PERÚ

Hombre de confianza de Alan García: "Hay que aceptar la decisión de Uruguay"

El gobierno de Tabaré Vázquez anunció que niega el asilo político al expresidente peruano Alan García; desde el entorno de éste señalan que ahora queda aceptar y agradecer a la embajada uruguaya en Perú por haberlo acogido estas últimas semanas. 

Alan García abandonó residencia uruguaya en Lima. Foto: Archivo | EFE
Alan García abandonó residencia uruguaya en Lima. Foto: Archivo | EFE

El expresidente peruano Alan García abandonó esta mañana la residencia del embajador uruguayo en su país luego de que el gobierno de Tabaré Vázquez le negara el asilo político que había pedido hace 20 días.

Jorge del Castillo, hombre de confianza del expresidente peruano, es un veterano congresista y fue primer ministro durante dos años en el segundo gobierno de García, dijo a El País que "hay que aceptar la decisión de Uruguay y agradecer a su embajada por la gentileza que ha tenido estas semanas de tener al expresidente García allí".

Del Castillo dijo que no tuvo la oportunidad aún de hablar con el exmandatario y consultado sobre si es posible que ahora García pida asilo a otros países, opinó que "no cree" que lo haga.

Lo que destacó, es que espera "que no haya ningún exabrupto judicial”. Y recordó que por el momento no hay orden de detención contra García, sino que solamente existe la prohibición de que salga del país.

Esta mañana Vázquez habló en conferencia de prensa junto al canciller Rodolfo Nin Novoa para informar la decisión que habían tomado. Y lo hizo recalcando que la misma se tomó en base a "consideraciones estrictamente jurídicas".

El presidente señaló que las investigaciones concluyen que el caso de García "no es persecución política". Y dijo que “en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y especialmente el Poder Judicial”, que es el que lleva este caso.

En su pedido de asilo, justamente, García alegaba que es víctima de una persecución política mientras está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

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