Proyecto

Plantean cambios a la ley orgánica militar a estudio en Diputados.

Cuando comience a regir la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, para que el Poder Ejecutivo ascienda a un oficial al grado de general (Ejército), contralmirante (Armada) o brigadier general (FAU), el candidato deberá estar mejor preparado que en la actualidad. Será obligatorio que se haya diplomado en el curso de Estado Mayor, algo que en la actualidad no es necesario.

Eso está establecido en el artículo 101 del proyecto de ley a estudio de la comisión de Defensa de Diputados, que ayer recibió al ministro Jorge Menéndez y al jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) el general de cuatro estrellas Juan José Saavedra para hablar del tema.

Los representantes del gobierno recibieron algunas propuestas de los legisladores que deberán evaluar. Una de ellas establece una prórroga de cinco años en la vigencia de esta disposición sobre el curso de Estado Mayor con el propósito de no afectar derechos adquiridos porque hay oficiales que en la actualidad no tienen el curso requerido por la ley y están en condiciones de ser seleccionados para el generalato, explicó a El País el diputado oficialista Jorge Pozzi.

El curso de Estado Mayor que hoy reciben los oficiales es una especialización en alta gerencia militar, con enseñanza de geopolítica, táctica, estrategia, entre otras materias que los preparan para un nivel superior de conducción de su respectiva fuerza.

El proyecto del gobierno actualiza las disposiciones vigentes desde 1974.

Una de las claves conceptuales -y que en el proyecto se establece a texto expreso- es el fin de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. Asimismo se termina con la existencia de órganos como la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, de preponderante funcionamiento durante la última dictadura.

La iniciativa echa por tierra el concepto de obediencia debida en el caso de los derechos humanos, al señalar que ningún militar “debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales”.

El diputado Pozzi espera que el proyecto se apruebe en la actual legislatura, a la que le queda todo el año próximo -aunque es electoral- pero recién está comenzando su debate.