LA CAUSA ENVIDRIO

Frente Amplio sorprendido por el pedido de procesamiento del diputado Daniel Placeres

La bancada oficialista analizará entre lunes y martes si vota el desafuero

Placeres es cuestionado por sus relaciones con el gobierno de Venezuela. Foto: Leonardo Mainé
Placeres es cuestionado por sus relaciones con el gobierno de Venezuela. Foto: Leonardo Mainé

El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió procesar al diputado Daniel Placeres, del Movimiento de Participación Popular (MPP) por el delito de Conjunción del interés privado y del público por su actuación parlamentaria en temas relacionados con la empresa Envidrio. La medida tomó por sorpresa a la bancada oficialista que analizará el tema entre lunes y martes.

Pacheco solicitó a la Cámara de Senadores -incurriendo en un error de forma- que se levanten los fueros parlamentarios al diputado y que luego, si esto sucede, se lo procese como presunto autor penalmente responsable de un delito de conjunción de interés personal y del público.

Luego señala que al tratarse de un delito “castigado con pena mínima de prisión y no concurriendo ninguna de las circunstancias que justifican la imposición de prisión preventiva u otras medidas cautelares, el procesamiento podría ser dispuesto sin prisión”.

Daniel Placeres es mucho más que un diputado del MPP. Se puede decir que es el ahijado político del expresidente José Mujica, a tal punto que ambos viven en la chacra de Rincón del Cerro.

La relación lleva años. Se remonta a 1985 cuando Placeres comenzó su militancia política sindical e ingresó años más tarde al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Luego fue edil y desde hace cuatro años ocupa una banca en Diputados, la que ahora debería dejar en suspenso (desafuero) para comparecer ante la Justicia.

En plena campaña electoral, el pedido de procesamiento de Pacheco por un delito de conjunción del interés público y privado, al omitir informar su vinculación con Envidrio y promover la votación de una ampliación del seguro de desempleo, tomó por sorpresa a la bancada oficialista. El diputado ya había estado en el centro de la polémica desde que se supo que viajó más de 80 veces a Venezuela.

Reacciones.

El MPP se mantiene en silencio. Diputados y senadores se encontraban ayer en una gira de campaña cuando se enteraron de la noticia, por lo que al ser consultados por El País prefirieron no opinar. El hecho será analizado entre lunes y martes y se fijará posición acerca de si se debe votar el desafuero.

Según supo El País, los abogados de Placeres no habían sido notificados del dictamen fiscal. Basaron su defensa en que Placeres renunció a la cooperativa en febrero de 2015 (antes de asumir como diputado) por lo que no hay marco legal para sostener su vinculación con Envidrio.

Fuentes del sector destacaron que del mismo dictamen del fiscal se desprende que “en los negocios con Venezuela no hay ilicitud”, tampoco las hay en los préstamos del Fondes y en los préstamos del Inefop.

Entre los legisladores del Frente Amplio se entiende que el pedido de desafuero es un “golpe” para todo el oficialismo, ya que los coloca en una posición incómoda.

Daniel Placeres dijo que hasta el 2015 trabajó en Envidrio "a full". Foto: Archivo El País
Daniel Placeres dijo que hasta el 2015 trabajó en Envidrio "a full". Foto: Archivo El País

El año pasado, los partidos políticos se pusieron de acuerdo en levantar los fueros al diputado nacionalista Wilson Ezquerra y al senador Daniel Bianchi, ambos por casos de accidentes de tránsito con espirometrías positivas. Hay quienes entienden dentro de la bancada que tras estas decisiones es “casi inevitable” el levantamiento de fueros para Placeres.

El diputado del Nuevo Espacio y presidente de la comisión preinvestigadora por los negocios con Venezuela Jorge Pozzi dijo a El País que se votó en contra de la investigación porque “no se encontraban méritos” y “el tema ya estaba en manos de la Justicia”. No quiso adelantar si tiene una posición favorable al levantamiento de los fueros parlamentarios.

El exdiputado del FA y ahora nacionalista Gonzalo Mujica -uno de los denunciantes ante la Justicia junto a los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo- dijo a El País que “se abre una puerta a la investigación de todos los hechos” denunciados a la Justicia. “Más allá de que muchas de las cosas que denunciamos puede haber información que no esté a disposición de la Justicia uruguaya, por no estar en el país, lo que acaba de suceder reafirma que la presunción de hechos irregulares es fundada”, afirmó.

La conjunción del interés público y privado es extensiva a la forma en que se concedieron los préstamos a “empresas amigas”, sostuvo Mujica.

Por su parte, el diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía, dijo a El País que los pedidos de desafuero se deben analizar “caso a caso”. “Hay que ver los alcances del dictamen”, enfatizó. Para el parlamentario, la solicitud del desafuero corre por “cuerdas separadas” con lo que fue la investigadora que rechazó el Frente Amplio.

La oposición procurará que el desafuero se vote “lo antes posible” dijo a El País el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, promotor de la comisión investigadora en el Parlamento.

La causa de la empresa Envidrio sigue abierta. Foto: Nicolás Pereyra
Envidrio. Foto: Nicolás Pereyra

De todos modos, Goñi señaló que no insistirá con la investigadora porque ya se expidió la Justicia. Con respecto al archivo de las denuncias sobre los negocios con Venezuela, Inefop y préstamos del Fondes, el diputado nacionalista señaló que seguirá “aportando elementos” a la Justicia y consideró que la situación de Urutransfor es “gravísima”, ya que la empresa que recibió financiamiento del Fondes se encuentra cerca del cierre”.

Un error de forma puede demorar el proceso

En el escrito del fiscal Luis Pacheco en el que solicita acusar a Daniel Placeres como “presunto autor penalmente responsable de un delito de conjunción del interés personal y público” y solicita el Senado el levantamiento de los fueros parlamentarios, el magistrado incurrió en un error de forma, dado que el levantamiento de los fueros debió solicitarlo a la Cámara de Diputados, la que Placeres integra. Consultado por El País Pacheco admitió que “hay un error involuntario en el dictamen. Es la Cámara de Diputados la que levanta los fueros”.

El fiscal descartó delitos en los negocios con Venezuela
El fiscal Luis Pacheco enviará exhorto a Argentina. Foto: G. Pérez

El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco no encontró pruebas de que se hayan cometido delitos en los negocios con Venezuela, ni en la concesión de préstamos del Fondes a la empresa autogestionada Envidrio, así como tampoco en la asistencia del Inefop a dicha empresa, pese las denuncias en ese sentido presentadas por los diputados blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el exfrenteamplista Gonzalo Mujica.

En su dictamen, Pacheco sostuvo que en torno a los negocios con Venezuela “no se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan inferir la existencia de conductas penalmente reprochables”. Agrega que en los escritos presentados por los legisladores “se advierte que no se denuncia concretamente la configuración de algún delito, sino más bien se establecen interrogantes acerca de la forma en que las empresas privadas uruguayas fueron seleccionadas para contratar con las empresas públicas venezolanas y se formulan cuestionamientos a los procedimientos administrativos llevados a cabo para la firma de tales acuerdos y contratos”.

Respecto de los préstamos que el Fondes concedió a Envidrio, Pacheco sostiene que prima facie no existen “hechos con apariencia delictiva, como por ejemplo actos arbitrarios en perjuicio de la Administración, lo que no acontece en este caso”. No obstante subraya que “se puede discutir la conveniencia o oportunidad de la concesión de los préstamos”, pero que eso no es un delito.

En cuanto a la asistencia crediticia que Inefop concedió a Envidrio con el voto contrario de los dos representantes empresariales y la abstención del delegado del Ministerio de Educación y Cultura, “no puede concluirse que se configure un acto arbitrario pasible de reproche penal”. Finalmente y acerca de las tareas remuneradas cumplidas por trabajadores en seguro de paro, Pacheco sostiene que ello debe ser sancionado administrativamente.

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