PARA ENFRENTAR INSEGURIDAD

Para “dar la cara, estar en el territorio y obtener resultados”, tres objetivos que se había trazado el exministro Jorge Larrañaga y que retomó Luis Alberto Heber,se necesitan vehículos y personal policial. Es por esto que ayer Heber, durante una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, puso el tema sobre la mesa.

El jefe de la cartera de seguridad le planteó al mandatario su preocupación por la falta de vehículos policiales y de personal policial dentro de la institución. Mil uniformados más y otros 500 vehículos son los números a los que aspira el ministro para cumplir con la gente que, en distintos puntos del país, le pide “más patrullaje policial”. Tras la reunión con Lacalle, el secretario de Estado dijo que el Ministerio del Interior tiene una flota vehicular de 5.000 autos y motos. Dentro de esa cifra, 2.000 son motos, pero la mitad están en un estado de “radiadas”, como se le dice en la jerga policial, y que básicamente quiere decir que “no sirven para nada”.

Heber expresó que el estado actual de la flota del Ministerio del Interior se debe a “malas compras que se hicieron en el pasado, que no han durado nada y que muchas de ellas no tienen el sistema de recambio”.

De todas maneras, la Policía fue renovando la flota vehicular y entregó cerca de 300 vehículos para Montevideo, Canelones y algunos departamentos del interior.

Pero el ministro insiste en 500 móviles más. Estima que a fines de este año podría llegar a obtener 250 vehículos. “El interior necesita tener 500 autos más y tener 1.000 vacantes más”, insistió Heber ayer, y agregó que 1.000 “parece una cifra muy importante y difícil”.

Pero enseguida habló de otra “carencia” y de cómo, si se soluciona, puede llegar a a ese número de policías. “Hay 4.880 personas que están en junta médica, certificados permanentes”, dijo. Para el ministro, “si hay gente que tiene incapacidad parcial”, se la debe atender porque preocupa el estado de salud de los policías. Pero también alertó que “en el sistema hay gente que abusa y está permanentemente certificándose”.

“No puede ser que cuatro estemos pagándoles el sueldo (a 4.880 personas) y no estén trabajando por juntas médicas que reiteran los certificados una y otra vez”, apuntó el jerarca. A juicio de la cartera, “mucha gente no está capacitada para ser policía” y en esos casos los ampara el sistema de seguridad social de la Caja Policial. De lo contrario, dijo, tienen que volver al ministerio para cumplir con sus funciones. La idea es que 1.000 de esos 4.880 puedan volver a cumplir con su trabajo.

A Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), no le preocupa “tanto el número” de personas certificadas, sino más bien “la causalidad de esa cifra”. Rodríguez explicó a El País que el policía tiene que pasar por “una junta médica y ahí es cuando empieza “la complejidad y el embrollo del tema, porque en realidad no es que el efectivo no se quiera reintegrar a trabajar, sino que en estos años las juntas médicas funcionaron mal”.

La presidenta del Sifpom relató que para que una certificación de un centro de salud del interior sea válida se necesita la aprobación de la junta médica. “Hay muchos compañeros que quieren trabajar y la junta médica no los cita”, dijo. En ese sentido, indicó que le planteó a Heber “descentralizar” esta dependencia, que funciona solo en la capital. “Que no sea solo una y en Montevideo”, agregó.

Rodríguez acotó también que “los policías no son cualquier empleado público”, y que muchas veces tienen que lidiar con hechos de “extrema violencia”. “Es una tarea desgastante, de demanda continua y que vive situaciones de violencia todos los días”, destacó.

Es por eso que cree necesario que se realice “un trabajo psicológico preventivo y cotidiano” para con los uniformados. “En un turno te toca trabajar con un niño fallecido y luego volver al turno como si nada, cuando deberían el mismo día estar haciendo una tarea preventiva sobre lo que sucedió para que ese policía no se enferme”, reflexionó.