MINISTERIO CUESTIONADO

El futuro del Mides divide las aguas en la carrera electoral

Racionalizar o no los más de 300 programas que nuclea el Ministerio de Desarrollo, esa es la cuestión.

Un estudio realizado por el propio Mides revelaba que la cartera concentra unos 330 programas, algunos de los que atienden a menos de 1.000 beneficiarios. Foto: Fernando Ponzetto
Un estudio realizado por el Mides revelaba que la cartera concentra unos 330 programas, algunos de los que atienden a menos de 1.000 beneficiarios. Foto: F. Ponzetto

El más nuevo de los ministerios es el más cuestionado. Al momento del diagnóstico de las políticas sociales, los programas de gobierno de los partidos de la oposición, esos que podrían conformar una coalición, no escatiman tinta para señalar un “culpable”: el Mides.

Ninguna de las colectividades en competencia se plantea la eliminación del benjamín del gabinete. Pero blancos, colorados e independientes concuerdan en la necesidad de una “reestructura” y el fin de la multiplicidad de programas (y “programitas”, como le dicen peyorativamente) que se superponen.

Un estudio del propio Mides, en el año 2016, revela que la cartera concentra 330 programas. “Más atomización de programas redunda en más gasto, más burocracia y menos eficacia en la ejecución”, dice la vocera colorada en políticas sociales, Carmen Sanguinetti. Y su par del Partido Independiente, Javier Lasida, complementa: “Sirve de poco tener 20 programas en el que cada uno atienda a solo 1.200 beneficiarios, porque esos miniproyectos se transforman, a la larga, en mero asistencialismo”.

Por eso en la oposición la apuesta es “concentrarse en programas de mayor impacto”, indica Pablo Bartol, el candidato de Luis Lacalle Pou para ocupar el sillón ministerial. ¿Un ejemplo? Uruguay Trabaja, dice el exdirector del centro educativo Los Pinos. “Este programa solo cubre un 10% de la demanda”.

Desde el Frente Amplio, en cambio, se defiende la gestión actual. De hecho, en el oficialismo se insiste en la necesidad de focalizar todavía más en “poblaciones que han quedado relegadas”, dice la vocera de Daniel Martínez en el área, la cientista política Rossana González. Entre las prioridades “están los adolescentes, en especial para revertir la alta tasa de suicidio juvenil, y las mujeres rurales”.

El cambio que plantea el partido de gobierno es “en la forma de evaluación: la idea es fijar metas por proyectos y a medida que se cumplen los resultados se habilitan los desembolsos de dinero”, explica González. Esta estrategia del oficialismo está inmersa en una modificación del presupuesto: “ya no será por incisos, en que se duplica el gasto, sino por proyectos y programas”.

La oposición sostiene que en la evaluación está uno de los talones de Aquiles del Mides. Sanguinetti es madre de una niña de cuatro años con síndrome de Down y nota “la falta de estadísticas y diagnósticos de programas”.

González le responde y señala que desde el Mides “se evalúa y se hicieron más de 200.000 visitas a hogares, por eso bajó la pobreza, los embarazos en adolescentes y la mortalidad infantil”.

El País intentó tener la opinión de Cabildo Abierto pero no obtuvo respuesta.

Transferencias.

Uruguay está inmerso en el continente más desigual. Pero su ascenso a ser un país de renta “media-alta” (algo así como jugar entre los que están de mitad de tabla hacia arriba), ha hecho que las transferencias de organismos internacionales tiendan a desaparecer y sea el propio Estado el que deba valerse por sí mismo.

¿Cómo hacer para que el dinero llegue a la población de la mejor manera y la más justa? Esa pregunta atraviesa los programas de todos los partidos.

El Frente Amplio está debatiendo una unificación de las asignaciones, lo que llevaría a tender “a una herramienta universal de transferencia que alcance todas las clases sociales”, dice González, aunque también deja en claro que “en campaña no es momento de este debate”.

Para Lasida “sería un grave error ir hacia una renta universal básica (el pago de un monto de dinero por el solo hecho de ser habitante, para que la persona pueda progresar)”. No es que el técnico del Partido Independiente sea contrario en la teoría, sino que “Uruguay no tiene posibilidad técnica para dar el paso y en los países que se hicieron pilotos el impacto fue moderado”.

Eso sí: Lasida es partidario de que se mantengan las asignaciones familiares con condiciones, pero que sea “el Mides el que fije la política y no el BPS”.

En eso está en sintonía con el nacionalista Bartol. El vocero blanco entiende que “la asignación familiar no es una pensión más, una prestación automática, sino que tienen que haber metas y un acompañamiento”.

Ahí existe un matiz entre la oposición. Mientras Bartol es partidario de mantener la asignación condicionada “aunque estas condiciones no tienen que ser centrales”, para Lasida “habría que tender a unas 15 condiciones que vayan rotando a medida que la familia se supera”.

Más allá de las asignaciones, la otra clave electoral está en cómo aterrizar las políticas sociales. El Partido Colorado apunta al “efecto Medellín”, eso que hizo Colombia tras la caída del narcotraficante Pablo Escobar. “En las periferias urbanas sigue faltando Estado, y eso se soluciona acercando la atención a la gente”, dice Sanguinetti. Los “136 liceos públicos que propone Talvi, cuando repite ‘los niños primero’, es un ejemplo”.

El Frente Amplio también impulsa la creación de 125 centros nuevos y jardines de infantes, incluso ya fijó como meta “la universalización educativa de los niños de tres años”.

El nacionalista Bartol había dicho que imaginaba la planta baja del Mides convertida en un centro de atención diurno, en el que pueda hacerse yoga. Pero su idea va más allá y pretende “reinstalar las mesas territoriales, porque el Mides no llega siempre a donde tiene que hacerlo”.

Cuatro referentes

Rossana González | frente amplio
Rossana González. Foto: archivo El País.
“Duplicar las tobilleras y 70% de presos estudiando”
"Nuestro equipo es de Desarrollo Humano, porque la exclusión no es solo por pobreza”, dice la frenteamplista Rossana González.

“El Plan Nacional de Violencia Basada en Género va en esa lógica: proponemos duplicar las tobilleras, pero también un cambio cultural. Lo mismo sucede en la cárceles: queremos que el 70% de las personas privadas de libertad estudien o trabajen, y que sea un empleo digno”.
Pablo Bartol | Partido nacional
Pablo Bartol
“Municipios tienen más cercanía que el Mides”
"Cada vez que ocurre un problema de violencia doméstica, de consumo de drogas o hasta si un niño deja de ir al jardín, son los vecinos los primeros en enterarse. Por eso tenemos que fortalecer el trabajo directo en la comunidad y delegar parte de las funciones en las intendencias y municipios, al fin y al cabo tienen más cercanía que el Mides”, dice. El blanco plantea una relación con las comunas “como hace la OPP”.
Carmen Sanguinetti | partido colorado
Carmen Sanguinetti. Foto: archivo El País
“Tiene que simplificarse el trámite por discapacidad”
"Para quienes tenemos hijos con discapacidad, cada trámite es un tedio: te piden una cosa acá y otra allá. Una condición genética, como el síndrome de down, no se va. Entonces debería haber un diagnóstico que dé inicio a un trámite que sirva para el resto de la vida. Simple”. Así lo entiende Carmen Sanguinetti. La colorada ya tiene pronta la redacción de un decreto que atienda esto “desde la maternidad”.
Javier Lasida | partido independiente
Javier Lasida. Foto: archivo El País
“Se necesita un Ineed que evalúe políticas sociales”
"El organismo de evaluación del Mides es bueno, pero es juez y parte. Se necesita un Ineed de políticas sociales o contratar a universidades que hagan mediciones estandarizadas”, sostiene Javier Lasida.

El vocero del Partido Independiente entiende que el INAU hizo “un buen ejercicio de supervisión y evaluación”. Por eso las políticas en primera infancia, dice, “tendrían que estar todas centralizadas por el INAU, aunque haya varios organismos ejecutores”.
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