FINANZAS
Los números del Frente Amplio están en rojo y la colectividad de izquierda se ve obligada a un fuerte ajuste de sus cuentas.
Con números rojos a la vista, producto de la pérdida del gobierno y la baja de 11 legisladores en las últimas elecciones nacionales, el Frente Amplio elaboró un plan de salida que se basa en el “aporte solidario” de los sectores como variable de ajuste entre ingresos y egresos.
La deuda crece mes a mes, aunque es “manejable” dijeron a El País fuentes de la coalición que participaron de la última reunión del Secretariado del pasado jueves, donde se analizó la situación. A eso se suma el inicio de campañas departamentales que conllevarán gastos, muchos de los cuales no hay condición de asumir, por lo que no está claro cuál será el aporte destinado a ese fin.
Para arreglar el desfasaje entre ingresos y egresos, la comisión de finanzas (que hace meses viene trabajando en una reestructura) elaboró un plan integral que pasa por tres ejes: los funcionarios, los “aportes solidarios” que deberán hacer los sectores que componen la coalición y el funcionamiento de los comités de base.
Con respecto a los funcionarios rentados que tiene el Frente en todo el país se plantea una “adecuación”, que pasa básicamente en facilitar que se jubilen los que tengan causal y el envío a seguro de paro de los cobradores por un plazo de cuatro meses, ya que actualmente no están trabajando debido a la pandemia.
De acuerdo con lo que supo El País, el planteo que se maneja -y deberá ser aprobado por el Secretariado y la Mesa Política- implica que los funcionarios que cobran menos de $ 40.000 líquidos realicen una contribución del 7,5% de su sueldo y los que ganen más que eso aporten un 15%. El mismo criterio sería aplicado en el caso de los empleados de la Fundación Líber Seregni. A su vez, se planteó no pagar más honorarios profesionales.
A nivel de sectores, también se propone un “aporte solidario” de carácter transitorio, por un período de 18 meses con el objetivo de equilibrar las cuentas que hoy están en rojo. Esto tampoco fue aprobado y deberá definirse en los próximos días.
Fuentes políticas explicaron que hoy los sectores tienen un acuerdo por el que reciben el 70% de lo que la Corte Electoral paga por votos, mientras que el Frente Amplio central se queda con el 30%. Esos porcentajes están en revisión y se pedirá una mayor contribución de parte de los grupos para afrontar la crisis.
Aún no se acordó la cifra, pero en la última reunión del Secretariado del jueves, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda propuso que el porcentaje sea inverso: es decir 30% para sectores y 70% para la coalición. Esto, no es compartido por la mayoría de los grupos que formalmente no tomaron posición y están analizando los pasos a seguir.
Los “aportes solidarios” de sectores se harían por un plazo de 18 meses, es decir hasta el año próximo y mientras el Frente termine de diseñar los mecanismos para aumentar sus ingresos y solucionar así parte de sus problemas financieros.
En tanto, se hará una negociación paralela para hacer frente al pago de deudas con sectores y a su vez cobrarles a aquellos que quedaron “debiendo”, ya que sacaron menos votos de lo esperado. Esto sucede, porque la izquierda trabaja sobre la base del pago de un “adelanto” de votos a los diferentes grupos para que hagan campaña.
Se calcula que el FA debe pagar unos $ 7 millones a un conjunto de grupos, mientras que se buscan mecanismos para cobrar la deuda que mantienen varios sectores con la coalición, que tuvieron un desempeño electoral peor al esperado. Una posibilidad es descontar a legisladores o cargos en el gobierno (34 que serán designados) en más de 50 cuotas.
El otro tema que preocupa es la dificultad que viene teniendo la coalición para hacer frente al pago de los alquileres de muchos comités de base. La idea de la izquierda es no cerrar y tratar de negociar a la baja con los propietarios el precio del alquiler. Fuentes de la coalición indicaron que a la larga se pedirá un mayor aporte a los militantes de determinadas zonas, para que el FA solo pague los alquileres (o parte de ellos) en los barrios periféricos donde hay menos ingresos y menos aportes de los adherentes. De esta forma, se buscará evitar el cierre de comités.
Crisis desató cambios en el equipo que encabeza Javier Miranda
El análisis financiero iniciado después de la derrota electoral en el balotaje ya está teniendo consecuencias políticas para el Frente Amplio.
La principal quizás sea el ofrecimiento que hizo el propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, al exsenador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) para que asuma como secretario político de la coalición.
Si bien no se trató el tema en el Secretariado ni en la Mesa Política, sondeos realizados por la presidencia del FA dan cuenta que el nombre reúne los apoyos suficientes como para impulsarlo. Se entiende que hace falta mejorar el diálogo con representantes del gobierno y Michelini tiene años de experiencia a nivel parlamentario, lo que le juega a favor.
Por otro lado, se definió que la vicepresidenta Blanca Elgart (Partido Socialista) no forme parte más de la gestión de finanzas y se sustituya a la presidenta actual, perteneciente al Movimiento de Participación Popular. Elgart sí continuaría en su rol de vicepresidenta.
Además, una vez aprobado el plan financiero para la reestructura interna -que permita balancear los ingresos y egresos- se procederá a la conformación de una comisión que se encargará de definir la fecha y condiciones de la elección que debe procesar el FA para renovar su presidencia, dijeron a El País fuentes políticas.
La idea es que Miranda siga en la conducción hasta que finalice el año, ya que no se quiere entorpecer con discusiones internas la campaña electoral para las elecciones departamentales de setiembre.
No obstante, en los últimos meses perdió buena parte del respaldo que tenía dentro del Movimiento de Participación Popular, principal sector dentro del FA.