EJECUTIVO SOLICITÓ VENIA AL SENADO PARA DESTITUIRLOS

Afirman que actuaron según el reglamento de los tribunales de honor.

En un escrito de cuatro páginas presentado ante el Senado bajo la firma de los abogados Gustavo Bordes y Gastón Chaves, los generales del Ejército Carlos Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo cuestionaron el pedido de retiro voluntario que solicitó el Poder Ejecutivo para ellos a consecuencia de lo sucedido con las declaraciones de José Gavazzo admitiendo ante ellos que en 1976 hizo desaparecer el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro.

Los uniformados afirmaron en la nota de descargo entregada ante la comisión de Defensa del Senado, que cumplieron el reglamento de los tribunales de honor de la fuerza en la medida en que informaron y actuaron bajo las decisiones del excomandante en jefe general Guido Manini Ríos.

Esta situación provocó una tormenta en el Ejército y en el ministerio de Defensa, y como consecuencia fueron destituidos el ministro Jorge Menéndez, el subsecretario Daniel Montiel, al comandante en jefe José González, al jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) Álvaro Erramún y también se pidió al Senado la venia para el retiro obligatorio de estos cuatro generales.

“La conducta de los generales, contrariamente a lo sostenido en el pedido de venia (de pase a retiro obligatorio que el Senado tiene a estudio), se ajustó plenamente a la disposición que infundadamente se pretende infringida y cumplió también plenamente con la finalidad que la determina”, señala el escrito, al que accedió El País.

Los cuatro generales integraron un tribunal de honor y otro de alzada que en su momento juzgó la conducta de Gavazzo. Cuando tomaron conocimiento de su confesión sobre Gomensoro, el escrito explica que los generales “suspendieron las declaraciones e informaron directa y personalmente a su superior, que era el comandante en jefe Guido Manini Ríos, quien transcurridos algunos días dispuso que las actuaciones continuaran”.

“La suspensión de las actuaciones, la comunicación al superior y la decisión de éste de ordenar la continuación del proceso ha sido plena, pública y reiteradamente admitido por Manini Ríos en diversas declaraciones a los medios”, añade el documento.

La ley 19.189 en la que se ampara el pedido del Poder Ejecutivo, que es relativa al retiro de oficiales superiores y personal militar (modificativa de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de 1974), establece en su artículo 3° que el retiro de “los oficiales generales, o equivalentes, por iniciativa del Poder Ejecutivo, deberá contar con venia del Senado, o de la Comisión Permanente cuando corresponda, otorgada por mayoría de 3/5 de votos del total de sus componentes”.

Cuando el tema vaya al plenario, esta misma semana, se constatará que no hay votos suficientes porque la oposición no levantará la mano debido a que discrepa con la forma en que el Ejecutivo pide al Parlamento el retiro.
Al no haber votos suficientes en el plenario, hay que ver qué camino seguirá la bancada del Frente Amplio.

En el escrito se señala que “llama la atención el hecho de que la norma en cuestión indica al presidente del tribunal de honor como el obligado a comunicar al superior y no todos los integrantes del mismo”, y que “el hecho de que el Poder Ejecutivo pretende la venia para la totalidad de integrantes del tribunal de honor es una clara señal de que lo que busca es una sanción que ni siquiera se funda en la norma que indica la resolución”.

Y se concluye en el documento que “si bien se faltó a la formalidad documental, el acto existió materialmente, como se confirma por las declaraciones del superior (Manini Ríos), en la triple exigencia reglamentaria: suspensión del procedimiento, comunicación al superior y obediencia a su decisión en el sentido de que continuara”.