LLAMADOS A SALA

Gobierno defiende su gestión ante los cuestionamientos de la oposición

Legisladores del Frente Amplio buscaron respuestas del gobierno ayer al llamar a la Comisión Permanente y a dos comisiones de Diputados a cuatro ministros de Estado para que rindan cuentas.

Salinas y Paganini respondieron sobre el etiquetado frontal de alimentos. Foto: Leonardo Mainé
Salinas y Paganini respondieron sobre el etiquetado frontal de alimentos. Foto: Leonardo Mainé

A días del inicio de un nuevo período legislativo, el Frente Amplio llamó al Parlamento, en una misma jornada, a cuatro ministros. Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), Daniel Salinas (Salud Pública) y Omar Paganini (Industria, Energía y Minería) defendieron ayer la gestión de la coalición en el primer año de gobierno.

A instancias de la oposición, Arbeleche defendió en la Comisión Permanente la gestión económica del gobierno, Bustillo repasó las prioridades de su cartera en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, y Salinas y Paganini explicaron en la Comisión de Salud de la misma cámara por qué se modificaron las exigencias a la industria para el etiquetado frontal de alimentos.

Durante el encuentro, el canciller Bustillo, que llegó a la comisión acompañado por una delegación de 12 personas, informó que aún quedan por resolverse varios temas con respecto a un eventual tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, entre ellos, el acuerdo sobre el etanol, indicaciones geográficas e incluso aspectos vinculados a cuestiones legales y a la traducción del documento.

En la oposición, mientras tanto, observan con “preocupación” la “dilatación” de la ratificación del acuerdo. “Es una muy mala noticia porque se viene negociando hace más de 20 años y tenía muchas posibilidades para muchas empresas exportadoras”, señaló el diputado del Frente Amplio, Daniel Caggiani.

El legislador de la coalición de izquierda, por otro lado, reclamó una “política exterior de carácter nacional” que sirva para “ayudar al sector productivo a lograr mejores destinos de exportación y más trabajo para la población”.

Otro de los aspectos de debate en la comisión de Asuntos Internacionales estuvo marcado por el rol que el gobierno le imprimirá al Instituto Uruguay XXI. Participantes del encuentro comentaron a El País que la Cancillería explicó que la dirección del organismo planifica aún las prioridades para este año, sin embargo, en la oposición no quedaron para nada conformes con las explicaciones.

Bustillo dijo que se trata de “un muy buen instrumento que se ha dado el país”. Sin embargo, señaló que aspira a corregir aspectos administrativos de la herramienta.

Francisco Bustillo. Foto: Leonardo Mainé
Francisco Bustillo. Foto: Leonardo Mainé

Pero estos no fueron los únicos temas abordados durante la comparecencia de Bustillo y la subsecretaria Carolina Ache Batlle. El canciller también explicó a los legisladores sobre la situación de 43 diplomáticos que no han recibido aún ningún destino en el exterior. Al respecto señaló que “no es que estén en el banco de espera” sino que el Poder Ejecutivo “tiene la potestad de enviar o no a un funcionario fuera de fronteras”.

“No es que estén en penitencia, están cumpliendo funciones y en tiempos oportunos van a tener su destino en el exterior”, insistió el ministro, que también detalló que al asumir en su cargo en julio del año pasado se encontró con un “mal” estatuto del Servicio Exterior, y que este tendrá que sufrir modificaciones para optimizar los recursos de la cartera.

Por otro lado, el canciller anunció que en el segundo semestre de este año el presidente Luis Lacalle Pou tiene planteada una serie de viajes oficiales a China, Japón y Catar, si la pandemia del coronavirus lo permite. “Es muy probable que en el próximo semestre el presidente esté visitando China, es una inquietud que tenemos, que hemos compartido con el gobierno chino, pero está sujeto a los aspectos que involucran a la pandemia”, explicó el ministro.

Cruce de enfoques.

Antes que Bustillo y la cúpula de la Cancillería se encontraban en comisión, la ministra de Economía y Finanzas, Arbeleche, se enfrentó ante la Comisión Permanente donde respondió sobre la crisis ocasionada por la pandemia.

La secretaria de Estado, que defendió la gestión económica del gobierno, sostuvo durante su intervención que la pobreza aumentará en Uruguay por el COVID-19. “Es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento de personas en situación de pobreza”, dijo la jerarca en la sesión. “Hay estimaciones oficiales que dicen que (la pobreza) podría aumentar dos o tres puntos porcentuales. Pero no necesitamos esperar a que estén los números, lo estamos viendo, y por esto este aumento en las transferencias sociales”, agregó la ministra.

Azucena Arbeleche este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente. Foto: Leonardo Mainé
Azucena Arbeleche este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente. Foto: Leonardo Mainé

El Frente Amplio aprovechó la presencia de la jerarca para apuntar contra la gestión del gobierno. El diputado convocante del Movimiento de Participación Popular (MPP), Sebastián Valdomir, reclamó a la ministra destinar más recursos para atender la pandemia. También denunció que el gobierno estuvo omiso en determinadas circunstancias, y que “en algunos casos le faltó flexibilidad porque debía haber bajado su pretensión de elaborar un ajuste, un ahorro, un abatimiento del gasto público, en el marco de una pandemia”.

Por su parte, el senador comunista Óscar Andrade dijo que desde el Frente Amplio tienen un enfoque sobre la política económica “que es muy diferente” a la del gobierno. “Ahorrar en estos casos nos va a salir muy caro como sociedad”, dijo, y resaltó que “muchos uruguayos no pueden esperar más” determinadas medidas para superar la crisis del coronavirus. En su misma línea fue la diputada frenteamplista Bettiana Díaz, al señalar que “hay gente que no aguanta más”, y resaltó que es necesaria una política de transferencias que funcione como “un shock para poder dinamizar el bolsillo de la gente”.

Cambios en el etiquetado.

En forma casi simultánea, Salinas y Paganini explicaron en la Comisión de Salud de Diputados los cambios aplicados al sistema de etiquetado frontal de alimentos. A la oposición no le convencieron las modificaciones que el gobierno de Lacalle Pou aplicó al decreto, e incluso, tras la comparecencia de las autoridades, a muchos legisladores de la oposición -según dijeron- les quedaron más preguntas que respuestas.

Fue el caso de la diputada Cristina Lustemberg (PAR) quien señaló en conferencia de prensa su “preocupación” sobre el aumento de los límites de azúcares, “especialmente en los lácteos que consumen los niños”.

El gobierno había señalado que en realidad no se habían realizado cambios con respecto al decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez en su momento, sin embargo ayer el Frente Amplio mostró en sala una tabla que dice lo contrario. Según esta, el decreto del expresidente manejaba, por ejemplo, que para determinar el exceso de azúcares se aceptara un máximo de 3 gramos, mientras que el que el gobierno propuso en setiembre pasado lo elevó a 10 gramos y el nuevo decreto dado a conocer el mes pasado llevó el límite a los 13 gramos.

Se esperan documentos para cerrar con Sputnik
Vacuna Sputnik V. Foto: AFP

Bustillo y Salinas coincidieron ayer en que aún siguen las negociaciones para que Uruguay pueda acceder a las vacunas contra el COVID-19 de Sputnik. Al ser consultado por el estado de las conversaciones, el ministro de Salud Pública señaló que “tiene que estar toda la documentación de cualquier vacuna que pretenda ser autorizada para su uso dentro del territorio nacional”. Agregó que se tiene que presentar un “dossier o documentos regulatorios, los que deben ser revisados por técnicos del Ministerio de Salud Pública”. En ese sentido, dijo que “no son caprichos”, sino que funcionan como agencia regulatoria de medicamentos. El ministro indicó que si esta información “no está, es porque algo falta”.

Ambiente detiene la obra de planta de efluentes de UPM 2

El gobierno frenó la construcción de una planta de tratamiento de efluentes de UPM 2. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo ayer que se constató que la empresa comenzó con la obra cuando todavía no contaba con autorización.

El jerarca dijo que la firma alegó que eran “tareas preparatorias” que no formaban parte de la construcción, pero que para el ministerio sí implicaban un comienzo de la obra, según fueron sus declaraciones a Subrayado de Canal 10.

El martes se informó e intimó a la compañía para que detenga la obra. Además, se inició un “proceso de sanción”, el cual la empresa “puede recurrir” si lo entiende necesario. No obstante, Peña aclaró que la posición del ministerio es que se empezó con la obra sin autorización y que “por eso será sancionada”.

La obra en cuestión es una planta central de 500 metros de largo por 120 de ancho.

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