de Ancap. Y otros gremios públicos que, dicho sea de paso, ya anuncian que van a movilizarse para derogar la Ley de Urgente Consideración.

Esta gente, ¿en qué país vive? ¿En qué mundo vive?

¿No ven lo que pasa a su alrededor? ¿No son capaces de entender la magnitud del desastre global que la humanidad toda está enfrentando?

¿No advierten que todos los días otros uruguayos, que no gozan de inamovilidad como ellos, pierde su empleo y sufre pensando cuánto demorará en poder conseguir un trabajo que le permita mantener a su familia?

¿Qué buscan, cuando saben que el Estado no puede hacer frente a lo que exigen? ¿Que les digan que no para ocupar una oficina pública o un banco del Estado, o para trancar el despacho de combustible, y poner al gobierno en la situación de tener que hacer cumplir la ley?

¿No habrá llegado la hora de hacer lo que hay que hacer, se moleste quien se moleste, pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones?

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