Decisión

Gobierno frenó reestructura de UTE

El director de OPP, Álvaro García, confirmó que hasta 2020 no se realizarán modificaciones.

La oposición cree que la reestructura que se impulsa ahora es ilegal. Foto: Fernando Ponzetto
El director de OPP confirma que no se realizará una reestructura. Foto: Fernando Ponzetto

El gobierno decidió frenar la reestructura de UTE que había generado gran resistencia en los mandos medios de la empresa. El País había informado en setiembre de la decisión del directorio de UTE de llevar adelante una reestructura gerencial. En octubre un grupo de 400 funcionarios de la empresa eléctrica había presentado un recurso contra esa decisión. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, argumentaba que la reestructura implicaba que se pasara de 31 puestos de alta gerencia a 22, lo cual, según él, hubiese generado ahorros. Los técnicos que recurrieron consideraron que la reestructura hubiese afectado sus derechos adquiridos.

Ahora, el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, le dijo al programa "Así nos va", de radio Carve, que el gobierno ha "frenado" la reestructura y señaló que "no está prevista ninguna reestructura hasta el fin del gobierno" en las empresas públicas.

En los hechos, esto supone la segunda desautorización a Casaravilla en poco tiempo. UTE tenía previsto comenzar un plan de expropiaciones para subir el nivel del lago de Rincón del Bonete, que hubiese supuesto la expropiación de 40.000 hectáreas de establecimientos ganaderos en los departamentos de Durazno y Tacuarembó. Sin embargo, la ministra de Industria, Carolina Cosse, tuiteó que había dado orden de detener el proceso de expropiación y que se iba a crear un grupo técnico para estudiar más en profundidad el asunto.

En el gobierno se considera que UTE tomó en consideración solamente aspectos económicos y que no calibró, por ejemplo, el efecto que podría tener la suba de la cota en la recién refaccionada rambla de San Gregorio de Polanco.

La resolución número 2487/18 fue aprobada a impulso del presidente de UTE Gonzalo Casaravilla y contó con el aval de otros dos directores oficialistas. Sin embargo, y según supo El País, no fue acompañada por el colorado José Amy ni por Cristina Arca, directora allegada a Asamblea Uruguay, sector del ministro de Economía Danilo Astori. La resolución se adoptó a poco más de un año de las elecciones. Según el artículo 229 de la Constitución, los entes y servicios descentralizados no podrán aprobar presupuestos o crear cargos, en los doce meses anteriores a la fecha de los comicios nacionales. A nivel de los funcionarios de UTE no había información de cómo la creación de 22 nuevos puestos afectaría a los cerca de 30 cargos de alta gerencia que tiene hoy el ente. En ese momento, los actuales gerentes no tenían claro si serían reemplazados o trasladados en sus tareas.

Según fuentes gerenciales consultadas por El País, el objetivo de esta reestructura era "promover cargos de primer nivel como cargos de confianza de carácter político", por lo que temen una "politización" a nivel de la estructura. La medida dispuesta es resistida por los altos funcionarios, que advierten que se estaría afectando la carrera funcional. Consultado sobre la resolución, el presidente de la Asociación de Profesionales y mandos medios de UTE (Aprom) José Pena dijo a El País que "no hay nada resuelto" acerca de si los gerentes actuales seguirán en sus cargos.

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