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Revocación de canales: "Vamos a presentar batalla no solo jurídica", dijeron desde el grupo de Fasano

Esta decisión anunciada oficialmente el 18 de febrero generó críticas del por aquel entonces gobierno entrante.

Control remoto. Foto: Flickr
Control remoto. Foto: Flickr

El Poder Ejecutivo revocó una de las últimas medidas de la segunda administración de Tabaré Vázquez, la asignación de canales para Canal U, Eutopía TV (propiedad de Federico Fasano) y Fara S.A (señal TV Libre Multimedio La República) de alcance nacional, con la obligación de ser incluidos en la oferta de todos los cableoperadores del país, informó El Observador y confirmaron a El País fuentes del gobierno este viernes.

En diálogo con El País, Rúben Villaverde, uno de los tres socios de Eutopía, dijo que esta "es una decisión política que tomó el Poder Ejecutivo de ceder a sus compromisos con los canales privados de televisión y la respuesta que vamos a dar es de carácter jurídico".

En tanto, entiende que "hay una orden política que es 'Eutopía no debe tener expresión en la televisión nacional', y eso es una decisión política, y después consiguieron algunos abogados que escribieron lo que escribieron".

"Vamos a presentar batalla no solo jurídica", enfatizó Villaverde. Consultado al respecto manifestó que esto lo resolverán este fin de semana con su equipo de trabajo, aunque adelantó: "No tenemos ganas de renunciar a generar información alternativa e información diferente".

"Quizás que terminamos parados arriba de un cajón de feria en una plaza diciendo lo que nosotros consideramos son nuestras verdades, pero capaz que lo hacemos en algún otro formato", en referencia a desarrollar el proyecto en plataformas digitales.

El País tuvo acceso a la resolución que tomó el Ejecutivo en las últimas horas. Varios operadores de cable impugnaron la resolución del Poder Ejecutivo 97/020, para "la realización del Concurso Público a interesados en brindar una señal de Televisión, para todos los servicios de televisión para abonados" por una "falta de competencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para la aprobación del Pliego del Llamado Público para estos canales", que dispuso el Decreto del Poder Ejecutivo N° 160/019 de fecha 5 de junio de 2019.

¿Por qué la incompetencia planteada? El texto señala que "el órgano competente para realizar la convocatoria en cuestión era la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, no la URSEC, que devino competente a partir del 1° de diciembre de 2019".

Esto es porque se aduce que el artículo 198 de la ley Nº 19.307, o Ley de Medios, establecía que "hasta tanto se creen los cargos integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual" las competencias "serán ejercidas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh)".

Sin embargo, este artículo fue modificado el 23 setiembre de 2019 y las competencias pasaron a ser ejercidas por la Ursec a partir del 1° de diciembre de 2019.

Por tanto, se entiende que las resolución de la Ursec 132/2019, del 10 de octubre de 2019, y la resolución 138/2019 del mismo organismo, con fecha 17 de octubre de 2019, "emanaron de un órgano incompetente", en referencia a que esa competencia se la atribuye a la Inddhh.

Consultado al respecto, Villaverde si bien aclaró que darán una "respuesta jurídica" a esto, afirmó: "Cuando les conviene el Instituto de Derechos Humanos es excelente y cuando no les conviene es una inmundicia".

Además de los "vicios formales insunsanables y de las omisiones en el procedimiento", en la resolución se entiende que "fue desconocida la recomendación expresa" por parte de la Inddhh de "no realizar el Concurso Público de Selección de canales en período electoral" para "preservar el principio de transparencia en materia de regulación de los medios de comunicación, las garantías de imparcialidad y de protección de derechos fundamentales".

Por otro lado, se señala que la asignación de señales "a 15 días de hacerse efectivo un cambio de mandato constitucional del Poder Ejecutivo", supone la "desprotección del derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión: como derecho de todos de expresarse libremente y el derecho a recibir ideas y opiniones diversas, de acuerdo a lo establecido en la Declaración de Principios y Libertad de Expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Consultado sobre si se piensa reabrir una nueva asignación de canales, el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, respondió: "No hemos tenido ni el tiempo ni hay voluntad de hacer un llamado a la brevedad".

Esta decisión anunciada oficialmente el 18 de febrero, a días de que Vázquez dejara la Presidencia, generó críticas del por aquel entonces gobierno entrante. Walter Verri, subsecretario designado del Ministerio de Industria (MIEM), había dicho en diálogo con Radio Oriental: "Se toman decisiones que afectan el funcionamiento del próximo gobierno".

Consultado sobre si la adjudicación de las señales respondía a cierto "amiguismo", Verri había señalado: "Es cierto que la adjudicación coincide con medios o empresarios afines al gobierno, pero sin tener la licitación, ni haberla leído ni ver cuál ha sido el proceso de adjudicación, no me animo a hacerlo. Es prematuro opinar. Si una vez que la haya leído fuera así, lo diría", había manifestado.

La señal que quedó por el camino fue Cardinal TV, que va actualmente por los cableoperadores del interior del país, con contenido de 100% de producción nacional. Los responsables de este canal, que pertenece a CUTA (Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados) recusaron la decisión.

"Fue inoportuno. Demasiado apresurado. Se podía haber esperado para que el nuevo presidente hubiera tomado la decisión", había dicho en marzo la directora de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), representante del Partido Nacional, Silvana Olivera.

Para elegir las tres señales se llevó a cabo un concurso público, que fue una de las nuevas disposiciones introducidas por la ley de medios aprobada por el Parlamento en 2014. El 24 de abril ingresó al Parlamento un proyecto sustitutivo de esta ley, y se tratará de manera independiente. Antes formaba parte del borrador de la Ley de Urgente Consideración, que ya se aprobó en el Parlamento.

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