Seguridad interna

En caso de detener en flagrancia pasarán el caso a la Fiscalía.

Por unanimidad, el Senado dio un paso más en dirección a autorizar por ley la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna: tendrán como cometido custodiar las fronteras actuando en colaboración con la Policía y en los hechos como asistente de la Justicia.

El proyecto fue modificado y volverá a consideración de Diputados, que lo sancionará rápidamente.

La decisión del Senado tomada por 27 votos en otros tantos senadores presentes ayer en el Parlamento relativizó, de hecho, la negativa del Poder Ejecutivo a acompañar la propuesta de reforma constitucional del senador blanco Jorge Larrañaga que plantea entre otras cosas, la creación de una guardia nacional con efectivos militares para tareas de seguridad interna, de acuerdo con la lectura de la situación que se hace en el sector Alianza Nacional.

El proyecto establece que la franja a custodiar es de 1.590 kilómetros lineales. En la misma los uniformados deben cuidar 20 kilómetros de ancho hacia el interior del territorio, excepto en donde haya centros poblados. Allí "el oficialismo acepta que los militares cumplan tareas policiales", dijo Larrañaga en el curso de su intervención.

En consecuencia, señaló que "las objeciones del Frente Amplio caen cuando el propio presidente Tabaré Vázquez envía un proyecto de ley al Parlamento para comenzar a darle funciones policiales a las Fuerzas Armadas".

El espíritu del proyecto es que los militares participen en la detención de una persona en caso de flagrante delito. Se acordó que el militar conducirá directamente al detenido al fiscal o al juez de turno. Esto significa que, en los hechos, los militares pasarán a ser auxiliares de la Justicia, según explicó el senador oficialista Ruben Martínez Huelmo.

La propuesta para aclarar el proyecto en este sentido fue del nacionalista Javier García y se consideró en la comisión de Defensa Nacional. El Poder Ejecutivo demoró unas semanas, pero finalmente dio su anuencia.

García advirtió en el debate que "hay un problema serio de fronteras" por donde ingresan "drogas, plata sucia, armas y personas" porque "no hay control del Estado". El legislador reclamó que se apruebe lo antes posible el proyecto de ley impulsado por el gobierno conteniendo medidas contra el terrorismo.

Para García los delincuentes "están formando ejércitos de bolsillo" que "se financian en parte con el robo de los cajeros automáticos". Y dijo que entre 2013 y febrero de 2016, según cifras del Ministerio del Interior, 283 armas de grueso calibre fueron hurtadas o rapiñadas a fuerzas de seguridad.

El proyecto del gobierno "está en las antípodas de lo que creo debe ser el rol de la policía y las Fuerzas Armadas", dijo por su parte la senadora frenteamplista Constanza Moreira y explicó que daría su voto sin ganas y solamente "por disciplina partidaria".

Moreira fue muy crítica con la presencia de militares en tareas de seguridad pública. "La militarización es una cesión de terreno en relación a las libertades. Es una forma de perder libertades", advirtió.

Luego, el senador Larrañaga insistió que las de vigilancia de la frontera son "evidentes funciones policiales". Son "incluso más amplias que la que nosotros proponemos mediante la reforma ("Vivir sin Miedo"), porque aquí se encomienda a todas las Fuerzas Armadas", mientras que en su iniciativa a plebiscitar plantea crear una fuerza con 2.000 efectivos.

Consideró que la mejor opción es usar, ante esta emergencia, a "militares que están calificados, que conocen la disciplina y la jerarquía, que están estructurados e instruidos en el manejo de armas (...) Proponemos que se los prepare para las nuevas tareas. Si un ciudadano cualquiera puede ser policía con seis meses de preparación, sería ilógico que un militar no pudiera", reflexionó el senador.

La Cámara de Representantes votó, con la única discordia del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, el proyecto de ley que crea un fondo para los casos de insolvencia patronal, para que los trabajadores no se vean perjudicados. El fondo se financiará con una contribución del 0,5% de todos los rubros laborales que constituyen materia gravada, administrado por BPS. Alcanzará a todos los trabajadores incluyendo a las personas públicas no estatales, y solo se excluyen a los trabajadores vinculados al empleador por una relación de parentesco y al personal de alta dirección. Toma como límite los créditos generados en los últimos seis meses antes del cese de pagos así como los demás rubros de pago no mensual (aguinaldo, salario vacacional y licencia) con un límite temporal de dos años. Incluye la indemnización por despido común más la multa de 10%. El límite máximo es de 105.000 UI, un máximo al día de hoy de $ 418.000. El estado de insolvencia se configura con la inexistencia de bienes del empleador para hacer frente a una sentencia de condena. También la insolvencia se configurará en caso que el empleador haya abandonado el país, se desconozca su paradero y no quede nadie en condición de responder a los créditos laborales. Al fundamentar su voto, Goñi dijo que comparte el objetivo del fondo, pero opina que el proyecto de ley "es una mala solución porque se desatiende la empresa y sus necesidades de presentarse a concurso y tratar de salir de la insolvencia".